La sala cuna universal es, en esencia, una política educativa de largo aliento. Se trata de entender que los primeros años son los más determinantes en la formación de un ser humano.

El gobierno de José Antonio Kast anunció en su reciente Cuenta Pública que el próximo 15 de junio ingresará las indicaciones al proyecto de ley de Sala Cuna Universal, prometiendo poner fin a una barrera que, según sus propias palabras, “por más de 100 años ha afectado la contratación de mujeres en Chile”.

Sin embargo, mientras el ministro del Trabajo, Tomás Rau, afina los detalles financieros y simula escenarios con cotizaciones de 0,2% o 0,25%, desde la oposición tenemos una pregunta clara: ¿de qué sala cuna estamos hablando?

Hoy enfrentamos una discusión que como país debemos abordar con seriedad. El proyecto de Sala Cuna Universal es una deuda pendiente que no podemos dejar a la deriva. El empleo femenino ha aumentado, pero también se ha visto afectado por la ausencia de redes de cuidado. Las mujeres chilenas esperan una solución real, y la sala cuna universal es ese progreso que permite acceder al trabajo sin castigos.

Porque no solo se trata de trabajo. Necesitamos educación para nuestros niños y niñas. En la sala cuna reciben estimulación temprana, formación pedagógica y desarrollo socioemocional desde los primeros meses de vida. Obtienen mejores herramientas y les va mejor en la vida. Eso es lo que está de fondo.

Por eso insistimos en que las salas cuna sean operadas por la Junji, Integra y los VTF, con profesionales capacitados, y no reducidas a un simple váucher privado que convierta la primera infancia en un negocio más. El ministro Rau habla de parámetros y escenarios; nosotras hablamos de estándares pedagógicos.

Pero hay otro impedimento que no podemos seguir postergando: la actual barrera de las 20 trabajadoras, que hoy obliga a las empresas a contar con sala cuna solo cuando tienen 20 mujeres en su dotación. Esta regla no solo es injusta, sino que además refuerza un modelo obsoleto donde el cuidado recae casi exclusivamente en la madre.

Necesitamos traspasar ese umbral a hombres y mujeres por igual, porque los padres también tienen la obligación y el derecho de hacerse cargo de la crianza, la educación y la tutela de sus hijos. La corresponsabilidad no puede ser un concepto vacío. Por lo mismo, el Estado debe asumir un rol activo con recursos genuinos a través de un sistema de bonificación estatal que ayude a las empresas a financiar este derecho, sin que toda la carga financiera recaiga sobre sus espaldas. Solo así lograremos que la sala cuna universal sea un beneficio real, compartido y sostenible.

Hay una frase que debiera estar grabada en cada decisión política seria: gobernar es educar. Porque un gobierno que no invierte en la formación de sus niños condena al país a repetir desigualdades durante décadas. La sala cuna universal es, en esencia, una política educativa de largo aliento. Se trata de entender que los primeros años son los más determinantes en la formación de un ser humano.

Gobernar es educar significa que el Estado asume su rol como garante del derecho al aprendizaje desde el nacimiento. Que las salas cuna no son un depósito de niños y niñas, sino una extensión del sistema educativo. Y eso solo es posible si la ley garantiza recursos, estándares pedagógicos y profesionales capacitados, no un mercado de cuidados desregulado.

Por todo esto, la sala cuna universal no es un gasto: es la inversión más rentable que podemos hacer como país. Es permitir que las mujeres elijan trabajar, estudiar o capacitarse sin que la maternidad se convierta en un castigo. Es entender que la corresponsabilidad no es un eslogan, sino una urgencia compartida.