Me llama mucho la atención que el Ministerio de Educación anuncie que destinará 10.000 millones de pesos (cerca de 12 millones de dólares) para la reparación de establecimientos educacionales, tratando con ello de contener las crecientes protestas en los establecimientos afectados por una mala infraestructura.
Este es uno de los ministerios mejor dotados en términos de recursos. Tiene financiamiento para el mejoramiento de la Calidad de la Educación, para el desarrollo profesional docente y directivo, además de fondos especiales para los llamados recursos educativos. Y esto sin considerar los millonarios fondos entregados en subvenciones (casi 9000 millones de dólares) entre los que se cuentan los de escolaridad, de internado, de ruralidad, pro-retención, de desempeño de excelencia, reconocimiento profesional, apoyo al mantenimiento y otros.
Hay dos fondos que fueron creados por la ley 20.248, conocida como ley SEP: La subvención escolar preferencial y la subvención por concentración. Entre ambos contemplan una cifra superior al billón de pesos para el 2022, algo así como 1.300 millones de dólares. Esta ley permite focalizar el esfuerzo monetario en aquellos colegios que tienen una mayor concentración de alumnos vulnerables. Una excelente idea, que rindió frutos desde un comienzo, dotando de elementos tecnológicos y docentes que principalmente permitían nivelar la cancha.
Yo creo que ya la mayoría conoce la historia. Al poco andar, a muchos sostenedores – alcaldes principalmente- se les ocurrió utilizar los recursos en cosas ajenas a lo que determinaba la ley, asunto que en la jerga legal se conoce como malversación de fondos. Ante el riesgo de una acusación masiva, el parlamento, raudamente, dictó una norma ampliando el porcentaje de estos fondos que podían usarse en otra cosa. Santo remedio.
Un trabajo realizado hace un tiempo demostró que la mayoría de los municipios no ocupaban todo el dinero que se les entregaba de la ley SEP. En una muestra de 60 municipios se encontró que a fines del año 2019 a la gran mayoría le sobraba dinero, llegando el saldo en cuenta corriente a un promedio del 30% del dinero repartido ese año, sin que se haya generado la devolución correspondiente, de acuerdo con la superintendencia del ramo.
Solo Antofagasta declaró tener $5.485 millones de saldo al 31 de diciembre del 2018 y $5.132 millones al término del 2019. Ante la razonable duda, se solicitaron las copias de las cartolas bancarias y los datos eran efectivos. La Serena declaró tener $3.848 millones en diciembre del 2019 a pesar de que la simple operación de saldo inicial más lo percibido y menos lo pagado indicaba cerca de 1.000 millones menos. Talcahuano declaró tener cerca de un millón de pesos en virtud que debería haber de saldo $2.187 millones.
Solo en esa muestra existían 29.000 millones de sobra, y con seguridad sumando los 345 municipios el saldo podría superar, largamente, los 100 mil millones de pesos. Y ahora el gran anuncio fue entregar 10 mil millones. Un chiste para la gran cantidad de millones que danzan en las cuentas corrientes de ese ministerio y de los ineficientes sostenedores.
El tema de la educación hay que tomárselo en serio. Y eso implica control de los recursos existentes; fiscalización de su uso correcto y por cierto, condiciones mínimas para que las alumnas y alumnos sientan realmente ganas de ir a esos establecimientos. Dinero hay.
