La cárcel, como la principal herramienta para reducir la delincuencia, ha demostrado ser de una solución fallida (en Chile y en otros lugares del mundo) a un problema social. Pese a toda la evidencia que existe, nuestra sociedad y sus instituciones exigen y ejecutan respuestas punitivas para enfrentar la creciente sensación de inseguridad. Es decir, penas más altas con prisión efectiva, avanzar en la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y fijar un régimen más severo de reclusión por el avance del crimen organizado.
Es curioso además que todos los que participan de este debate parecen tener claro el diagnóstico sobre la actual situación carcelaria: aumento sostenido de la población penal (con incremento de la prisión preventiva y penas altas), sobrepoblación, hacinamiento, degradación de la infraestructura por su uso intensivo, baja dotación de personal, problemas de segmentación asociado a la escasez de infraestructura y una oferta limitada de programas de reinserción.
El resultado de todo esto se estaría traduciendo en altos niveles de violencia y un riesgo creciente de que funcionarios a cargo de la custodia se vean expuestos a la corrupción por los mercados ilegales existentes en las cárceles.
El Comité para la Prevención de la Tortura ha podido constatar en sus visitas a unidades penales, relacionado a la gestión penitenciaria, la insuficiente formación de su personal, la escasa persecución y pocos resultados de parte de la Fiscalía respecto de delitos en su interior y amplios espacios de discrecionalidad institucionales con poco o nulo control externo.
También aplicación de sanciones informales de parte de sus funcionarios, períodos prolongados de aislamiento que exceden cualquier estándar y un traslado sistemático de personas entre establecimientos alejados de su Región de origen, cuyo costo para las personas privadas de libertad es elevado, ya que al pertenecer a familias de escasos recursos no recibirán encomiendas, quedando en una posición de vulnerabilidad frente a sus pares dado que no contarán con suficientes elementos de abrigo ni alimentación.
No podrán validar su buena conducta del recinto de procedencia, no accederán a beneficios intrapenitenciarios y pasarán meses esperando en módulos de transición con escaso contacto con el mundo exterior. Esto redunda en altos niveles de conflictividad, malos tratos y una espiral de violencia interminable, que afectará a la institución y estresará a las personas a cargo de la custodia.
Hablar de gestión penitenciaria, reinserción e integración social de las personas privadas de libertad en estos días resulta complejo y no es de interés para muchos. Sin embargo, las personas que entran a la cárcel saldrán de ella, algún día, y claramente estarán en peores condiciones que cuando entraron. ¿Por qué, si existe consenso sobre este diagnóstico, no se avanza en una Reforma integral al sistema? Mientras no se cuente con los recursos suficientes, ni la voluntad para generar cambios, esto seguirá ocurriendo.
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