Opinión
Viernes 25 mayo de 2018 | Publicado a las 10:00
Compromiso por los derechos humanos, justicia y reparación: del discurso a los hechos
Publicado por: Tu Voz
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En el contexto de las elecciones en Venezuela, el Presidente Sebasti√°n Pi√Īera ha salido a cuestionar la legitimidad pol√≠tica del gobierno venezolano, centrando una cr√≠tica a la falta de compromiso con la democracia y los derechos humanos. Estas declaraciones se suman a las acciones que el gobierno y parte de su sector han realizado en las √ļltimas semanas para intentar superar la asociaci√≥n que tiene su sector pol√≠tico con la dictadura, especialmente de las violaciones a los derechos humanos que en ese contexto acaecieron. La petici√≥n de renuncia al director del Museo Hist√≥rico Nacional, Pablo Andrade, por la referencia a Pinochet en la exposici√≥n ‚ÄúHijos de la libertad‚ÄĚ, realizada por la Ministra de Cultura Alejandra P√©rez y el desmarque de las afrentas proferidas por el diputado Urrutia el jueves 19 de abril intentan perfilar un discurso que blinde al gobierno de la relativizaci√≥n de las violaciones a los derechos humanos que ha caracterizado a parte de su sector pol√≠tico.

Sin embargo, nos parece muy necesario pasar de los discursos a la acci√≥n concreta en la promoci√≥n de los derechos humanos en Chile. Un √°mbito prioritario para ello est√° en la conversaci√≥n que Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos, est√° desarrollando con los ex prisioneros pol√≠ticos. Es que, la deuda e incumplimiento que arrastra el Estado de Chile en materia de verdad, justicia y reparaci√≥n para con los sobrevivientes ha vuelto a la palestra luego del retiro por parte de la administraci√≥n de Sebasti√°n Pi√Īera del proyecto de ley que, habiendo sido aprobado por la comisi√≥n de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la C√°mara de Diputados, les entregaba un aporte √ļnico reparatorio de tres millones de pesos (en cuotas). Cabe se√Īalar que el retiro del proyecto le ha valido una interpelaci√≥n al actual Ministro de Justicia, Hern√°n Larra√≠n.

Por otra parte, y tambi√©n producto de una acci√≥n del √ļltimo d√≠a de la administraci√≥n bacheletista, est√° en curso una denuncia por todos los casos de prisi√≥n pol√≠tica y tortura calificados por las comisiones Valech 1 y 2 (aproximadamente 40.000), sustanciada por el Ministro en Visita Mario Carroza, quien ofici√≥ al INDH solicitando los antecedentes de quienes sufrieron esos cr√≠menes de lesa humanidad.

Es decir, el panorama de los sobrevivientes y sus familiares, que la Nueva Mayor√≠a intent√≥ modificar con improvisaciones de √ļltimo minuto, se desajusta todav√≠a m√°s de los est√°ndares internacionales que debiesen guiar la acci√≥n estatal. Es que, si bien la gran mayor√≠a de los actores pol√≠ticos condenan formalmente las violaciones a los Derechos Humanos perpetradas en dictadura, esto no ha tenido un correlato pol√≠tico, toda vez que el compromiso adquirido por el Estado para investigar, enjuiciar, castigar y reparar dichos casos se encuentra lejos de cumplirse.

Urge propiciar, por una parte, que el Estado se haga cargo de la necesaria justicia y reparaci√≥n, y en esto la voz de las agrupaciones de ex prisioneros pol√≠ticos y sus familiares deben ser o√≠das y puestas al centro de dicho proceso. En espec√≠fico, la denuncia ya comentada busca avanzar en justicia, pero sin hacerse cargo de las implicancias concretas que dicho proceso requiere, pues la inclemencia del tiempo hace que estos sean los √ļltimos a√Īos en que los resultados de estas materias puedan ser vividos por quienes se vieron directamente implicados.

En primer lugar, urge abordar las capacidades materiales que tiene el Estado para investigar de forma seria y efectiva estas causas; es fundamental el fortalecimiento del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tanto en la expansi√≥n de sus atribuciones, para que pueda apoyar los procesos y querellas relativas a los sobrevivientes y no se remita exclusivamente a los casos de desaparici√≥n forzada o ejecuciones sumarias; como en un aumento acorde de su dotaci√≥n de personal . Cabe recordar que esta pretensi√≥n se encuentra dentro de las demandas que la Plataforma Unitaria de sobrevivientes y familiares levant√≥ durante las movilizaciones de los ex prisioneros pol√≠ticos en el √ļltimo gobierno de Michelle Bachelet. Igualmente, existe la necesidad de que el Poder Judicial y el Servicio M√©dico Legal , cuenten con los recursos materiales y personales para asumir las investigaciones y gestiones propias de causas sobre prisi√≥n pol√≠tica y tortura.

En segundo lugar, se debe lograr la derogaci√≥n del t√≠tulo IV de la Ley 19.992 que impone 50 a√Īos de silencio a los testimonios recabados bajo la comisi√≥n Valech 1, condici√≥n que actualmente complica la petici√≥n de antecedentes por parte de la justicia al INDH. Ahora, m√°s all√° de la necesidad de derogar dicha prohibici√≥n, al menos para el acceso del Poder Judicial a tales testimonios, especialmente a la base de datos digital que cruza toda la informaci√≥n recabada por el Estado, que no puede estar al margen de la labor judicial.

Al escuchar a las organizaciones de ex-presos pol√≠ticos, el gobierno compuesto por partidos de centro derecha, se enfrenta a la diferencia que implica esbozar el discurso de condena a los cr√≠menes de lesa humanidad, y otra muy distinta es actuar de modo acorde a tal posicionamiento, pues esto √ļltimo implica promover decididamente la investigaci√≥n, enjuiciamiento, castigo y reparaci√≥n. En este caso al menos, la √ļnica forma en que exista un avance efectivo en estos tres aspectos est√° determinada por el grado de voluntad pol√≠tica con que se apoyar√° -o no- el avance de la denuncia que actualmente lleva el juez Carroza.

En definitiva, una actuaci√≥n acorde a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Chile ser√≠a una ‚Äúprueba de la blancura‚ÄĚ en relaci√≥n con las posturas que el actual gobierno y su sector tiene sobre la dictadura c√≠vico militar chilena. Est√° por verse si pueden pasar del discurso a la acci√≥n.

Paz Becerra.
Esteban Miranda.
Juan Maureira.
Haydée Oberreuter.
Enrique Riobo.

F. Nodo XXI.

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