Los debates presidenciales de los pactos Chile Vamos y Apruebo Dignidad evidencian cómo parte de la élite política ha mutado sus ideas y discursos con el fin de adecuarse a la nueva realidad social del país. El debate entre Daniel Jadue y Gabriel Boric tuvo un alto contenido programático, con importantes propuestas de reformas estructurales. Por el contrario, el debate de Chile Vamos fue de baja densidad ideológica, con candidatos buscando desmarcarse del gobierno y de la derecha misma. Incluso se discutió aumentar la carga impositiva y otros tópicos tradicionalmente ajenos a la derecha y asociados a políticas progresistas. Queda en evidencia que la derecha no solo ha perdido importantes cuotas de representación tras su desastroso desempeño en las elecciones de convencionales y gobernadores. También ha perdido la batalla cultural. El consenso neoliberal, que ya se venía resquebrajando con las movilizaciones de 2011 y el gobierno de la Nueva Mayoría, ha terminado por naufragar.
No cabe duda de que el estallido social de octubre de 2019 es la causa de esta transformación. Las demandas por justicia social, inclusión y contra la desigualdad han calado hondo en la sociedad chilena, y la élite política intenta conectar con ese malestar. Mientras en la derecha los candidatos intentan camuflar su domicilio político (el “socialdemócrata” Lavín, Sichel declarándose de “centro liberal”), la izquierda ha vuelto a imaginar un futuro transformador. En el nuevo panorama político chileno, la derecha juega a la defensiva mientras que la izquierda pasa a la ofensiva. El contexto era radicalmente distinto hace treinta años atrás, en los primeros años de la restaurada democracia. Entonces la derecha, con la protección de los enclaves autoritarios, era el sector que colocaba los límites de la discusión pública, mientras la centroizquierda gobernaba dentro del estricto marco legal y constitucional heredado de la dictadura.
Los próximos gobiernos no solo tendrán un marco constitucional distinto, sino también lógicas políticas y económicas diferentes que las que predominaron en los últimos treinta años. Eso implica un cambio en el consenso sobre el modelo de desarrollo, y también en la relación entre Estado, mercado y sociedad civil. Estos consensos tácitos han sido recurrentes en la historia de Chile. En la década de 1930 se optó por un modelo de estado empresario y de sustitución de importaciones, que siguieron con matices gobiernos de todos los sectores políticos. Tras la dictadura, los rígidos márgenes institucionales heredados de la Constitución de 1980 y un cambio en el contexto internacional generaron un consenso neoliberal que siguieron, también con matices, gobiernos de centroizquierda y derecha.
El debate constitucional es una buena oportunidad para consensuar un nuevo modelo de bienestar y desarrollo para las próximas décadas. Pareciera existir un acuerdo, en la derecha y la izquierda, en expandir los derechos sociales y en aumentar la carga impositiva. Estas políticas acercarían a Chile a un régimen de bienestar socialdemócrata. Este modelo, aplicado sobre todo en Europa en la época de la posguerra, descansaba en dos pilares fundamentales: el estado de bienestar, en donde derechos sociales como educación, salud, vivienda y pensiones eran garantizados por el Estado, y un sistema tributario progresivo que gravaba a las grandes fortunas.
Desde la izquierda, ambos programas de los candidatos de Apruebo Dignidad promueven reformas al régimen tributario y la promoción de derechos sociales universales, aunque el programa de Jadue también tiene otras propuestas, como revisar la autonomía del Banco Central y una nueva ley de medios, que lo acercan más a las izquierdas latinoamericanas de la última década. En el caso de Boric, su programa incluye una propuesta de cogestión o codeterminación de las empresas, es decir, la participación de los trabajadores en los directorios de las grandes corporaciones. Esta atractiva idea, que promueve la democratización del espacio laboral, está lejos de ser utópica: es una realidad en muchos países europeos desde hace varias décadas.
En la derecha, tanto Joaquín Lavín, principal candidato de Chile Vamos, como Juan Sutil, líder de la CPC, han hablado de socialdemocracia. Por cierto, es sospechoso que personas con un historial ligado a la derecha y al mundo empresarial rescaten una ideología que en Europa ha estado asociada a la izquierda y al movimiento obrero. Es posible que se trate solo de un truco comunicacional. No obstante, el hecho que rescaten la socialdemocracia revela que se ha marchitado el consenso neoliberal incluso entre sus más destacados defensores. Asimismo, manifiesta cuánto están dispuestos a ceder en sus posiciones para impedir una salida política que los perjudique aún más. La repentina apertura de la derecha política y económica a discutir aspectos importantes del modelo puede ser interpretado como una estrategia para disminuir las posibilidades de los candidatos presidenciales de izquierda, en especial de Daniel Jadue.
Paradójicamente, el resurgimiento de la socialdemocracia en Chile se da en un periodo de fragilidad y desorganización del espacio político de centroizquierda. Por alguna razón inentendible, la izquierda chilena siempre ha rehuido del concepto de socialdemocracia, tal vez porque suena muy “amarillo” y poco revolucionario. Es cierto que en los últimos treinta años, quizá con la excepción del segundo gobierno de Bachelet, la centroizquierda no ha tenido una visión socialdemócrata clásica. Los veinte años de la Concertación se caracterizaron principalmente por la focalización de la ayuda social en el combate a la pobreza, lo que no corresponde a un proyecto de derechos sociales universales. Es verdad que los enclaves autoritarios heredados de la dictadura, además del contexto internacional proclive al neoliberalismo, hacían muy difícil que la Concertación avanzara en esa línea. Pero eso puede que no sirva de excusa: la impugnación a los “treinta años” es tan fuerte que impide a muchas personas ponderar adecuadamente ese periodo histórico reciente. No obstante, si quiere tener futuro, la centroizquierda debe imaginar nuevamente un horizonte socialdemócrata de derechos sociales, tomando como referencia el diagnóstico y las ideas del programa de gobierno de Bachelet en 2013.
¿Estaremos al inicio de un consenso socialdemócrata? Es probable que así ocurra. Incluso hay grandes posibilidades que incluso la nueva Constitución consagre ese modelo, a través de la constitucionalización de los derechos sociales. La socialdemocracia permitió conciliar crecimiento económico, paz social y redistribución de la riqueza. Tal como demuestra Thomas Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI (2013) la desigualdad cayó a nivel mundial en la época de la posguerra, años en que las políticas económicas keynesianas y la expansión de derechos sociales fueron la norma. Por el contrario, la desigualdad ha ido al alza a partir de la década de 1980, a la par con el desmantelamiento del estado de bienestar. Luego, si queremos reducir la desigualdad, pero al mismo tiempo retomar el crecimiento económico, es fundamental consensuar un modelo de bienestar y desarrollo que asegure derechos sociales universales, de estabilidad al país y reformule las relaciones entre Estado, mercado y sociedad civil.
