En abril del año 2020 se publicó la actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) de Chile, es decir, los compromisos de reducción de emisiones de nuestro país para lograr la meta global de no superar los 1,5°C de calentamiento del planeta. En materia forestal se duplicó la ambición respecto de las metas del 2015, pasando desde un compromiso de forestación de 100.000 a uno de 200.000 hectáreas al 2030. En el caso del manejo del bosque nativo, también se duplicó la meta inicial de 100.000 a 200.000 hectáreas manejadas.
Los compromisos forestales de la NDC son los únicos que se presentan separados del resto de las actividades que persiguen una reducción de emisiones. Esto no es extraño, el sector forestal captura el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, siendo la única actividad con balance positivo del país (más capturas que emisiones). Tanto para los compromisos de las NDC al 2030, como para la meta de carbono neutralidad al 2050, el potencial de captura de la actividad forestal juega un rol clave. Con adecuadas políticas de incentivos puede aumentar su aporte a la reducción de las emisiones del país, acortando el margen que se debe compensar para lograr la carbono neutralidad (más atrás en términos de impacto se encuentra el retiro del carbón como fuente de generación eléctrica y el impulso a la electromovilidad).
Hasta ahí todo parece claro y prometedor.
Sin embargo, la realidad que enfrenta hoy la actividad forestal no permite ser optimistas respecto del cumplimiento de los compromisos antes mencionados. En materia de forestación pasamos de plantar 20.000 hectáreas anuales el 2010 a menos de 1.000 hectáreas el año 2020. En sólo una década se desmanteló la capacidad del sector para llevar adelante una política de protección de suelos desnudos a través de plantaciones forestales. De hecho, los programas de recuperación de bosques quemados de pequeños propietarios a raíz de los incendios de 2017, y que son implementados por CONAF, no superan las 3.000 hectáreas anuales. Plantar por sobre 20.000 hectáreas anuales de aquí al 2030 es un compromiso simplemente imposible de cumplir en las actuales circunstancias.
Respecto del manejo de bosque nativo, las proyecciones son igualmente pesimistas. En todo el período de vigencia de las bonificaciones al manejo del bosque nativo (2009-2020) se ha logrado manejar una superficie de 40.000 hectáreas a un promedio anual de aproximadamente 4.000 hectáreas. Esto hace muy improbable cumplir la meta de manejar 200.000 hectáreas al 2030.
Esta situación de incumplimiento casi garantizado coloca al sector forestal en una situación incómoda, sin embargo, los responsables de haber comprometido lo que no se puede cumplir hay que buscarlos en otra parte. Probablemente entre los responsables de negociar y que asisten a las conferencias climáticas y a los funcionarios que llenan páginas y más páginas de reportes, cada uno más ambicioso que el anterior, como si bastara anotar el compromiso en un papel para que se concrete. Ser más ambiciosos no es garantía de cumplimiento de los compromisos.
Las autoridades a cargo del país en la última década han tenido una mirada extremadamente miope del sector forestal y su potencial para constituirse en la nave insignia de la carbono- neutralidad de nuestro país. El incremento de la ambición de las NDC no ha sido acompañado de la implementación de una política forestal decidida a incrementar las capacidades para establecer una cubierta forestal en suelos desnudos, ya sea con fines comerciales o como cobertura vegetal permanente. De la misma manera, las políticas de incentivos al manejo del bosque nativo muestran resultados decepcionantes que ya eran claros hace unos cinco o seis años. Las urgentes modificaciones que requiere el instrumento de fomento se han aplazado una y otra vez, convirtiendo al bosque nativo en un recurso subutilizado y vulnerable a la degradación por su mal uso.
La proporción de las emisiones nacionales de CO2eq que el sector forestal captura está a la par e incluso es superior a la de muchos países europeos con marcada vocación forestal, por lo mismo, es tremendamente frustrante ver que no existen políticas claras para incrementar su aporte al balance nacional de emisiones, beneficiando al mismo tiempo a miles de pequeños y medianos propietarios que poseen terrenos desnudos sin uso alternativo al forestal y que esperan un apoyo del Estado para establecer cultivos forestales. No es difícil suponer que esta postura de los diferentes gobiernos se debe a la incapacidad de enfrentar posiciones ideológicamente contrarias a la actividad forestal de ciertos grupos que critican y buscan entorpecer cualquier iniciativa que incluya el establecimiento de plantaciones con especies introducidas, intentando convencer a los tomadores de decisión que la restauración del bosque nativo es la mejor y la “única” estrategia forestal para aumentar las capturas. La indecisión de las autoridades solo lleva al incumplimiento de las metas, afectando la credibilidad del país. El año 2030 está a la vuelta y la actividad forestal no puede hacerse cargo, sin el debido apoyo del Estado, de las afiebradas cifras que han sido comprometidas por los negociadores chilenos para cumplir con el Acuerdo de París.
