¿A quién protege el salario mínimo?

La discusión en torno al reajuste del salario mínimo se ha instalado en el Congreso. Mientras las posturas fluctúan entre los porcentajes de reajuste que propone el Gobierno por un lado, y demanda la CUT por el otro, vemos ciertas confusiones respecto a esta materia que se refuerzan sin que nadie las despeje.

El primer problema y el más relevante, es la ausencia de transparencia respecto del universo de trabajadores afectos al salario mínimo.

Si se considera únicamente el salario base bruto, el universo es relativamente acotado. Pero si se incorporan gratificaciones legales, bonos permanentes u otras asignaciones habituales, el umbral cambia significativamente y disminuye el número de trabajadores potencialmente afectos a esta regulación. Transparentar este dato es fundamental para tener una discusión razonable.

El segundo se refiere a la confusión conceptual respecto a que el sueldo mínimo sería un “salario de subsistencia”, cuando más bien su vocación es ser una protección para trabajadores que recién ingresan al mercado laboral.

Pretender que el ingreso mínimo resuelva por sí solo las necesidades materiales de un hogar puede terminar generando distorsiones importantes en productividad, contratación y empleo formal, especialmente en pymes que operan con márgenes estrechos.

Mientras la discusión corre por un carril particularmente estrecho que solo considera el reajuste fiscal, se evidencia un mercado laboral caracterizado por informalidad persistente, empleos discontinuos y deterioro en la calidad ocupacional.

En otras palabras, el telón de fondo del salario mínimo siempre será el acceso a trabajo formal de la mayor cantidad de personas posibles. La discusión pública, sin embargo, continúa entrampada bajo una lógica de empleo asalariado formal estable, que representa cada vez menos la realidad laboral de amplios segmentos de la población.

El desafío consiste en construir una política salarial capaz de reconocer la heterogeneidad del mercado laboral, compatibilizando protección a los trabajadores, sostenibilidad del empleo formal y capacidad de crecimiento de las empresas.

Sin un diagnóstico claro sobre quiénes son realmente los afectados, cómo poder mejorar sus situaciones laborales y cuáles son los objetivos de largo plazo de esta herramienta, el debate seguirá moviéndose más por consignas políticas que por evidencia económica.

Gustavo Díaz
Economista
Instituto Libertad