El domingo 9 de octubre de 2022 el diario El Mercurio publicó la nota “Conexión de Rutas 68 y 78: observaciones de comunidades obligan a extender el plazo para la evaluación ambiental”, referido al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto que extenderá la concesión de la autopista Costanera Norte hasta la también concesionada Ruta 78. Los lectores tienen que saber que su gerente general es Diego Savino y que sus accionistas son Autostrade dell’Atlantico S.r.L e Inversiones CPPIB Chile Limitada, cuyas sociedades controladoras son Atlantia SpA y CPP Investment Board, respectivamente.
La noticia menciona que la sociedad concesionaria pidió presentar el 30 de enero de 2023 las respuestas a las observaciones ciudadanas recibidas, un considerable plazo adicional, pero nada dice sobre las falencias de este EIA. Perfectamente, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pudo haber declarado el término anticipado de la evaluación por la manifiesta falta de antecedentes y errores cometidos en los análisis respectivos.
Ya nos referimos a este proyecto en una columna anterior cuando el mismo periódico se refería a las observaciones de los municipios de Pudahuel y Maipú y de los servicios públicos, ver link.
Tampoco aclara la nota periodística que el SEA demoró más de dos meses en entregar a la sociedad concesionaria el consolidado de las observaciones ciudadanas. El plazo para presentar esas observaciones venció el 2 de junio de 2022 y ese servicio ambiental entregó el consolidado recién el 16 de agosto de 2022. La avispada sociedad concesionaria utilizó esa demora como uno de los argumentos para solicitar una ampliación del plazo para responder.
La nota periodística incluye la opinión de Louis de Grange, expresidente de Metro de Santiago en el gobierno de Piñera, quien da a entender que Santiago requiere más autopistas y que, en algunas evaluaciones ambientales, se incluyen exigencias que no tienen justificación y que solo retrasan las inversiones necesarias para nuestro desarrollo, con el cual se mejora la calidad de vida de cientos de miles de personas.
Por sus dichos, lo invitamos a revisar con detenimiento el EIA y los consolidados de observaciones y exigencias de los servicios públicos y de la ciudadanía y a que nos informe cuáles de ellas no se justificarían en este caso particular. Se sorprenderá De Grange por la baja calidad de ese EIA y sus manifiestos errores. Actualmente, él ejerce el cargo de director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la privada Universidad Diego Portales y por ello, tiene una enorme responsabilidad ante la sociedad. Por lo mismo, hubiéramos preferido que antes de emitir una opinión sobre este asunto puntual se informara adecuadamente o si eso no era posible, por el apuro que siempre tienen los periodistas, guardara un prudente silencio.
También corresponde aclarar a dicho experto que el proyecto de concesión no favorece significativamente la circulación de carga originada en los puertos de la región de Valparaíso, como él declara, porque no incluye la construcción del ramal sur oriente del enlace de Vespucio Norte y Costanera Norte, lo que impedirá a los camiones que usen la Ruta 78, provenientes del puerto de San Antonio, utilizar la nueva vía concesionada para continuar, vía Costanera Norte y Vespucio Norte, hacia los amplios sectores industriales de Renca, Quilicura, Lampa y Colina. Lo que ahora tampoco es posible para camiones provenientes del puerto de Valparaíso que usan la Ruta 68.
Por otra parte, el valor del peaje podría desincentivar el uso de la nueva vía para vehículos de carga en comparación con la ruta existente por Vespucio Norte. En la actualidad, el peaje que pagan los camiones en Vespucio Norte, entre la Ruta 78 y Ruta 68 (5,7 km), en ciertos horarios es equivalente al que se paga en Costanera Norte entre la Ruta 68 y Vespucio Norte (4,0 km). Las tarifas de la nueva concesión en los tres puntos de cobro autorizados por el MOP están definidas en el decreto de adjudicación (DTO Nº 33/2018) en pesos del 31 de diciembre de 2016 y al inicio de la operación los valores reajustados por el IPC acumulado y a los camiones se les cobrará el equivalente a 3 veces esos valores.
Según los valores de 2016, la tarifa base autorizada por el MOP es cercana a los $60 por kilómetro, que a valores actuales sería $80 por kilómetro y que coincide aproximadamente con la tarifa base de la autopista Costanera Norte. Todos sabemos que Costanera Norte es actualmente la concesión con la tarifa más alta por kilómetro y su extensión será igual de costosa. Los conductores de camiones y las empresas de transporte tendrán que sacar cuentas para ver si les convendrá utilizar la nueva vía. Lo que sí es claro es que no se puede asegurar tajantemente que mejorará el transporte de carga en Santiago como declaró De Grange.
Vale mencionar que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en las bases de licitación de la nueva autopista declara lo siguiente sobre el proyecto: “Asimismo, proporcionará una vía expedita desde y hacia los principales puertos del país, generándose una conexión estratégica que permitirá conectar periféricamente las dos vías de mayor importancia en la accesibilidad a Valparaíso y San Antonio”.
Sin embargo, en el EIA la sociedad concesionaria declaró como objetivo del proyecto: “El Proyecto tiene como objetivo entregar a la ciudad de Santiago infraestructura vial que permita mejorar la conectividad desde y hacia las comunas de Pudahuel y Maipú, las cuales en la actualidad han presentado un sostenido crecimiento residencial y desarrollo industrial, saturando y congestionando la actual red vial, aumentando los tiempos de traslado y con ello deteriorando la calidad de vida de sus habitantes. Con la materialización del Proyecto Conexión Vial Ruta 78–Ruta 68 (CV 7868) se generan interconectividades, mediante una conexión directa con (3) tres autopistas concesionadas actualmente en operación (Costanera Norte, Ruta 68 y Autopista del Sol o Ruta 78), entregando de esta forma a las comunas en las cuales se desarrolla el Proyecto y sus habitantes, una alternativa de traslado al centro y oriente de la capital, como así también a las principales zonas costeras y puertos de la Zona Central de Chile, como son el Puerto de Valparaíso y Puerto de San Antonio”.
En síntesis, y por lo argumentado, el proyecto presentado al SEIA genera principalmente una conexión vial entre el oriente y el surponiente de Santiago y que en algún grado será utilizada por el transporte de carga, que era el objetivo original de la concesión. En el surponiente esa función está en contradicción con la inversión del Estado destinada a la construcción del nuevo servicio ferroviario Melipilla-Santiago. Es otro ejemplo de cómo los organismos del Estado tienen sus propias agendas y sus únicos objetivos parece ser cumplirlas sin importar si eso afecta las iniciativas de otros organismos públicos. Ya es la hora de que el gobierno ordene la casa en este ámbito de materia y en tal sentido, los ministros Muñoz y García deberían sentarse a conversar amigablemente para que se eviten en el futuro este tipo de desaguisados.
Casi como una simpática anécdota, podemos señalar que en el año 2018 el único proponente de la licitación de esta nueva concesión fue el Grupo Costanera SpA y que el actor inmobiliario que sí se beneficiará con esta nueva obra vial es ENEA, cuyo gerente general es Bernardo Küpfer, influyente empresa muy conocida en la municipalidad de Pudahuel y que anteriormente fue favorecida por la construcción de la autopista Costanera Norte en el trazado que correspondía a la vía Costanera Sur del río Mapocho del PRMS, dejando sus extensos terrenos servidos por tres autopistas, las que próximamente serán cuatro. Recordemos que el precio de mercado de los terrenos se establece por sus localizaciones, usos de suelo y por sus accesos a vías públicas.
Finalmente, dejamos en claro que conocemos a Savino, De Grange y Küpfer, aludidos en este recuento informativo, por quienes tenemos una muy buena opinión como personas naturales, razón por la cual ellos entenderán que este sucinto análisis tiene como único propósito transparentar el proyecto que hemos aludido para que la ciudadanía interesada conozca sus implicancias.
Aprovechamos la ocasión para preguntarle a Paulina Vodanovic, distinguida presidenta del PS, si su partido político de izquierda democrática, continúa siendo accionista de algunas concesionadas autopistas urbanas e interurbanas que brindan sus servicios en nuestro país.
