Soberanía digital: una oportunidad de desarrollo y una obligación con la infancia

Frente al estancamiento de la productividad, la inteligencia artificial surge como motor de desarrollo, pero este avance carece de legitimidad si el Estado no regula con firmeza el impacto de las grandes plataformas en la salud mental de niños y adolescentes.

Durante los últimos días, en reuniones con autoridades, parlamentarios y especialistas en Alemania, he podido constatar que una de las discusiones más relevantes del mundo desarrollado ya no gira únicamente en torno a la economía, la energía o la seguridad. La conversación se está desplazando hacia otro ámbito, el de quién controlará las tecnologías, los datos y la infraestructura digital que definirán el desarrollo de las próximas décadas.

Estados Unidos apuesta por la innovación impulsada por sus grandes empresas tecnológicas, mientras Europa busca fortalecer su soberanía digital mediante regulación, protección de derechos y desarrollo de capacidades propias. China, por su parte, avanza con una estrategia nacional orientada a asegurar autonomía tecnológica y liderazgo en inteligencia artificial. Los modelos son distintos, pero todos comparten una misma convicción, la de que la revolución digital será uno de los principales motores del crecimiento económico y de la influencia política durante el siglo XXI.

Frente a esto, la pregunta es dónde se ubicará Chile. Durante décadas nuestro desarrollo descansó principalmente en la explotación de recursos naturales. El cobre fue el motor del siglo XX y el litio representa una enorme oportunidad para el futuro. Sin embargo, la próxima etapa de desarrollo no dependerá únicamente de lo que extraemos del suelo, sino también de nuestra capacidad para generar conocimiento, innovación y tecnología. Por eso la inteligencia artificial no debe ser vista solamente como un desafío regulatorio, sino que debe ser entendida como una oportunidad histórica de desarrollo.

Esta discusión no es un lujo teórico, sino una urgencia material. Chile enfrenta un estancamiento productivo que ya no podemos ignorar, donde las fórmulas tradicionales del siglo pasado ya no bastan para financiar las legítimas demandas sociales de una ciudadanía que aspira a mayores oportunidades y mejor calidad de vida. Es en este escenario donde la economía digital deja de ser una opción de futuro y se transforma en la respuesta inmediata para reactivar el país.

Contamos con instituciones estables, una amplia red de acuerdos internacionales, infraestructura digital relativamente avanzada, universidades capaces de formar talento y condiciones favorables para atraer inversiones tecnológicas. Pero las oportunidades no generan desarrollo por sí solas, sino que se requiere una estrategia nacional que trascienda gobiernos y ciclos electorales.

Eso implica fortalecer la educación en ciencias y tecnologías, impulsar la investigación aplicada, apoyar el emprendimiento innovador, desarrollar infraestructura digital, robustecer la ciberseguridad y modernizar profundamente el Estado para aprovechar las herramientas que ofrece la inteligencia artificial. Sin embargo, hablar de desarrollo digital también exige asumir responsabilidades éticas inmediatas.

Mientras discutimos crecimiento económico, productividad o modernización, miles de niños, niñas y adolescentes pasan diariamente varias horas expuestos a plataformas y algoritmos diseñados para captar su atención. No estamos frente a simples herramientas de comunicación, sino ante sistemas complejos que influyen directamente en la salud mental, la formación de identidad, las relaciones sociales y la forma en que las nuevas generaciones comprenden el mundo.

Ningún país serio puede entregar la educación informal de sus próximas generaciones a plataformas cuyo diseño responde principalmente a intereses comerciales y que operan fuera de cualquier control democrático efectivo.

Por eso Chile debe avanzar con decisión en una regulación moderna de las redes sociales para menores de edad. Europa discute mecanismos de verificación de edad, Australia ha impulsado restricciones para proteger a los más jóvenes y distintas democracias están buscando fórmulas para equilibrar innovación, libertad y protección de derechos. La pregunta ya no es si debemos actuar, sino cómo hacerlo de manera responsable y efectiva.

La soberanía digital no consiste en aislarse del mundo ni en competir con las grandes potencias tecnológicas, sino en desarrollar capacidades propias para aprovechar las oportunidades de la revolución digital y, al mismo tiempo, establecer reglas que protejan a las personas y fortalezcan nuestra democracia.

Durante años hemos debatido cómo distribuir mejor el crecimiento, una conversación que seguirá siendo necesaria, pero también debemos volver a preguntarnos cómo generar productividad y oportunidades para las próximas generaciones.

La inteligencia artificial, la economía digital y la soberanía tecnológica pueden transformarse en una nueva estrategia nacional de desarrollo, pero esa transformación solo será legítima si somos capaces de poner a las personas en el centro y proteger especialmente a quienes más necesitan resguardo. La soberanía digital no consiste únicamente en tener más tecnología, sino en decidir qué sociedad queremos construir con ella.