La Defensoría de la Niñez manifestó preocupación por la propuesta presentada por el Gobierno en el Senado, la cual busca ampliar las facultades para solicitar antecedentes sobre personas extranjeras sometidas a procedimientos de expulsión, y advirtió sobre sus posibles efectos en niños, niñas y adolescentes.
El organismo alertó que si hospitales, colegios o jardines infantiles pasan a ser percibidos como espacios de fiscalización, familias migrantes podrían dejar de acudir a controles médicos, vacunaciones o establecimientos educacionales por temor a ser denunciadas.
El pronunciamiento se suma a las dudas que ya habían surgido dentro del propio Ejecutivo, luego de que la ministra de Salud expresara reparos y pidiera revisar la propuesta “en la interna”.
Reportar migrantes: la indicación que desató cuestionamientos
La indicación fue presentada por el subsecretario del Interior, Max Pavez, durante la discusión del proyecto en la comisión de Gobierno del Senado.
En términos prácticos, la propuesta permitiría que distintas instituciones públicas y privadas deban entregar información requerida por la autoridad migratoria. Entre ellas aparecen organismos previsionales, establecimientos de salud y centros educacionales, incluyendo hospitales, consultorios, colegios y jardines infantiles.
En ese escenario apareció la postura de la Defensoría de la Niñez. El organismo reconoció que el Estado tiene facultades para diseñar e implementar políticas migratorias, pero sostuvo que dichas medidas deben considerar los impactos directos e indirectos sobre niños, niñas y adolescentes.
“La propuesta resulta preocupante, atendidos los riesgos que una medida de esta naturaleza podría generar en el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, sostuvo la institución.
La Defensoría advirtió que aunque la medida no esté dirigida formalmente a menores de edad, sí podría terminar afectándolos indirectamente si impacta a sus familias. Y ahí puso ejemplos concretos: separación familiar, pérdida de redes de apoyo, dificultades para acceder a salud y educación o temor a acudir a servicios públicos.
Según el organismo, esos efectos podrían derivar en “escenarios de grave desprotección”.
El temor a que hospitales y colegios sean vistos como espacios de control
Uno de los puntos que la Defensoría marcó con mayor fuerza apunta a las consecuencias prácticas que podría generar la medida. La institución sostuvo que existe una preocupación especial respecto de que hospitales, consultorios, jardines infantiles y escuelas comiencen a ser percibidos como espacios de fiscalización migratoria.
Y ese cambio, señalaron, podría tener consecuencias inmediatas. “Ese solo temor puede provocar que niños, niñas y adolescentes dejen de asistir a controles médicos, a campañas de vacunación, a atención de urgencia, a espacios educativos o espacios de protección”, advirtió el organismo.
La Defensoría recordó además que la Ley 21.430 establece que los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos sociales independientemente de la situación migratoria de sus padres.
El llamado al Congreso y al Ejecutivo
La Defensoría cerró su declaración con un llamado directo. Pidió al Ejecutivo y al Congreso reconsiderar la medida de reportar migrantes y realizar una revisión considerando el marco de la Ley de Garantías y Protección Integral de la Niñez.
Además, informó que ofició a la comisión de Gobierno del Senado para advertir formalmente sobre los riesgos de la propuesta y solicitar que el análisis legislativo incorpore los estándares de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
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