Por estos días se ha generado un intenso debate respecto de la capacidad de los recintos penitenciarios. Algunas propuestas apuntan a nuevas cárceles que permitan descomprimir el hacinamiento y respondan al mayor flujo, incidido fuertemente por la población imputada con medidas cautelares. Dichas medidas son soluciones transitorias que si no incorporan la prevención social y la reinserción efectiva serán absolutamente insuficientes en muy corto plazo.
Sin perjuicio del inmenso trabajo de organizaciones religiosas y sociales tanto al interior de las cárceles como en el post penitenciario, su alcance es limitado, insuficiente y muchas veces no sostenible, con equipos que dependen de una subvención o una licitación que impide acumular capacidades y experiencia de los equipos en un sistema altamente complejo.
Con todo, los niveles de reincidencia delictiva alcanzan sobre un 50% antes de los 2 años y, entendiendo que el proceso de reinserción tiene avances y retrocesos en la vida de una persona, se hace fundamental fortalecer la política pública en la prevención de factores de riesgo que emergen en el medio libre, una vez cumplida una condena.
Hace algunos años, el estudio de exclusión de Fundación San Carlos de Maipo y Paz Ciudadana ya daba cuenta del agravamiento de los niveles de exclusión y la baja efectividad y cobertura de los programas. Los factores de riesgo, como la baja escolaridad, el consumo problemático, son gravitantes en el desarrollo de trayectorias delictivas, las que evidentemente terminan en situaciones complejas que llevan a la cárcel.
Hoy las organizaciones criminales sustentan su control territorial en el involucramiento delictivo de niños y jóvenes. Hacer frente a ello requiere de familias y comunidades que cuenten con herramientas para generar espacios protectores efectivos.
La evidencia es contundente, 7 de cada 10 jóvenes que delinquen dejan de hacerlo en la medida que vuelven a un hogar prosocial o retornan al colegio o tienen un desenlace laboral formal. Y el resto, requiere de un mayor apoyo en materia de Salud Mental que hoy día no está disponible.
En consecuencia, el acento no debe estar sólo en mejorar la infraestructura carcelaria o ampliar el número de recintos, sino que sobre todo debe invertirse con decisión en prevención social para interrumpir las trayectorias delictivas de manera temprana, con una oferta sólida basada en la evidencia que logre evitarla o apoyar el desistimiento cuando han comenzado.
Necesitamos fortalecer la capacidad de retención y reingreso de los centros educacionales, generar oportunidades y fundamentalmente, contar con oferta programática que permita robustecer las habilidades parentales que redundan en un modelo familiar pro social, el que debe trabajarse desde la primera infancia.
El Estado debe apoyar decididamente la prevención temprana, perfeccionar la justicia juvenil con tribunales especializados de ejecución de penas y entregar oferta programática a los inimputables menores de 14 años para ir cerrando el flujo en su origen. Tenemos que hacerlo. Dejemos de llegar tarde.
Nuestra sección de OPINIÓN es un espacio abierto, por lo que el contenido vertido en esta columna es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de BioBioChile
