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La APS Universal aún no responde cuatro preguntas fundamentales que determinarán su éxito o fracaso.
La Atención Primaria de Salud Universal (APS Universal) probablemente constituye la única reforma sanitaria de los últimos años que ha logrado construir un consenso amplio y unánime. Algunos la observan como un instrumento para avanzar hacia una mayor equidad y fortalecimiento del rol público de la salud, mientras que otros la entienden como una herramienta eficiente para prevenir enfermedades, contener costos y acercar los servicios a las personas.
Chile enfrenta un rápido envejecimiento de su población, un alza sostenida de las patologías crónicas, crecientes necesidades en salud mental y una ciudadanía cada vez más exigente. Frente a estos desafíos, fortalecer el primer nivel de atención parece una decisión razonable, respaldada por la evidencia internacional y coherente con la necesidad de construir un sistema más preventivo que reactivo.
Sin embargo, la APS Universal aún no responde cuatro preguntas fundamentales que determinarán su éxito o fracaso: quién gobierna la red; de dónde proviene el financiamiento; quién responde por los resultados y qué rol juega la salud privada.
La primera interrogante es la gobernanza. Hoy la atención primaria opera bajo un complejo entramado de responsabilidades compartidas entre el Ministerio de Salud, los servicios de salud y los municipios. Este modelo permitió una importante expansión territorial durante las últimas décadas, pero también genera grandes diferencias en gestión, infraestructura y resultados entre comunas.
La universalización amplía derechos, incorpora nuevos usuarios y exige una coordinación mucho más sofisticada con hospitales, especialistas, dispositivos de cuidados de largo plazo y programas sociales. Sin embargo, mientras no exista una autoridad claramente responsable de la gestión integral de la red, persistirá el riesgo de fragmentación.
La segunda pregunta se refiere al financiamiento. Universalizar significa ampliar cobertura, fortalecer equipos, modernizar infraestructura, nuevas herramientas digitales y aumentar la capacidad resolutiva de los establecimientos. Todo ello requiere recursos permanentes. La sostenibilidad de esta política dependerá de la capacidad para construir mecanismos de financiamiento estables que trasciendan los ciclos políticos y las restricciones presupuestarias de corto plazo.
La tercera interrogante es quizás la más relevante: ¿quién responde por los resultados? En salud pública se suele medir procesos, pero los ciudadanos esperan respuestas concretas. Esperan diagnósticos más oportunos, menos hospitalizaciones evitables, mejor control de enfermedades crónicas, acceso efectivo a especialistas y una atención más cercana a sus necesidades.
La APS Universal no debe ser evaluada por el número de comunas incorporadas o por la cantidad de personas inscritas. Debe ser medida por su capacidad para mejorar indicadores de salud, reducir inequidades territoriales y generar valor para los ciudadanos.
Hay un cuarto punto a abordar. La APS Universal no puede seguir siendo administrada únicamente bajo la lógica de un programa municipal ampliado. La magnitud de los desafíos demográficos, epidemiológicos y financieros exige avanzar hacia una red sanitaria integrada, con dirección profesional, metas sanitarias explícitas y una gobernanza moderna orientada a resultados y con participación del seguro y de la red prestadora privada.
La universalización de la atención primaria representa una enorme oportunidad. Su éxito dependerá de algo más complejo que ampliar cobertura: requerirá construir una institucionalidad capaz de hacerse cargo de la red, financiar su crecimiento y responder con transparencia por los resultados. Así, este sistema dejará de ser una aspiración compartida para convertirse en una política de Estado y quizás la principal reforma sanitaria de esta década.
