La pregunta de fondo no es solo cuánto cuesta, sino cuáles son las prioridades: ayudamos a los más desposeídos a subsistir o colaboramos con unos pocos para que se enriquezcan aún más.

En Chile, el INE utiliza la definición de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país para el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia determina la composición de una canasta básica de alimentos.

El IVA a los alimentos es un impuesto regresivo porque no distingue capacidad económica. Una familia vulnerable destina una proporción mucho mayor de su ingreso a la alimentación que un hogar de altos ingresos. En consecuencia, el peso relativo del impuesto es mucho más alto para quienes menos tienen.

Nuestro sistema tributario recauda con la misma fuerza sobre quien gana mucho y sobre quien apenas tiene para vivir. El IVA a los alimentos básicos castiga el consumo esencial de las familias, no el lujo ni el exceso.

El cálculo es claro: una canasta mensual promedio de $280.000 contiene $44.706 de IVA. Es decir, casi 45 mil pesos mensuales de la alimentación de aquellos que menos tienen son para el Estado. Eliminar el IVA del 19% a la canasta básica de alimentos para los hogares más vulnerables significaría un alivio concreto y directo al presupuesto familiar para los primeros cuatro deciles de la población —2,4 millones de hogares aproximadamente—.

Esta medida implicaría un costo fiscal anual de aproximadamente $1,287 billones de pesos, equivalentes a cerca de US$ 1.355 millones.

Dicho de otra forma, cuando el presidente plantea bajar del 27 al 23% los impuestos a los más ricos perfectamente podrían con eso, en vez de dejarlo en el bolsillo de los que más tienen, aplicar una medida como rebajar el IVA a la canasta básica y aliviar la vida de los más desposeídos.

Para explicar mejor lo planteado pongamos números. El sueldo promedio en Chile es de $611.000 mensuales y lo reciben cerca de 5 millones de trabajadores formales de un total de 10 millones. Para la mitad del país que vive de su salario, 45 mil pesos al mes no es una cifra marginal: puede significar el pago de servicios básicos, medicamentos, transporte o simplemente la posibilidad de llegar a fin de mes sin endeudarse.

Algunos sostendrán que el costo fiscal es elevado, que no hay caja. Sin embargo, la pregunta de fondo no es solo cuánto cuesta, sino cuáles son las prioridades: ayudamos a los más desposeídos a subsistir o colaboramos con unos pocos para que se enriquezcan aún más.

Cuando se discuten rebajas tributarias para grandes capitales o beneficios que concentran sus efectos en sectores de altos ingresos, las cifras suelen ser incluso mayores. Pero cuando se trata de aliviar el costo de vida de millones de familias, aparece de inmediato el argumento de la restricción presupuestaria.

Debemos eximir del IVA a los productos alimenticios de la canasta básica al igual que se hace en diversos países que entienden que el acceso a la alimentación no puede ser tratado como un bien de lujo. Es una medida que mejora el bienestar, reduce presión inflacionaria sobre los hogares más vulnerables y dinamiza el consumo en la economía real.

Si el objetivo es fortalecer la clase media y proteger a los sectores de menores ingresos, como han prometido José Kast y sus ministros, esta es una discusión que Chile debe dar con seriedad. Porque cuando el sueldo promedio es de 611 mil pesos, cada peso cuenta. Y cuando cinco millones de trabajadores viven con ese ingreso, el Estado no puede seguir actuando como si el costo de la vida fuera un problema secundario.

La política económica debe tener un principio básico: la economía debe estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía.

Eliminar el IVA a los alimentos básicos es una señal concreta de que el país entiende esa prioridad. La verdad puede ser incomoda, pero es mejor transparentarla. A más de 5 millones de chilenos no les da lo mismo cuánto gastan en alimentación, porque no alcanzan a llegar a fin de mes.