Enviando corrección, espere un momento...
En los últimos meses hemos visto en Chile y en otros países de América Latina un creciente interés por las perspectivas de cooperación económica con Rusia. Se habla de comercio, inversiones, minería, ciencia, tecnología, transporte, logística y nuevos mecanismos financieros. Es una realidad que no debemos ignorar.
Recientemente, el Embajador de la Federación de Rusia en Chile publicó una columna dedicada a las posibilidades de ampliar la cooperación económica entre ambos países, destacando nuevas oportunidades en ámbitos como la logística, las finanzas y el transporte. También se han publicado en Chile análisis que presentan como promisorias las perspectivas de las relaciones chileno-rusas y destacan iniciativas de cooperación científica y tecnológica entre instituciones de ambos países. Y no se trata solamente de Chile.
En julio de este año, São Paulo acogió el primer Foro de Cooperación Estratégica Rusia–América Latina, concebido como un espacio para explorar nuevas oportunidades de cooperación política, económica, científica y humanitaria. La existencia de este tipo de iniciativas demuestra que Moscú busca ampliar y profundizar sus vínculos con América Latina.
No hay nada ilegítimo en que Rusia busque nuevos socios ni en que los países latinoamericanos exploren nuevas oportunidades económicas.
El dinero importa. El comercio, las inversiones, los mercados y las oportunidades de desarrollo también. Pero ¿son suficientes para determinar nuestras decisiones como sociedades y como países? Creo que no.
Porque además de los intereses económicos existen la justicia, la conciencia y la dignidad humana. Y existe algo que nos diferencia de una calculadora: la capacidad de comprender que no todo lo económicamente rentable es moralmente aceptable.
Pero hay algo más: el respeto del derecho internacional no es un obstáculo para el desarrollo económico. Es una de sus condiciones fundamentales. Ninguna economía puede prosperar de manera sostenible si las reglas que regulan las relaciones entre los Estados dejan de ser confiables. El comercio, las inversiones, los contratos y los proyectos a largo plazo necesitan previsibilidad y seguridad jurídica. Y esa estabilidad solo puede existir cuando los Estados respetan las reglas internacionalmente reconocidas.
Lo mismo debería aplicarse a las relaciones internacionales. Si aceptamos que un Estado puede invadir a otro, modificar sus fronteras por fuerza y hacerlo sin consecuencias, el problema no se limita a Ucrania. El precedente afecta a todos. Porque si las reglas pueden ser violadas impunemente por quien tiene suficiente poder militar, entonces ya no existen reglas: existe la ley del más fuerte. Sin derecho internacional, la cooperación puede convertirse en dependencia y los acuerdos, en simples papeles que duran mientras convengan al más poderoso. Eso no es un orden internacional. Es caos.
Ucrania no sostiene que los países latinoamericanos deban romper automáticamente sus relaciones comerciales con Rusia. No corresponde a Kyiv decidir con quién comercian los Estados soberanos de América Latina. Cada país tiene derecho a definir sus intereses económicos y su política exterior. Pero una cosa es mantener relaciones comerciales con un país y otra muy distinta es aceptar que sus acciones militares contra otro Estado puedan quedar fuera de toda consideración moral y jurídica. Un contrato comercial no convierte una invasión en legítima. Una inversión no convierte la ocupación de territorios en legítima. Un acuerdo energético no convierte el uso de la fuerza contra un Estado vecino en legítimo.
El comercio puede ser pragmático. La justicia no puede serlo. Podemos calcular cuánto vale un contrato o cuánto aumenta el comercio. Pero hay cosas que no pueden reducirse a cifras. ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Cuánto vale una ciudad destruida? ¿Cuánto vale la infancia de un niño que ha pasado años viviendo bajo las alarmas de ataques aéreos?
No existe una hoja de cálculo capaz de responder a esas preguntas. El dinero tiene un precio. La vida humana tiene un valor. No son lo mismo.
Para América Latina, esta discusión debería tener un significado especial. La región conoce por su propia historia los riesgos de que las grandes potencias consideren que tienen derecho a decidir el destino de otros países. Por eso los principios de soberanía, autodeterminación, no intervención y solución pacífica de controversias tienen aquí un significado que va mucho más allá de los discursos diplomáticos.
Ucrania no pide una excepción. Pide que esos principios sean universales. Si una nación latinoamericana tiene derecho a elegir sus alianzas, definir su política exterior y decidir con quién comercia, Ucrania también lo tiene. Si la soberanía es un principio universal, no puede desaparecer cuando una potencia militar decide que los intereses de su vecino deben estar subordinados a los suyos. No corresponde a Ucrania decirle a Chile, Brasil, México, Argentina o cualquier otro país latinoamericano con quién debe comerciar. Pero sí tenemos derecho a plantear una cuestión de principios:
¿Qué ocurre cuando los intereses económicos empiezan a competir con nuestros valores fundamentales? ¿Dejamos de hablar de derechos humanos porque una inversión es atractiva? ¿Dejamos de hablar de soberanía porque un contrato es rentable? ¿Dejamos de hablar de las consecuencias de una guerra porque un nuevo mercado ofrece beneficios?
No debería ser así. Porque el dinero es importante, pero no puede ser nuestra única medida de valor. Una sociedad que solamente calcula beneficios puede terminar descubriendo demasiado tarde que ha perdido algo mucho más importante: su conciencia.
Por eso América Latina no tiene que elegir entre Rusia y Occidente. Tampoco tiene que elegir entre Rusia y Ucrania. La verdadera elección es otra: entre un mundo donde la fuerza determina las fronteras y otro donde las fronteras están protegidas por el derecho. Entre un mundo donde las potencias deciden el futuro de los países más pequeños y otro donde cada nación puede decidir libremente su propio destino.
Los mercados cambian. Los gobiernos cambian. Las alianzas cambian. Los contratos terminan. Pero los principios que protegen la vida humana, la libertad y la soberanía de los Estados no deberían depender de las fluctuaciones del mercado.
América Latina no necesita escoger un nuevo bloque. Puede y debe defender su autonomía. Pero la autonomía no significa indiferencia. Significa tener la libertad de defender sus propios intereses sin renunciar a sus propios valores.
El dinero importa. Nadie puede negarlo. Pero también importan la justicia, la conciencia y la humanidad. Porque son precisamente esas cosas que nos recuerdan que somos seres humanos y no simples calculadoras de beneficios.
