Los devastadores incendios forestales del verano de 2023 en Chile dejaron al descubierto las importantes limitaciones de nuestra institucionalidad para enfrentar amenazas de tal magnitud. Actualmente, todavía existe falta de coordinación política y de medidas concretas entre las propuestas legislativas diseñadas para abordar estas falencias críticas.
El Ejecutivo promueve la creación del Servicio Nacional Forestal (Sernafor), mediante el cual busca centralizar las capacidades de fiscalización forestal. Sin embargo, esta propuesta no logra consenso, mientras que en el Congreso los legisladores proponen una variedad de iniciativas específicas que, aunque valiosas individualmente, configuran un complejo laberinto normativo sin una visión integral.
Por ejemplo, el proyecto del Gobierno podría, en su intento por fortalecer las facultades punitivas del Estado a través del Sernafor, comprometer el equilibrio entre la protección ambiental, la regulación de los usos del suelo y el sustento de las comunidades en zonas de interfaz urbano-forestal. La coordinación con los municipios, quienes enfrentarán estos desafíos, parece haber sido omitida.
Del mismo modo, iniciativas parlamentarias como la Ley Corta de Incendios, que se centra en la mitigación de riesgos mediante cortafuegos y perímetros de seguridad locales, debe conectarse con otras propuestas legislativas complementarias, como las restricciones al cambio de uso del suelo post-incendio.
Esta fragmentación contrasta con las prácticas legislativas de otros países, donde los marcos regulatorios forestales surgen de procesos participativos y extensos con todos los actores relevantes. Sin embargo, en Chile, sigue la desconexión entre múltiples enfoques válidos, pero aislados, que dan muestra del ímpetu legislativo actual, pero que de forma separada pueden resultar en una hiperregulación.
Se hace imperativo un auténtico acuerdo forestal, un esfuerzo coordinado de política y técnica que desarrolle una visión sistémica para enfrentar esta crisis. De lo contrario, seguiremos intentando sofocar incendios reales con un cúmulo de propuestas normativas bienintencionadas pero desconectadas.
La pregunta que queda es si la clase política chilena puede lograr acuerdos vitales en post del futuro ecológico del país.
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