El tribunal laboral acreditó una vulneración de derechos fundamentales al interior del Hospital de Padre Las Casas, tras un sumario administrativo que se extendió por casi tres años y que terminó con la absolución del funcionario.
El Servicio de Salud Araucanía Sur fue condenado al pago de una indemnización de $20 millones por daño moral, luego de que el tribunal laboral acogiera una demanda de tutela de derechos fundamentales presentada en representación de un funcionario del Hospital de Padre Las Casas.
De acuerdo con los antecedentes entregados, el trabajador fue sometido a un sumario administrativo que se prolongó durante casi tres años.
El procedimiento inicialmente terminó con una sanción, pero posteriormente fue dejado sin efecto y el funcionario resultó absuelto.
El abogado del Estudio Defensur, Nicolás Yáñez, quien intervino en la causa, señaló que el tribunal estableció que durante el proceso se produjo una afectación a la honra del trabajador y un perjuicio de carácter moral, considerando además antecedentes relacionados con una enfermedad profesional.
“El tribunal laboral consideró que se había afectado su honra, que le había provocado un daño moral, sumado también a que tiene una enfermedad profesional, y por tanto condenó al Servicio de Salud a pagar la suma de los $20 millones y además ordenó que a los fiscales que perciban del sumario se les realice el sumario administrativo en su contra”, explicó.
Entre las principales medidas establecidas en el fallo se encuentra el pago de $20 millones por concepto de daño moral, además de la restitución del 50% de las remuneraciones retenidas durante diez meses, según los antecedentes proporcionados por la defensa.
La resolución también contempla medidas de carácter institucional. Entre ellas, se ordena capacitar a los funcionarios encargados de instruir procedimientos disciplinarios, con énfasis en materias vinculadas al debido proceso, procedimientos administrativos, sumarios y perspectiva de género.
Según explicó Yáñez, la capacitación contempla al menos 100 horas y aborda también aspectos relacionados con la denominada Ley Karin.
Asimismo, el tribunal dispuso la remisión de antecedentes a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, con el objetivo de que dichas instituciones determinen si corresponde adoptar otras medidas o investigar eventuales responsabilidades. La sentencia, sin embargo, aún no se encuentra firme ni ejecutoriada.
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