¿Por qué fortalecer la Fiscalía también exige potenciar a la Defensoría Penal Pública?

Investigar, acusar y juzgar son los pilares fundamentales de nuestro sistema de justicia penal, una premisa que cobra aún más fuerza hoy, cuando se enfrenta la amenaza del crimen organizado. Hablamos de una criminalidad distinta: planificada, sofisticada, severa y fría en la preparación y comisión de sus delitos. Por lo mismo, existe un consenso transversal en que el Estado debe organizarse con urgencia, dotándose de nuevas herramientas, un Ministerio Público fortalecido y una Fiscalía Supraterritorial capaz de perseguir estas complejas estructuras.

Desde la Defensoría Penal Pública lo hemos dicho con claridad en diversas ocasiones: no nos oponemos al fortalecimiento de la persecución penal. Al contrario, potenciar a la Fiscalía es un deber ineludible del Estado. Sin embargo, para que esta estrategia sea exitosa dentro de los márgenes de un Estado de Derecho, existe una condición mínima: las instituciones que actúan como su necesario contrapeso también deben contar con las herramientas y recursos suficientes. Solo así se puede limitar el poder punitivo del Estado y garantizar que no se vulneren los derechos fundamentales de las personas.

Cabe hacerse una pregunta incómoda pero indispensable: ¿Qué pasa si las personas investigadas y acusadas no forman parte del crimen organizado? ¿Qué ocurre si dentro de una gran red criminal se incluye a alguien que no guarda relación alguna con el delito y es, en realidad, inocente? Podría ser usted, un familiar, un amigo, quien escribe estas líneas o un perfecto desconocido.

Ante ese escenario, ¿qué hacemos? ¿Asumimos que el encarcelamiento de inocentes es simplemente un “daño colateral” que colectivamente estamos dispuestos a pagar? Podríamos mirar hacia el costado con fría indiferencia, pensando que la suerte de esos inocentes no estuvo de su lado y que su destino será pasar años privados de libertad en “beneficio” de nuestra tranquilidad pública. ¡Un costo individual y familiar inimaginable que algunos, livianamente, calificarían como socialmente aceptable!.

Somos conscientes de que plantear esto no es popular. De hecho, es una postura contramayoritaria. No faltará quien sostenga y argumente que se pretende defender al crimen organizado con los recursos de todos los chilenos y chilenas.

Sin embargo, es precisamente en este escenario —aunque suene a contrasentido— donde la Defensoría Penal Pública se vuelve esencial.

Nosotros no defendemos delitos; defendemos a personas a quienes la Constitución les presume inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Y si llegan a ser culpables, enfrentarán penas altísimas que marcarán el resto de sus vidas. Ante ese nivel de gravedad, el sistema no se puede equivocar. O al menos, no tanto.

La ciudadanía merece una investigación objetiva, una justicia independiente y una defensa de alto estándar. Limitar el poder del Estado puede sonar impopular en tiempos de crisis de seguridad, pero es la única garantía para que la ecuación final nos entregue un Estado de Derecho robusto.

Evidentemente, no estamos a favor del crimen organizado ni en contra de la creación de una Fiscalía Supraterritorial. Tampoco nos oponemos a que se encarcele a los culpables de delitos graves. El punto crítico es que el castigo debe aplicarse cuando corresponda. Y eso se vuelve imposible si, en el camino, estamos dispuestos a encerrar a inocentes por el solo hecho de ser acusados despojándolos de un debido proceso y de una defensa de calidad.

Si el Estado va a robustecer el brazo que acusa, tiene la obligación democrática de fortalecer también el brazo que garantiza la justicia de ese proceso. Fortalecer a la Defensoría Penal Pública no es un capricho corporativo; es, también, un deber del Estado.