Quizás esto pueda ser interpretado como la defensa de alguna autoridad municipal, pero no lo es.
Debe ser solo mi percepción, pero leyendo el informe de la Clínica Sierra Bella, tiendo a pensar que ciertas acusaciones, justificadas en muchos casos, son más duras cuando existe una mujer investigada por los órganos del Estado.
Es que este caso me recordó la remodelación del Estadio Ester Roa en Concepción. Ahí pasaron de de un presupuesto de 13 mil, a gastar 30 mil millones sin grandes problemas, incluyendo el reconocimiento de que no existía asignación presupuestaria al momento de adjudicar la licitación, y de que hubo partidas, como las famosas butacas, cuya licitación fue anulada para luego pagar casi 6 veces más del precio de mercado. A vista y paciencia de todo el mundo.
Déjenme contar un poco más de ese caso. El informe de investigación Especial 246-2015 estableció que el IND licitó por 482 millones la provisión e instalación de casi 31 mil butacas. Luego anuló la compra argumentando que: “el monto de la oferta presentada no era conveniente y era muy superior al monto estimado por el servicio (el presupuesto autorizado era de 1.045 millones)”.
Posteriormente, y ante lo evidente, el IND alegó que: “mantener la contratación, a pesar de que la compra era menor al presupuesto disponible, habría implicado una dispersión excesiva de empresas contratistas, lo que hubiese sobrecargado las labores de control a cargo de la inspección técnica de la obra incumpliéndose de ese modo el referido principio de eficiencia y eficacia”. Les aclaro que no estoy bromeando ni ironizando (El texto completo lo pueden leer en la página 36 del informe).
El Municipio de Concepción, con la venia del alcalde Ortiz y parte del Concejo, entregó dicha partida a CVV en la suma de 3.128 millones de pesos alegando que esto era otra cosa; una compra de otro tipo. Y la historia siguió después con acusaciones de incumplimiento de calidad, retenciones de boletas de garantía, etc.
La Contraloria emitió un sesudo y extenso informe en el que, habiendo constatado el pago de un sobreprecio de casi 6 veces, determinó que incluiría esto en un proceso disciplinario toda vez que lo obrado “no se ajusta a los principios de eficiencia y eficacia consagrados en la ley 18.575 que disponen el control y resguardo del patrimonio público” y recomendó, sana y didácticamente, que “en lo sucesivo (los involucrados, me imagino), deberán evitar la reiteración de lo observado, lo que será verificado en las futuras fiscalizaciones”. ¿Qué tal?
Vía twitter Contraloria informó que, en el caso Sierra Bella, no se justifica el alto precio para la adquisición de la clínica debido a que no se resguardarían los recursos públicos. Parece que el 2015 no existían Contralorito ni twitter, aunque ambos informes tienen el sello del mismo Contralor.
Otro informe donde percibo algo similar es el del caso Maipú. El alcalde Vodanovic llegó informando haber recibido un Municipio con 43.000 millones de déficit. Prometió auditorias varias, que nunca concretó, salvo la realizada por la Contraloria General de la República que en su informe 178-2022 estableció un déficit en base a efectivo modificado de 3.753 millones al 30 de junio del 2021. Extrañamente se destacó, con bombos y platillos, que habia una diferencia de 31.643 millones entre los ingresos devengados y los percibidos, asunto de casi ninguna relevancia para estos efectos y que con la nueva administración siguió subiendo a 34.000 millones el 2021 y 36.000 el 2022. Reconozco que ahora el municipio está financieramente mejor, pero no tengo conocimiento de nuevas auditorias tendientes a saber porque este asunto de los ingresos está peor que antes, a pesar del escándalo que ese dato generó y de la recomendación de Contraloría de que esto no debería ocurrir en lo sucesivo.
Conviene también recordar el caso de Estación Central mientras era alcalde Rodrigo Delgado, quien posteriormente fue Vice-Presidente y ahora flamante candidato a redactar la Constitución. El informe 46-2018 ratificó un déficit de 4.391 millones el 2016 y algo superior a los 4.396 millones el 2017 debido a que “los compromisos excedieron los ingresos percibidos” incluyendo el descubrimiento que más de 2000 millones pesos de facturas no reconocidas contablemente y que por aquello se realizaría un “procedimiento disciplinario”. Quizás hubo, y yo no me enteré, incautaciones de computadores y otros aparatos. Puede ser.
Inolvidable la historia esa en que el alcalde de Recoleta Daniel Jadue entregó más de 230 millones a Achifarp (presidida por Daniel Jadue) para la compra de Interferon y así salvar al mundo del Covid-19. El informe de Contraloria 909-2021, entre todas las irregularidades encontradas, que dan para escribir un libro de lo que no se debe hacer, establece que el saldo de mas de 200 millones no se encuentra en las cuentas corrientes de Achifarp. Están perdidos. Si bien en ese caso se enviaron los antecedentes a la fiscalía y el CDE, además del consabido proceso sumarial, poco y nada dice de que el “encargado” no resguardó los recursos publicos o que su actuación pudo generar un daño patrimonial.
Olvidé a Torrealba, pero los aburriría con tantos casos similares y que ratifican esta hipótesis de que los actos son más “ventilados” cuando hay una afectada, incluyendo el despliegue en los matinales donde son más “escarbados” y rentabilizados.
No confundamos el show inicial, ese del resguardo de los recursos públicos y el daño patrimonial, con los resultados finales que se obtienen de todo esto, ya que sabemos que sin importar el género, nada ocurre. Pero en lo otro, sostengo mis justificadas dudas.
