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La ola de violencia estudiantil en Santiago ha generado un intenso debate en torno al proyecto de Ley de Escuelas Protegidas, que propone implementar medidas de seguridad y respeto en los recintos educativos para combatir agresiones y la tenencia de objetos peligrosos. Diputados de distintos partidos expresaron posturas encontradas: Sergio Bobadilla (UDI) criticó la gestión del expresidente Gabriel Boric ante los disturbios, mientras Paz Charpentier (Partido Republicano) afirmó que la seguridad es fundamental para el proceso educativo. En contraste, Jaime Araya (Ind-PPD) destacó la importancia de abordar la crisis de salud mental de los alumnos.
Los recientes disturbios estudiantiles en el centro de Santiago, marcados por bombas molotov en el Instituto Nacional y el ataque a la diputada Javiera Ramírez en la Universidad de Chile, han intensificado la discusión sobre cómo frenar la ola de violencia.
Ante esto, la Cámara Baja debatió el proyecto de Ley de Escuelas Protegidas. Esta iniciativa busca instaurar protocolos de seguridad y respeto en los recintos educativos, apuntando a erradicar las agresiones y la tenencia de objetos peligrosos.
El presidente de la Comisión de Educación y militante de la UDI, el diputado Sergio Bobadilla, culpó al gobierno del expresidente Gabriel Boric al dejar “actuar con total impunidad a los manifestantes”.
Además, recalcó que el proyecto presentado por el Ejecutivo busca ser la respuesta a que “la violencia no tendrá espacio en ningún lado”, provenga de los colegios y escuelas, como desde las universidades.
Palabras a las que se sumó la diputada del Partido Republicano, Paz Charpentier, quien señaló tajantemente que “sin seguridad, no hay proceso formativo posible“.
Como contraparte, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) valoró la norma como un paso adelante, pero reprochó al Gobierno por carecer de un enfoque integral que atienda de raíz la evidente crisis de salud mental que está afectando al alumnado.
El proyecto de Ley de Escuelas Protegidas, actualmente en su tercer trámite, enfrentará una votación decisiva este próximo martes 2 de junio en la Cámara de Diputados. De conseguir luz verde será promulgada como ley, pero si es rechazada pasará a resolverse en una comisión mixta.
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