A seis años de la entrada en vigencia de la denominada Ley Zamudio, que se creó con el objetivo de denunciar cualquier tipo de discriminación y tras el violento asesinato de un joven del mismo apellido en marzo de 2012, en la región Metropolitana, cifras de Fundación Iguales indican que de las 90 sentencias, 24 corresponden a causas de discapacidad, por lo que se convierten en la causal que lidera las resoluciones judiciales de este tipo.
Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Fundación Iguales, explicó en Podría Ser Peor que actualmente hay noticias “buenas y noticias malas. La buena es que distintos grupos vulnerables a sufrir discriminación constante están usando esta ley“.
Por otra parte, agregó que “a seis años tenemos sólo 90 sentencias finales de procedimientos que se han iniciado con esta ley, por lo tanto eso nos demuestra que esta ley está siendo poco utilizada y debemos preguntarnos por qué está siendo poco usada”.
Pi comentó que lo anterior tendría respuesta en un “incentivo perverso para iniciar un procedimiento“.
“Finalmente es la víctima la que debe sustentar todo el proceso. Los procesos judiciales son caros, incluye contratar un abogado, incluye pagar las costas judiciales, etc, sólo con el objetivo de que la persona que discriminó le pasen una multa a beneficio fiscal“, aclaró.
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