Iquique, después de los anuncios del Ministerio del Interior espera mayor control fronterizo, y que el próximo Gobierno logre manejar mejor la situación que ha afectado fuertemente la economía regional, que ha incrementado la desconfianza entre los ciudadanos, y ha provocado una molestia contra el Estado, lo que podría canalizarse prontamente en otro estallido local, si es que no se administra de mejor manera el fenómeno migratorio que seguramente continuará por los próximos dos años.
A una semana que la ciudad portuaria, comercial y turística de Iquique se paralizara por completo para pedir mayor seguridad y más control en la frontera, no solo se han volcado las policías a trabajar en llamativos operativos, algunos muy televisivos pero efectivos, sino que también el municipio y otras autoridades en la zona se activaron, como no ocurría en meses.
Aparecieron soluciones que toda la ciudadanía pedía, tanto en redes sociales como a través de las declaraciones que hacían a la prensa y en radios locales, donde la discusión pública se ha mantenido candente.
La palabra Iquique fue tendencia en Twitter, por casi dos semanas estuvimos en el foco nacional nuevamente, después que a comienzos de año un megaincendio destruyera cerca de 400 viviendas en un campamento y toma irregular en el sector de Laguna Verde.
Alcaldes y el gobernador de la región se lucieron en entrevistas televisivas, reportajes en los diarios y decenas de conversaciones radiales, todos muy acertados por el diagnóstico actual de la zona y un discurso casi transversal sin matices; crisis migratoria y aumento de la inseguridad debido justamente al descontrol fronterizo y al mal manejo del fenómeno migratorio tras el abandono que se ha percibido por más de un año, tanto del nivel central como particularmente regional, y donde la figura del Delegado Presidencial ha sido notoriamente decorativa, sin poder resolutivo y prácticamente inexistente.
Si hubiera que dibujarlo, sería tapándose la cara y lamentando hechos que marcaron la región por un año, como el incremento de hechos violentos y un homicidio cada 48 horas.
El bloqueo de la capital regional de Tarapacá liderado por la Federación del Transporte se hizo sentir.
Decenas de camiones taponearon los principales accesos de entrada y salida, en un movimiento que se había anunció con tiempo, y así entonces muchos se prepararon; las mineras adelantaron subidas y bajadas de turnos hacia faenas en la cordillera y el borde costero (donde además se construye el proyecto minero más grande del mundo), otros en tanto adelantaron vacaciones.
Muchos gremios y agrupaciones se fueron plegando poco a poco, los canales de televisión enviaron equipos periodísticos que ahondaron en la problemática y permitieron dar amplia cobertura, a quizás una de las ultimas grandes crisis de este Gobierno, la que no supo manejar, y en la que no pudo nunca tener control, que hasta en la aprobación del reglamento de la nueva Ley Migratoria fracasó.
La zona franca de Iquique, principal motor comercial de la región y de la conexión con Bolivia, tuvo que sumarse a última hora, luego de la lluvia de críticas de usuarios y transportistas.
La ZOFRI es un símbolo de la ciudad, empresa híbrida (estatal-privada) aporta anualmente parte de sus utilidades a los municipios de Tarapacá y de Arica y Parinacota.
Su área industrial y mayorista realizó ventas por más de 4.000 millones de dólares el año 2021, por lo que las ventas de un día de apertura son aproximadamente 13 millones de dólares, en este caso fue esa la pérdida y Mall Zofri cerca de 1 millón de la moneda norteamericana. No era fácil la situación para la ciudad.
Pero la pérdida para Iquique y la región de Tarapacá es mayor, un golpe duro, y una paliza que se fue dando por meses.
Todo el daño propiciado desde el Gobierno, tal como lo dijeron muchas autoridades acá, convirtiendo al extremo norte en zona de sacrificio, en particular las comunas de Iquique y Colchane; la primera siendo capital regional perdió por tercer año consecutivo una temporada veraniega, cancelaciones de viajes y paquetes turísticos completos.
Hoteles convertidos en residencias sanitarias principalmente con migrantes que cumplen cuarentenas obligadas, restoranes funcionando en permanente restricción de aforos, discoteques cerradas y ningún evento masivo o similar debido a que el fenómeno migratorio se mezcló con la pandemia y hemos visto cada ola de contagios en primera fila y otra vez en pleno verano, un daño de imagen ciudad irreparable, al menos no a corto plazo.
El daño de infraestructura pública, colegios convertidos en residencias sanitarias y albergues para migrantes, plazas y parques completamente destruidos. La comuna de Colchane cuenta por cientos las perdidas en sus viviendas fiscales e instalaciones como consultorio, posta, colegio, plazas y otros.
El tratamiento político y administrativo del fenómeno migratorio ha sido un fracaso. Sin conducción desde la Delegación Presidencial, con gastos millonarios en buses para traslados y albergues de migrantes, pero sin el efecto positivo, dejando al azar a personas que necesitaban ayuda y refugio, en particular luego que cumplían las cuarentenas obligadas, literalmente a la calle o donde fuera, sin una orden o instrucción que llegaran hasta los espacios públicos, con la necesidad de comer y ocupar baños.
Fuimos testigos, como muchas calles, y plazas tuvieron por meses a decenas de personas viviendo como fuera, y ninguna autoridad local o institución les instaló un baño público, con el consiguiente resultado que usted y yo imaginamos.
Se fue generando por parte de los vecinos, un descontento y una bronca con la situación. Si a comienzos del fenómeno, había cientos de iquiqueños colaborando y entregando ayuda en las calles y playas a estos venezolanos desplazados, ahora en las últimas semanas eran muy pocos los disponibles.
Se fue generando molestia, hastío del “no hacer poco y nada” de parte de las autoridades, FFAA y policías, que solo vinieron reaccionar en los momentos de movilización ciudadana.
Iquique es ciudad de migrantes. Durante décadas se ha convivido sin mayores problemas con peruanos, bolivianos, paraguayos, colombianos, y otros tantos.
La zona franca ha obligado la instalación de colonias hindúes, chinos y pakistaníes, pero la migración venezolana es particular y especial, muy distinta según sociólogos y estudiosos del tema.
No solo arrastra un gran drama humanitario de miles y millones de personas buscando refugio, avanzando por Sudamérica, sino también el aprovechamiento de organizaciones criminales operando en la extensa frontera vulnerable que tenemos, porosa y sin resguardo, lugar que ha servido todo este tiempo según ha infirmado la fiscalía en Tarapacá, para la trata y tráfico de migrantes, ingresar y trasladar armamentos, liderar delitos de secuestros y sicariatos que jamás se habían visto en la Macrozona Norte.
