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En tiempos donde la posverdad se normaliza y las certezas se diluyen, la principal víctima suele ser la democracia. Por eso, que el Ejecutivo asuma finalmente la que fue su principal promesa de campaña —la seguridad de las familias chilenas— genera una mezcla inevitable de alivio y urgencia. La situación en nuestros barrios ha llegado a un punto insostenible: el narcotráfico y el crimen organizado han secuestrado la tranquilidad cotidiana de la ciudadanía, que ya no tolera más dilaciones ni discursos vacíos.
Bajo el peso de esta urgencia, propuestas como la de privar de beneficios estatales a los condenados por narcotráfico —incluso hasta por 15 años después de haber cumplido su pena— pueden sonar tentadoras o coherentes con el enorme daño causado.
Sin embargo, el problema ético y político aparece cuando la vara de la justicia se vuelve asimétrica. ¿Cómo pretendemos construir una sociedad auténticamente justa si endurecemos la mano ante ciertos delitos, mientras condenados por graves violaciones a los derechos humanos continúan recibiendo pensiones del Estado? La inconsistencia no solo es ética, es institucionalmente insostenible.
La preocupación escala hacia terrenos más peligrosos cuando la lucha contra la delincuencia se transforma en un pretexto para impulsar reformas que alteran el equilibrio democrático. Desde el ámbito municipal estamos absolutamente comprometidos con perseguir el crimen, modernizar el marco legal y devolver la paz a los territorios. Pero no podemos hacerlo a costa de validar atajos autoritarios que sacrifican libertades individuales bajo el ropaje de un ilusorio “éxito punitivo”.
Para avanzar con honestidad en esta discusión, es indispensable poner sobre la mesa los vacíos estructurales que el debate oficial insiste en ignorar:
Seguridad sin financiamiento: La anunciada Ley de Seguridad Municipal promete certezas operativas a los equipos locales, pero nace coja desde su origen: no contempla recursos nuevos ni frescos para fortalecer la prevención real en los barrios.
Inteligencia sobre la excepción: Normalizar estados de excepción por períodos de 120 días no reemplaza la inteligencia policial, la tecnología ni la articulación territorial que exige la persecución efectiva del delito. Aunque la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas específicas no se descarta, exige una prudencia extrema tanto en el diseño legal como en la práctica.
A esta ecuación se suma una omisión sospechosa e inexplicable: la persecución del dinero. Es un consenso global que para asfixiar al crimen organizado hay que seguir la ruta del dinero. Sin embargo, al momento de debatir el levantamiento del secreto bancario, sectores de la derecha prefieren mirar hacia un lado y evadir la discusión.
Esta negativa resulta contradictoria con la máxima de “el que nada hace, nada teme” que el propio oficialismo suele enarbolar en determinados escenarios. Ignorar el flujo financiero del narcotráfico mientras se proponen penas efectivas solo para el último eslabón de la cadena aumenta, con justa razón, las sospechas de la ciudadanía.
Garantizar la seguridad es un deber ineludible e impostergable del Estado. Sin embargo, combatir al crimen organizado desmantelando garantías democráticas no es una solución: es una derrota anticipada. Insistir en reformas constitucionales que carecen de los cuórums necesarios para prosperar levanta una duda legítima: ¿existe una verdadera voluntad político-institucional de entregar soluciones concretas, o asistimos a una puesta en escena electoral mientras la inseguridad sigue avanzando?
Cuidar la democracia, exigir coherencia en el uso de los recursos del Estado y defender los derechos de todas y todos sigue siendo, hoy más que nunca, nuestra mejor y más sólida línea de defensa.
