El Servel no entrega superpoderes: el peligro de confundir representación con capacidad en política

Hay algo profundamente extraño en la política contemporánea, que no termina de calzar, ya que hoy exigimos licencia de conducir profesional para un taxista, estudios y especialización para ejercer medicina, exámenes y reconocimiento de la Corte Suprema para poder litigar ante tribunales y credenciales profesionales para construir un puente (excepto el de Chacao), pero no exigimos prácticamente nada a quienes aspiran a dirigir nuestros destinos, redactar leyes, administrar presupuestos multimillonarios o incluso participar en la redefinición institucional completa de nuestro país. La democracia moderna, en nombre de la representación popular, terminó aceptando una paradoja peligrosa: la legitimidad electoral parece haberse convertido en sustituto automático de la competencia mínima.

Y no, esto no significa defender una tecnocracia elitista donde sólo gobiernen académicos encerrados en oficinas llenas de gráficos incomprensibles como villanos secundarios de una película de Disney. La democracia necesita representación, diversidad social y sensibilidad política. Pero también necesita algo mucho más básico: que quienes aspiran al poder comprendan al menos las funciones esenciales del cargo que buscan ejercer.

Entonces existe una confusión recurrente que vale la pena despejar, no estamos hablando simplemente de títulos universitarios. Tener estudios superiores no garantiza automáticamente comprensión institucional ni capacidad de gestión pública.

Un médico probablemente tendrá una mirada extraordinariamente valiosa para discutir políticas sanitarias, pero eso no significa necesariamente que esté preparado para redactar legislación educacional compleja. Del mismo modo, un abogado puede dominar teoría constitucional o litigación, pero administrar una municipalidad exige conocimientos de ejecución presupuestaria, planificación territorial, gestión de recursos humanos y administración pública que muchas veces están completamente fuera de su formación.

La política moderna parece asumir que el simple hecho de ganar una elección convierte mágicamente a cualquier persona en experta en el área que deberá administrar. Como si el Servel entregara superpoderes institucionales junto con el certificado de elección. Y evidentemente no funciona así.

Por eso, quizás el debate no debería centrarse en exigir carreras específicas o elitizar el acceso a cargos públicos, sino en algo mucho más razonable, establecer procesos obligatorios de nivelación técnica una vez electas las autoridades. Un sistema donde alcaldes, parlamentarios, gobernadores regionales o convencionales constituyentes deban cursar programas intensivos de especialización relacionados con las funciones que ejercerán. No como un filtro excluyente previo, sino como una exigencia mínima posterior a la elección democrática.

Un alcalde, por ejemplo, debería manejar nociones básicas de administración municipal, contratación pública, planificación urbana y probidad administrativa antes de asumir plenamente sus funciones. Un parlamentario debería comprender técnica legislativa, formación de la ley, control constitucional y ejecución presupuestaria. Y alguien encargado de redactar una constitución debería tener al menos una nivelación básica en derecho constitucional comparado, funcionamiento del Estado y teoría institucional.

No me refiero a doctorados eternos ni de transformar la política en una cofradía de expertos iluminados. Hablo de cursos obligatorios de especialización o nivelación (quizás de seis meses) que permitan a las futuras autoridades comprender mínimamente el ecosistema institucional donde operarán. Algo parecido a lo que sucede en un videojuego que, cuando lo empiezas por primera vez, te obliga a jugar un tutorial, para que entiendas las mecánicas del mismo.

Entonces el problema no es que existan representantes provenientes de distintos mundos profesionales; de hecho, eso enriquece enormemente la democracia. El problema aparece cuando personas con trayectorias completamente ajenas a ciertas áreas llegan a administrar estructuras complejas sin ningún tipo de preparación complementaria. Ahí la política comienza a depender peligrosamente de improvisaciones, asesores externos o intuiciones personales, en simple, empieza a operar el “yo creo”, en vez del “yo sé”.

Chile ofrece un caso particularmente ilustrativo de este fenómeno durante sus recientes procesos constitucionales. El primer proceso constituyente nacido tras el acuerdo político de 2019 representó una oportunidad histórica para redefinir institucionalmente el país. Sin embargo, rápidamente quedó expuesto un fenómeno incómodo, una parte importante de quienes participaron en la Convención Constitucional carecía de conocimientos mínimos sobre derecho constitucional, técnica legislativa, funcionamiento del Estado o límites que debería tener una constitución moderna. Eso produjo discusiones donde frecuentemente se confundían políticas públicas con normas constitucionales, deseos programáticos con principios jurídicos y consignas emocionales con arquitectura institucional.

El problema nunca fue la diversidad de perfiles. Una democracia sana necesita profesores, dirigentes sociales, profesionales, trabajadores y representantes de distintos sectores. El problema fue otro, muchos actores parecían desconocer incluso las bases del sistema que pretendían rediseñar. Lo que tornó la discusión pública en una competencia de simbolismos morales.

La propia evolución del segundo proceso constitucional evidenció que el sistema político percibió ese problema. La incorporación de una Comisión Experta en el proceso de 2023 respondió precisamente a la necesidad de introducir conocimiento técnico en la elaboración constitucional. La Ley N.º 21.533 creó un órgano compuesto por especialistas encargados de redactar un anteproyecto que serviría de base para el Consejo Constitucional electo democráticamente. No fue casualidad; fue el reconocimiento implícito de que las instituciones complejas requieren algo más que entusiasmo y buenismo político.

Y aquí aparece uno de los dilemas más incómodos de nuestra época, la política comenzó a romantizar la ignorancia como símbolo de autenticidad. En muchos casos, admitir desconocimiento técnico incluso parece otorgar cercanía electoral. “No soy experto, soy como ustedes”. Pero administrar un Estado no consiste únicamente en interpretar emociones sociales; consiste también en resolver problemas reales dentro de estructuras jurídicas, presupuestarias y administrativas extremadamente complejas.

Eso explica por qué en tantos países contemporáneos el debate público parece haber mutado hacia una lógica de slogans. La complejidad institucional fue reemplazada por frases diseñadas para TikTok, X antes Twitter, o titulares de medios de comunicación. Los incentivos electorales premian la indignación instantánea más que la comprensión profunda. Y en ese escenario, muchos candidatos descubrieron que ya no necesitan entender cómo funciona el Estado; basta con transmitir superioridad moral o emocionalidad performativa.

El problema es que gobernar no funciona como un streaming improvisado donde basta reaccionar rápido y mantener entretenida a la audiencia. El Estado tiene límites jurídicos, presupuestarios y administrativos. Ignorar eso no elimina esos límites; sólo produce frustración social cuando las promesas imposibles inevitablemente colapsan contra la realidad, ejemplos varios, solo por señalar algunos “este gobierno será la tumba del neocapitalismo” o “en los primeros 90 días expulsaremos 300.000 inmigrantes irregulares”.

La experiencia internacional ofrece ejemplos similares. En varios países latinoamericanos y europeos ha surgido una creciente discusión sobre la tensión entre democracia representativa y conocimiento experto. La literatura sobre tecnocracia advierte tanto los peligros de gobiernos completamente dominados por especialistas como los riesgos opuestos de sistemas donde el conocimiento técnico es despreciado en favor del voluntarismo político. La evidencia comparada muestra que las democracias modernas necesitan equilibrar legitimidad popular con capacidades institucionales reales.

Quizás uno de los errores más grandes de nuestra generación política fue asumir que cualquier crítica a la improvisación equivalía automáticamente a un elitismo. Y no son lo mismo. Exigir preparación mínima para ejercer poder público no debilita la democracia; puede fortalecerla. Del mismo modo que exigimos capacitación continua a jueces, médicos, policías o ingenieros, parece razonable exigir también procesos formativos básicos a quienes administrarán recursos públicos, legislarán o dirigen nuestros destinos.

Nadie esperaría que un piloto diga orgullosamente que jamás estudió aeronáutica porque “vuela con sentido común”. Sin embargo, algo parecido ocurre frecuentemente en política. Se romantiza la improvisación, se desprecia el conocimiento especializado y se instala la idea de que cualquier cuestionamiento técnico constituye arrogancia antidemocrática. El resultado suele ser devastador, instituciones debilitadas, expectativas imposibles y ciudadanos cada vez más frustrados con sistemas que prometen mucho más de lo que realmente pueden cumplir.

Lo que nos lleva, según mi opinión, a lo que quizás sea uno de los grandes dilemas políticos de nuestra época, “confundimos representación con capacidad, carisma con competencia y viralidad con liderazgo”. Como si la política hubiese sido escrita por los guionistas que Disney puso a cargo de la continuación de Star Wars.