En relación con los recientes acontecimientos en el Congreso Nacional respecto al proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, manifestamos nuestra profunda preocupación por los criterios aplicados en la distribución de dicho proyecto a las comisiones legislativas correspondientes.

Según el Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, la distribución de los proyectos de ley entre las comisiones se realiza considerando la materia principal del proyecto y la competencia temática de cada comisión. En este contexto, el proyecto mencionado fue asignado a las comisiones de Salud, Constitución y Hacienda, excluyendo a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género.

La decisión de no incluir a esta última comisión se fundamentó en precedentes legislativos, como la tramitación de la Ley Nº 21.030, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, la cual fue discutida en las comisiones de Salud, Constitución y Hacienda. Sin embargo, es importante destacar que la Comisión de Mujeres y Equidad de Género fue creada posteriormente, mediante la modificación al Reglamento de la Cámara en junio de 2018, y comenzó a sesionar en marzo de 2019.

Dado que esta comisión no existía durante la tramitación de la ley anterior, no hay antecedentes históricos que impidan su participación en la discusión del actual proyecto. Además, la interrupción voluntaria del embarazo es una temática que afecta directamente a los derechos y la vida de las mujeres, por lo que su análisis desde una perspectiva de género es esencial.

Nos preocupa que la exclusión de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en la tramitación de proyectos relacionados con los derechos de las mujeres se convierta en una práctica recurrente, basada en la ausencia de antecedentes históricos, lo cual perpetúa una visión limitada y excluyente en el proceso legislativo.

Es necesario revisar y actualizar los criterios de distribución de proyectos de ley a las comisiones, incorporando una perspectiva de género que reconozca la importancia de incluir a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género en la discusión de iniciativas que afectan directamente a las mujeres. Solo así se garantizará un debate legislativo más inclusivo y representativo de las diversas realidades de nuestra sociedad y una deliberación democrático que no quede al arbitrio de acuerdos netamente políticos.

Por Daniela Ríos Rabí y Valeria Núñez Valencia
Abogadas

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