Chile no puede seguir convirtiendo la justicia en una decisión política

Chile enfrenta nuevamente una discusión que debiera preocupar profundamente a toda la ciudadanía y no solamente al mundo político. Durante los últimos días hemos visto cómo distintos sectores han comenzado a impulsar públicamente fórmulas de indulto o beneficios especiales respecto de uniformados condenados por graves violaciones a los derechos humanos, reabriendo un debate extremadamente delicado para nuestra democracia y nuestra convivencia institucional.

Pero lo verdaderamente preocupante no es solamente la contingencia.

Lo verdaderamente grave es constatar que, una vez más, reaparece en Chile una vieja costumbre política: intentar utilizar el poder presidencial para intervenir decisiones que corresponden exclusivamente a los tribunales de justicia.

Y eso representa un problema mucho más profundo de lo que algunos quieren admitir. Porque esta discusión no comenzó ahora.

Nuestro país ya enfrentó una severa crisis institucional cuando el gobierno del presidente Gabriel Boric decidió conceder indultos a personas condenadas por delitos cometidos durante el estallido social, una decisión que generó una enorme controversia pública, tensionó la relación con el Poder Judicial y abrió un debate que sigue completamente vigente sobre los límites constitucionales de las atribuciones presidenciales.

Pero quiero ser absolutamente claro. El problema nunca ha sido solamente quién recibe un indulto.

Seamos francos. En Chile llevamos demasiado tiempo normalizando algo extraordinariamente peligroso: aceptar que una sentencia judicial firme, dictada después de un debido proceso, puede terminar dependiendo no solamente de lo que resolvieron jueces y tribunales, sino también de a quién el poder político decide proteger cuando cambian las circunstancias.

Y eso debiera alarmarnos a todos. A la izquierda. A la derecha. Al oficialismo. Y a la oposición. Lo preocupante es que esta lógica se repite transversalmente. Ayer algunos defendían indultos porque beneficiaban a quienes consideraban políticamente cercanos.

Hoy otros exigen exactamente el mismo mecanismo cuando quienes buscan proteger pertenecen a su propio sector o representan causas que consideran legítimas.

Cambian los nombres. Cambian los gobiernos. Pero el problema institucional sigue siendo exactamente el mismo. La tentación permanente de capturar políticamente la justicia. Conviene recordar algo fundamental. Uno de los pilares esenciales de cualquier democracia constitucional moderna es la separación efectiva de poderes. Y ese principio no existe simplemente para adornar textos constitucionales. Existe precisamente para impedir que el poder político intervenga ámbitos que no le pertenecen.

No corresponde que un Presidente de la República —cualquiera sea su sector político— conserve facultades excepcionales que le permitan alterar el cumplimiento efectivo de sentencias judiciales ejecutoriadas.

Ninguna democracia madura puede aceptar que una condena pronunciada por tribunales termine dependiendo finalmente de una firma presidencial.

Eso no fortalece nuestras instituciones. Las debilita.

La experiencia comparada resulta particularmente reveladora.

En buena parte de las democracias europeas modernas, mecanismos equivalentes al indulto han sido severamente restringidos o sometidos a controles institucionales precisamente para impedir que decisiones discrecionales alteren la autonomía judicial.

En países como Alemania, estas facultades se encuentran fuertemente limitadas y sujetas a estricta regulación administrativa.

Las democracias avanzadas han entendido algo que Chile sigue postergando. La justicia no puede quedar expuesta a la discrecionalidad política.

Durante mi período parlamentario impulsé un proyecto de ley destinado a eliminar definitivamente esta facultad presidencial, porque entendí algo que nuestra clase política sigue evitando discutir con suficiente profundidad.

Mientras subsista esta atribución excepcional seguirá existiendo la posibilidad permanente de utilizar herramientas institucionales sensibles según conveniencias circunstanciales.

Y eso erosiona silenciosamente la legitimidad del Estado.

Debemos ser responsables en esta discusión. No estoy planteando aquí debates sobre casos individuales. No estoy comparando delitos de distinta naturaleza. Mucho menos relativizando hechos cuya gravedad jurídica o histórica resulta absolutamente incuestionable.

Estoy planteando una discusión mucho más profunda. Una discusión sobre calidad democrática. Sobre diseño institucional. Sobre el tipo de república que Chile necesita construir durante las próximas décadas.

Las democracias no retroceden solamente cuando aparece el autoritarismo. También comienzan a deteriorarse cuando normalizan pequeñas excepciones institucionales que lentamente debilitan los contrapesos diseñados para contener los excesos del poder. Y pocas atribuciones resultan hoy más anacrónicas que aquella que permite a una sola autoridad decidir discrecionalmente cuándo una condena debe cumplirse… y cuándo deja de cumplirse.

Seamos claros. Mientras en Chile exista la posibilidad de corregir sentencias judiciales desde La Moneda, la igualdad ante la ley seguirá siendo una promesa incompleta. Porque siempre existirá alguien esperando que una decisión política modifique aquello que los tribunales ya resolvieron.

Yo no creo en una democracia donde la justicia depende de relaciones de influencia. Creo en una república donde las sentencias judiciales se respetan. Sin excepciones. Sin privilegios. Sin arbitrariedades.

Chile necesita decidir de una vez por todas qué democracia quiere construir. Una democracia donde la justicia opera con autonomía real e independencia efectiva. O una democracia donde, cada vez que cambian las mayorías políticas, reaparece la tentación de proteger a determinados sectores utilizando facultades excepcionales que jamás debieron existir.

Yo tengo una convicción clara. La justicia debe administrarse en tribunales. Nunca en oficinas políticas. Porque el día en que el poder comienza a decidir quién merece cumplir una condena y quién merece ser salvado por conveniencia circunstancial…la república deja de proteger a los ciudadanos. Y comienza a proteger al poder.