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Los últimos resultados de la encuesta LCN, en un especial dedicado a los 100 primeros días del presidente José Antonio Kast, muestran una evidencia de gran importancia para la gestión del gobierno y, sobre todo, a la hora de analizar el concepto que estructuró el proyecto electoral de Kast, el “gobierno de emergencia”, que logró vencer con claridad la narrativa que el presidente Boric intentó instalar con la idea de normalización.
El gobierno de José Antonio Kast nació bajo una fórmula poderosa: la idea de un gobierno de emergencia. No era una simple consigna de campaña, sino una forma de ordenar el tiempo político. La emergencia permitía decir que el país había entrado en una zona excepcional y que, por tanto, no bastaba con administrar. Había que corregir, acelerar, imponer prioridades, asumir costos. En ese marco, Kast no ofrecía solo un gobierno de derecha; ofrecía una conducción para un país supuestamente desbordado.
La encuesta de junio muestra que esa fórmula enfrenta su primer límite. Un 53% considera que el concepto de gobierno de emergencia no representa la situación de Chile y que se usa para responsabilizar a gobiernos anteriores. El dato es relevante porque golpea el punto de partida del relato gubernamental. No significa que la ciudadanía niegue los problemas del país, ni que haya desaparecido la demanda de orden. Significa algo más específico: la emergencia, como interpretación global del momento, no logra constituirse en lenguaje común.
Ese es el primer gran problema del gobierno: su relato fundacional aparece discutido. Una cosa es que exista malestar, temor, inseguridad o cansancio institucional; otra distinta es que la sociedad acepte que todo eso compone una emergencia nacional en los términos definidos por el gobierno. La emergencia requiere adhesión al diagnóstico, no solo adhesión al remedio. Si la palabra deja de organizar mayoritariamente la percepción del país, el gobierno pierde parte de la autorización simbólica que necesitaba para operar como gobierno excepcional.
La segunda gran categoría que aparece en la encuesta es la absorción ideológica de la emergencia. Un gobierno de emergencia necesita producir transversalidad: debe ser leído, al menos por una parte significativa de quienes no lo apoyan doctrinariamente, como una conducción necesaria frente a una crisis. Pero la medición muestra una dirección distinta. En el gabinete de Kast, el eje izquierda/derecha explica un 88,3% de la evaluación. Es decir, el gabinete aparece menos como equipo de conducción de crisis que como bloque ideológico.
Esta es una diferencia decisiva. Si el gobierno queda capturado por el eje izquierda/derecha, la emergencia deja de operar como categoría nacional y pasa a funcionar como argumento de una facción. La crisis ya no convoca transversalmente; se convierte en material de polarización. El gobierno puede seguir hablando de emergencia, pero la ciudadanía lo lee desde el conflicto político ordinario. Y cuando eso ocurre, la excepcionalidad pierde espesor: deja de ser una condición compartida y se vuelve una disputa interpretativa más.
La encuesta muestra, entonces, que el malestar no ha desaparecido, pero tampoco ha sido plenamente conducido por el gobierno. Más bien aparece recodificado. La crisis de legitimidad, la demanda de regulación, la recuperación de la igualdad como valor y el debilitamiento relativo de la derecha en la autoubicación no configuran un retorno simple al ciclo anterior. Pero sí muestran que el país no está estabilizado en torno al relato de orden, mérito y derecha que podía suponerse después del triunfo electoral. El gobierno gobierna un malestar que no logra monopolizar.
La tercera gran categoría es la dificultad de estabilización política. Un gobierno de emergencia no solo debe nombrar la crisis: debe convertirla en base de conducción. Eso supone transformar la expectativa inicial en confianza, absorber la energía disruptiva que lo llevó al poder y construir una mayoría de necesidad. La encuesta muestra señales débiles en esos tres planos. Un 61% considera que la gestión ha sido peor de lo esperado, la reforma económico-tributaria no obtiene mayoría social y la cuenta pública es evaluada negativamente por un 55,2%.
Estos datos no deben leerse como un juicio definitivo sobre el gobierno. Sería excesivo concluir, a cien días, que el proyecto está agotado. Pero sí permiten afirmar que el gobierno de emergencia no ha logrado todavía estabilizar su promesa inicial. La expectativa de eficacia no se traduce automáticamente en evaluación positiva; la apelación a la crisis no se convierte automáticamente en respaldo programático; y la cuenta pública no parece haber recompuesto el relato con la fuerza que el gobierno necesitaba.
El punto más delicado es la relación con la disrupción. Kast llegó al gobierno en un momento en que la energía disruptiva se había vuelto central. Sin embargo, el informe sugiere que su gobierno aparece sostenido más por una derecha tradicional que por la absorción plena de los sectores disruptivos. Esto no significa que haya perdido toda conexión con ese mundo, sino que la encuesta no muestra una operación completa de domesticación de la disrupción. Y un gobierno de emergencia necesita precisamente eso: transformar ruptura en orden, malestar en conducción, impugnación en hegemonía.
Por eso la fortaleza relativa en seguridad no alcanza para ordenar el conjunto. Seguridad sigue siendo el área donde el gobierno conserva más margen, pero en economía, salud y educación predomina el pesimismo. La promesa de orden puede seguir activa, pero no arrastra por sí sola una confianza general en la conducción del país. La emergencia aparece, entonces, más asentada en una demanda sectorial de autoridad que en una expectativa integral de reconstrucción.
La síntesis es que la encuesta no muestra el fracaso del gobierno de emergencia, pero sí muestra su límite de instalación. La emergencia no aparece consolidada como relato común; aparece absorbida por la polarización ideológica y todavía no logra estabilizar una mayoría amplia de conducción. Hay gobierno, hay base, hay discurso y hay áreas donde conserva fuerza. Pero la operación mayor —convertir la emergencia en un mandato transversal de reorganización— sigue incompleta.
Un 61% declara que la gestión de Kast ha sido peor de lo esperado y solo un 9,6% afirma que ha sido mejor. No estamos, por tanto, ante una desaprobación rutinaria ni ante el desgaste normal de quien comienza a gobernar. Estamos ante una decepción temprana. Y eso obliga a mirar hacia la propia coalición social que hizo posible el triunfo. Si Kast ganó hace muy poco, y si ganó con una votación amplia de derecha y de electores disponibles para una salida dura, entonces este 61% supone necesariamente algún grado de desilusión en ese mundo. No en toda la derecha, no con la misma intensidad, pero sí en una franja suficientemente relevante como para que el dato no pueda ser leído como simple oposición de los adversarios.
A esto se suma un dato simbólicamente más delicado: Kast cae por debajo de Pinochet en la serie histórica de Presidentes. La comparación exige una precisión metodológica. En mediciones anteriores, el Presidente en ejercicio era preguntado por separado, justamente para evitar la comparación inmediata con el resto de los gobernantes. Esta vez, en cambio, todos fueron evaluados dentro del mismo paquete. La comparación es más directa y, por lo mismo, el resultado es más duro, pero también más robusto. Además, la serie ha mostrado que incluso la décima de nota tiende a ser estable. No parece, entonces, una oscilación menor ni una anécdota estadística. Es una señal de ubicación histórica temprana, y esa ubicación es muy mala.
El segundo dato relevante toca el corazón del relato gubernamental. El concepto de gobierno de emergencia aparece debilitado: un 53% considera que no representa la situación de Chile y que se usa para responsabilizar a gobiernos anteriores. El punto es decisivo porque Kast no llegó simplemente ofreciendo un gobierno de derecha. Llegó diciendo que Chile vivía una emergencia y que, por tanto, requería una conducción excepcional. La encuesta sugiere que esa idea ya no produce consenso mayoritario. Funcionó como táctica electoral; permitió ordenar malestar, miedo, cansancio y expectativa de autoridad. Pero como modelo de gobierno aparece hoy mucho menos sólido. La emergencia ya no opera como evidencia común, sino como una interpretación discutida.
Allí está el problema mayor. Si el gobierno se funda en la emergencia, pero la mayoría no reconoce esa emergencia en los términos del gobierno, se debilita la autorización simbólica de todo el proyecto. No desaparecen los problemas del país. No desaparece la inseguridad. No desaparece la demanda de orden. Pero sí se rompe la equivalencia entre esos problemas y el relato oficialista. La ciudadanía puede decir: hay crisis, hay desorden, hay malestar; pero no necesariamente eso significa que este gobierno tenga razón en la forma de nombrarlo, administrarlo o usarlo políticamente. Esa distancia es la que vuelve frágil al concepto.
La reforma económico-tributaria confirma esa dificultad. Un 52,6% dice que la rechazaría si fuera parlamentario, frente a un 42,2% que la aprobaría. El dato muestra que la apelación a la emergencia no se traduce automáticamente en mandato programático. La ciudadanía puede haber aceptado parte del diagnóstico, pero no necesariamente acepta la arquitectura económica que el gobierno propone como respuesta. Y eso es especialmente complejo para Hacienda, porque una reforma de este tipo necesita algo más que votos parlamentarios: necesita una cierta atmósfera de necesidad. La encuesta muestra que esa atmósfera no está construida.
La cuenta pública tampoco logra recomponer el cuadro. Queda prácticamente partida, pero con predominio negativo: un 55,2% la evalúa como negativa o muy negativa. En un gobierno ordinario, una cuenta pública puede ser un hito administrativo. En un gobierno de emergencia, debe ser otra cosa: debe reconstruir el relato, mostrar dirección, renovar la justificación de los costos y explicar por qué el camino escogido es inevitable. Si la evaluación termina inclinándose hacia lo negativo, entonces la cuenta pública no logra hacer el trabajo político que el gobierno necesitaba. No ordena suficientemente el momento.
Las expectativas de fin de gobierno muestran una estructura más matizada, pero igualmente problemática. Seguridad es el área donde Kast conserva más margen: un 44% cree que mejorará y un 40% que empeorará. Es decir, allí la promesa de orden todavía respira. No domina de manera aplastante, pero sigue siendo el terreno donde el gobierno puede sostener parte de su identidad. El problema es que esa fuerza no se proyecta sobre el conjunto. En economía, un 42% anticipa un empeoramiento significativo, lo que golpea directamente el espacio donde el gobierno necesita administrar confianza. En educación y salud también predomina el pesimismo.
La síntesis es clara: la promesa de orden conserva algo de fuerza, pero no arrastra automáticamente al gobierno completo. Kast mantiene un recurso político en seguridad, pero no logra convertirlo en confianza general sobre la conducción del país. El gobierno de emergencia aparece, así, con un problema de expansión: puede hablar todavía desde el orden, pero no logra que ese orden organice economía, salud, educación, reforma tributaria, cuenta pública y evaluación presidencial. La emergencia sirve para entrar al poder; la encuesta muestra que todavía no basta para gobernar el conjunto.
Ese es el núcleo político de la medición. Kast ganó desde la promesa de conducir un tiempo excepcional, pero la encuesta sugiere que la excepcionalidad no ha sido plenamente reconocida por la sociedad en los términos del gobierno. El malestar sigue ahí, pero no necesariamente bajo control oficialista. La emergencia sigue siendo el nombre del proyecto, pero no todavía su hegemonía.
La encuesta está disponible para descargarse aquí.
