En el marco del desarrollo social, la generación de empleo de buena calidad es un indicador que permite evidenciar el progreso de las sociedades.

En tal sentido, el Empleo de Buena Calidad o Trabajo Decente (según la OIT), es aquél que incorpora regularidad y protección social para el trabajador, pero también de condiciones de seguridad y de dignidad. De este modo, se entiende que la precarización del trabajo es una condición que corre en dirección opuesta a lo que requiere nuestro país para avanzar por la senda del desarrollo, hacia mayores niveles de bienestar social.

Por esto, es lamentable observar en Chile un gradual aumento de empleos precarios, en especial, en actividades económicas que son mayoritariamente estacionales y de mano de obra no calificada, concentradas en los sectores silvoagropecuario, comercio y servicios personales de baja especialización.

La ocupación en este tipo de actividades presenta un alto grado de informalidad y de cuenta propia (independientes), lo que implica empleo de baja calidad, con ausencia de contratos de trabajo y, por ende, de garantías de higiene y seguridad social para el trabajador.

En este contexto, el mercado laboral está dando clara evidencia de una debilidad estructural para generar trabajo decente, con un crecimiento gradual del desempleo, en donde el aumento de la búsqueda de trabajo por las personas que estuvieron en un momento inactivas se está disparando con fuerza, en especial, por parte de las mujeres.

Es así como la fuerza de trabajo femenina aumentó en 192 mil personas en solo 12 meses. Personas que ahora necesitan urgentemente trabajar, los recursos personales y familiares fueron agotados y el creciente aumento del costo de la vida se vienen a sumar a esta crisis laboral.

Las cifras son decidoras, a nivel nacional un desempleo que alcanzó el 8,5% y que en la Región Metropolitana se ubica en torno al 10% (barrera sicológica de alerta pública), con una tasa de informalidad promedio nacional que supera el 27% y en algunas regiones pueden incluso alcanzar el 35% (Araucanía, Los Ríos y Tarapacá).

Todo esto, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno con un aumento del empleo público, cuestión que ratifica la relevancia del sector privado en la generación de puestos de trabajo. Sector muy debilitado en inversión, confianza y expectativas.

Por lo expuesto, es posible inferir que la pérdida de calidad de los empleos, hace imprescindible formular políticas socioeconómicas a nivel nacional y regional para apoyar transformaciones productivas y de mejora en la actual estructura económica del mercado del trabajo que permita, por un lado, calificar la fuerza de trabajo con las actuales tecnologías de producción y, por otro, generar señales e incentivos para aumentar la inversión privada y crear empleos que cumplan con los requisitos formulados por la OIT acerca de un “Trabajo Decente”.

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