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Chile enfrenta una paradoja que debemos ser capaces de resolver: tenemos un patrimonio natural extraordinario, pero también enormes necesidades de desarrollo. Necesitamos agua, energía, infraestructura, vivienda y empleo. Y, al mismo tiempo, debemos proteger ecosistemas que son fundamentales para nuestra seguridad hídrica, alimentaria y para enfrentar el cambio climático.
La respuesta no puede ser elegir entre conservación y desarrollo. El desafío es construir un modelo en que ambos sean compatibles.
Durante las últimas décadas Chile ha avanzado significativamente en institucionalidad ambiental. La creación del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente y, más recientemente, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, son pasos importantes. Sin embargo, crear institucionalidad y declarar áreas protegidas es solo una parte del desafío.
Ahora debemos asegurarnos de que esa institucionalidad funcione eficazmente en los territorios y que las áreas protegidas cuenten con recursos suficientes para ser realmente conservadas.
No podemos conformarnos con dibujar líneas en un mapa. Una política de conservación efectiva requiere planes de manejo, fiscalización, investigación científica, monitoreo y capacidad de respuesta. Y todo ello necesita financiamiento permanente.
Por eso, una de las grandes discusiones que Chile debe abordar durante los próximos diez años es cómo financiar la conservación en el largo plazo. El Estado tiene una responsabilidad insustituible, pero no puede ser la única fuente. Debemos desarrollar mecanismos que permitan movilizar recursos privados, cooperación internacional, compensaciones ambientales bien diseñadas y, especialmente, sistemas que reconozcan y remuneren los servicios ecosistémicos que la naturaleza entrega a toda la sociedad.
Esta última dimensión me parece particularmente relevante.
Un agricultor que protege un bosque nativo, un humedal o una zona de recarga de una cuenca está generando beneficios que van mucho más allá de su propio predio. Está contribuyendo a regular el agua, proteger la biodiversidad y aumentar la resiliencia frente al cambio climático. ¿Por qué no deberíamos generar incentivos para que conservar también tenga un valor económico?
Esto adquiere especial importancia en regiones como Coquimbo, donde la escasez hídrica nos obliga a mirar la conservación también como una política de seguridad hídrica y de desarrollo. Proteger nuestras cuencas, humedales y ecosistemas estratégicos no es impedir el progreso: es crear las condiciones para que ese progreso pueda sostenerse.
El segundo gran desafío es avanzar hacia una mejor planificación territorial. La actividad productiva necesita reglas claras y estables. La minería, la agricultura, la energía, la pesca, el turismo y la infraestructura son esenciales para Chile. Pero también necesitamos certeza respecto de qué ecosistemas son irremplazables y cuáles son las condiciones bajo las cuales determinadas actividades pueden desarrollarse.
La incertidumbre no beneficia ni a la inversión ni a la conservación. Necesitamos decisiones basadas en ciencia, información disponible y reglas conocidas con anticipación.
El tercer desafío es involucrar mucho más a las comunidades. La conservación no puede ser una tarea diseñada exclusivamente desde Santiago. Quienes viven en los territorios deben ser protagonistas. Municipios, agricultores, pescadores, comunidades locales, pueblos originarios, organizaciones ambientales y sectores productivos tienen conocimiento y experiencia que deben incorporarse a las decisiones.
Finalmente, tenemos que cambiar nuestra perspectiva temporal.
La política suele pensar en períodos de cuatro años. La naturaleza no funciona así. Una cuenca, un bosque, un humedal o un ecosistema marino pueden tardar décadas o siglos en formarse y pueden deteriorarse en muy poco tiempo. Por eso, si Chile quiere que la conservación sea realmente una política de Estado, debemos ser capaces de tomar hoy decisiones cuyos resultados quizás no veremos nosotros.
La verdadera pregunta no es solamente qué naturaleza queremos proteger durante los próximos diez años. Es qué patrimonio natural queremos entregar a los chilenos que vivirán en este país dentro de cien años.
Esa debería ser nuestra vara. Porque conservar no significa detener el desarrollo. Significa asegurarnos de que Chile pueda seguir desarrollándose mañana.
