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Hay una línea que el Presupuesto 2027 no debería cruzar: ordenar las cuentas fiscales no puede significar que las familias y las comunas que ya tienen menos terminen pagando el ajuste.
Chile necesita responsabilidad fiscal. Hay programas que deben revisarse, duplicidades que deben eliminarse y burocracia que no se justifica. Pero gastar mejor no es lo mismo que gastar menos a cualquier costo.
El Gobierno decidió fusionar 25 programas sociales de cinco ministerios en nueve iniciativas. La explicación apunta a reducir fragmentación y evitar duplicidades. Y hay que ser rigurosos: esa reorganización no significa, por sí sola, que las prestaciones desaparezcan. El verdadero examen vendrá cuando conozcamos los recursos asignados a cada programa.
Quitar un 5% a todos no significa que todos pierdan lo mismo.
Una comuna con mayores ingresos propios puede absorber parte del ajuste o postergar una inversión. Otra, con menos recursos y más necesidades acumuladas, puede terminar escogiendo entre reforzar seguridad, financiar un programa de salud, mejorar una escuela o recuperar un espacio público. Ahí está la discusión de fondo sobre justicia territorial.
En salud, cuatro programas de promoción y prevención de atención primaria serán agrupados en Más Salud en Comunidad. La fusión puede tener sentido administrativamente. Lo importante será comprobar que la reorganización no termine significando menos recursos o prestaciones para las personas.
Porque cuando hablamos de atención primaria hablamos de controles, prevención, atención comunitaria y servicios que miles de familias necesitan todos los días.
En educación existe otra señal que merece atención. El Fondo de Apoyo a la Educación Pública fue uno de los tres programas objetados técnicamente durante la evaluación para 2027. Eso no significa automáticamente que vaya a desaparecer, pero obliga a explicar con claridad qué ocurrirá con los recursos destinados a fortalecer la educación pública.
Una mala evaluación puede justificar rediseñar un programa. Lo que no corresponde es que el costo termine trasladándose a estudiantes, familias o establecimientos que ya enfrentan carencias.
En seguridad la realidad es todavía más difícil de ignorar. Esta semana, en Maipú, un grupo de delincuentes armados irrumpió en una vivienda, intimidó a una familia y escapó efectuando disparos. Y en Cerrillos, cuatro sujetos armados interceptaron un camión en el sector de General Velásquez con Américo Vespucio y robaron cinco toneladas de alimentos avaluadas en cerca de $82 millones. La carga terminó siendo recuperada en una parcela de Pudahuel.
Estos no son problemas teóricos para quienes viven en nuestras comunas. Por eso sería contradictorio declarar que la seguridad es una prioridad nacional y, al mismo tiempo, debilitar las herramientas territoriales para enfrentarla. Si los ajustes alcanzan la inversión municipal o regional, pueden postergarse luminarias, cámaras, recuperación de espacios públicos, vehículos de patrullaje o programas preventivos.
La preocupación tampoco proviene de un solo sector político.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ha advertido sobre el efecto que eventuales reducciones podrían generar en comunas periféricas y en proyectos comunitarios. Alcaldes de distintas posiciones políticas han planteado reparos similares frente a posibles ajustes.
Cuando autoridades municipales con trayectorias distintas expresan una preocupación semejante, el Gobierno debería considerar ese impacto antes de cerrar las partidas. El problema es que los territorios no parten desde el mismo lugar.
Eso se entiende fácilmente en comunas como Cerrillos, Maipú o Estación Central, donde el crecimiento urbano ha generado nuevas demandas de seguridad, salud, educación, transporte e infraestructura.
Quienes hemos trabajado revisando presupuestos municipales sabemos que detrás de una partida que baja casi nunca hay solo una cifra. Puede haber una obra que se posterga, una contratación que no se realiza o una necesidad que queda esperando otro año.
El ajuste debe comenzar donde existe duplicidad, ineficiencia o gasto que no produce resultados. No donde existe una necesidad social que todavía sigue pendiente.
Y también hay que considerar la posición del propio Gobierno. Hacienda sostiene que la reorganización busca mayor eficiencia y que la fusión de programas no equivale por sí misma a eliminar sus beneficios. Precisamente por eso, cuando ingrese el proyecto, habrá que mirar menos los anuncios generales y más las partidas concretas.
El debate del Presupuesto 2027 no debería reducirse a cuánto aumenta o disminuye el gasto. La pregunta importante es otra: ¿Dónde se ajusta y quién termina absorbiendo ese ajuste?
Chile necesita ordenar sus cuentas. Pero también necesita un Estado capaz de distinguir entre gasto innecesario y necesidades que siguen sin respuesta. Porque quitar el mismo peso a territorios profundamente desiguales nunca produce el mismo resultado. Y entender esa diferencia también es gobernar bien. Eso es justicia territorial.
