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Las medidas más relevantes son aquellas que reducen tres costos críticos: el tributario, el regulatorio y el de incertidumbre jurídica.
El Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social puede leerse como una agenda destinada a recuperar la confianza interna y externa en Chile.
Su mayor aporte reside en medidas de alto impacto orientadas a mejorar la competitividad, atraer inversión, formalizar el empleo y reconstruir la reputación institucional. Sin embargo, en abstracto, estas herramientas podrían resultar insuficientes ante la magnitud del desafío.
Desde una perspectiva de competitividad internacional —bajo la lógica de índices como el de la Heritage Foundation—, las medidas más relevantes son aquellas que reducen tres costos críticos: el tributario, el regulatorio y el de incertidumbre jurídica.
En primer lugar, la rebaja gradual del impuesto de primera categoría (del 27% al 23%) y la reintegración del sistema tributario son pasos en la dirección correcta. Buscan mejorar la rentabilidad esperada del capital y situar a Chile en una posición competitiva frente a la OCDE.
No obstante, esta rebaja solo nos ubica en la “mitad de la tabla”. Si realmente queremos atraer capital de forma disruptiva, deberíamos aspirar a los niveles superiores del ranking.
Es fundamental entender que nuestros competidores directos en minería, salmón o celulosa no son siempre potencias de la OCDE, sino economías basadas en materias primas como Perú, Uruguay, Indonesia o Brasil. Los indicadores de la OCDE hoy parecen más un recuerdo nostálgico de 2010, cuando se creía que Chile alcanzaría el desarrollo, que un reflejo de nuestra realidad actual de estancamiento.
En segundo término, la invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones superiores a US$50 millones es la medida más potente. Envía un mensaje claro: Chile desea volver a ser un país confiable para proyectos de largo plazo en minería, energía e infraestructura.
La certeza jurídica es tan vital como la tasa impositiva; reduce el riesgo país y hace viable la inversión que hoy se fuga hacia jurisdicciones más estables. Esta medida enfrenta directamente la pérdida reputacional iniciada en 2014 y acelerada tras la crisis de 2019 y la gestión del actual Gobierno, que se refleja en el deterioro de nuestro rating soberano.
A esto se suma el combate a la “permisología”. La racionalización del SEIA, la reducción de plazos de invalidación y el fortalecimiento técnico del SEA son claves para disminuir la incertidumbre administrativa. Si se aplican con rigor, Chile podría volver a ser un país ágil y previsible.
El proyecto también acierta en la disciplina fiscal. La contención del gasto y el control de abusos en licencias médicas fortalecen la credibilidad macroeconómica. La deuda chilena se ha acelerado peligrosamente desde 2010, y aunque se echa de menos un modelo de control de deuda más estricto —como el alemán o el peruano- la señal de responsabilidad es valiosa.
Asimismo, el crédito tributario al empleo formal es una herramienta necesaria para combatir la informalidad y mejorar la recaudación futura.
Finalmente, la principal debilidad de Chile sigue siendo institucional y no queda resuelta. Para que la inversión fluya no basta con simplificar permisos; se requiere confiar en que las reglas no cambiarán con cada alternancia política.
Bajo el actual marco constitucional, donde las mayorías circunstanciales pueden alterar las reglas del juego, la estabilidad a largo plazo sigue siendo la gran deuda pendiente de este “proyecto país”.
