Seguimos peleando la batalla equivocada en Educación

Hay una idea instalada en el debate educativo chileno que se ha repetido tanto que ya parece un hecho: el problema del sistema es que participan los privados.

El lucro, la selección, el copago caracterizarían la participación privada en educación transformando un derecho en un negocio. Según esta idea entonces, la solución sería ampliar el Estado y reducir el espacio de los particulares.

Efecto de verdad ilusoria. Así se le llama al fenómeno de repetir algo hasta que lo creemos, sin que la evidencia lo respalde. Y así, en buena medida, se ganó este debate en Chile.

Cuando miramos los datos, este diagnóstico no se sostiene. A fines de los ochenta, Chile apostó por un modelo mixto: financiamiento público, sostenedores estatales y privados, y libertad de las familias para elegir. Ese modelo no resolvió todo, pero logró algo importante: expandir el acceso. Miles de familias que antes no tenían opciones, pudieron elegir un proyecto educativo. La cobertura dejó de ser el gran problema en la educación.

El éxito tuvo un efecto incómodo: las familias prefirieron masivamente los colegios subvencionados por sobre los municipales. La matrícula particular subvencionada creció desde prácticamente cero en 1980 a representar más del 50% actualmente. Además, los resultados académicos han sido persistentemente mejores.

Los defensores de la educación estatal no quisieron preguntarse por qué las familias se iban. Para ellos, si se optaba por la educación subvencionada por sobre la estatal, no era porque esta última estuviera fallando; el problema era la sola existencia de la primera.

Las reformas del segundo gobierno de Bachelet avanzaron en esa dirección. El resultado fue paradójico: se volvió muy difícil la creación de nuevos colegios, mientras los ya existentes, incluso los de resultados persistentemente malos, quedaron protegidos con matrícula prácticamente asegurada.

Congelada la oferta, también se congelaron los incentivos para mejorar. Hoy, 1 de cada 4 estudiantes asiste a un colegio con desempeño medio-bajo o insuficiente: cerca de 500 mil niños. En algunas comunas de Santiago, como Lo Espejo o Conchalí, esa cifra supera el 50%.

¿Importa quién administra un colegio? Si, porque la calidad de los sostenedores incide directamente en la calidad de la educación. Pero el error ha sido reducir esa discusión a la naturaleza del administrador -estatal o privado- en vez de enfocarnos en cómo asegurar buenos sostenedores en todo el sistema.

Llevamos más de una década atrapados en ese falso dilema, en vez de crear las condiciones para que los colegios puedan hacer bien su trabajo: mejorar la oferta de calidad, liberar tiempo pedagógico y garantizar que los niños estén en clases. Esa es la batalla cultural que vale la pena dar.

Florencia Croxatto
Economista de Pivotes