Perdonazo tributario a los superricos en medio del shock por el bencinazo

El presidente José Antonio Kast anunció en cadena nacional, el miércoles por la noche, su plan de “Reconstrucción Nacional”. Un mensaje cuidadosamente construido, con tono épico y apelación emocional, que buscó instalar la idea de un Estado activo frente a la adversidad. Sin embargo, hubo algo que no apareció en ese discurso: la realidad concreta que están viviendo hoy miles de familias en Chile.

Porque mientras el presidente hablaba al país, la gente ya estaba haciendo cuentas. El alza de los combustibles no es una abstracción técnica, fue una decisión política, un golpe directo al bolsillo: la bencina ha subido en torno a un 35%, el diésel cerca de un 60%, y con ello se encarece prácticamente todo. No es casualidad: el diésel mueve cerca del 98% de los bienes en Chile.

Eso se traduce en alimentos más caros —con proyecciones de alza entre 5% y 10%—, transporte interurbano que puede subir hasta un 40%, y una presión inflacionaria que podría extenderse hasta 2027. La UF, además, se encamina a superar los $40.000, encareciendo arriendos, dividendos y colegiaturas.

Esa es la vida real. Y esa fue precisamente la realidad que el Presidente, con una indolencia inaceptable, decidió omitir.

Porque en el corazón del proyecto que se presenta como respuesta a la emergencia, el gobierno incluye una medida de carácter estructural que va en la dirección opuesta a lo que exige el momento: una rebaja tributaria para los sectores más ricos del país.

Las cifras son elocuentes. Solo tres medidas —la reducción del impuesto corporativo de 27% a 23%, la reintegración del sistema tributario y la exención de contribuciones— implican una menor recaudación de aproximadamente US$ 2.992 millones, equivalentes a un 0,8% del PIB. De ese total, US$ 1.858 millones corresponden a la rebaja del impuesto a las grandes empresas, y otros US$ 965 millones a la reintegración.

No es un ajuste menor. Mientras se restringen las posibilidades de fortalecer educación, salud o pensiones, se decide aliviar la carga a quienes más tienen.

Las empresas que acceden a estos beneficios representan apenas el 1,9% del total, pero concentran el 88,9% de las ventas del país. En términos de personas, el impacto es aún más concentrado: el 1% de mayores ingresos captura cerca del 79% del beneficio, mientras la mitad más pobre recibe apenas un 6%. En el extremo, el 0,01% —unas 1.500 personas— concentra casi la mitad de los beneficios.

Pero hay un elemento aún más grave, porque no solo afecta la distribución de ingresos, sino que compromete el funcionamiento de la democracia.

El proyecto reincorpora la invariabilidad tributaria por hasta 25 años para inversiones superiores a US$50 millones. En simple: grandes empresas podrán asegurar, mediante ley o contratos, que las reglas tributarias no cambien durante décadas.

Esto no es nuevo. Es un regreso directo al modelo del DL 600, creado en 1974 en dictadura, que garantizaba estabilidad tributaria a inversionistas —especialmente en minería— a cambio de limitar la capacidad del Estado para modificar impuestos.

El problema no es solo económico. Es político. Porque una democracia supone que las mayorías pueden decidir, a través de sus representantes, cómo se distribuye la carga tributaria en función del interés general. Pero cuando se fija por adelantado que ciertos actores no verán alteradas sus condiciones por 20 o 25 años, lo que se hace es restringir esa capacidad.

Se amarra el futuro. Se blinda el privilegio. Se limita la soberanía democrática en materia tributaria.

Y todo esto ocurre en un contexto donde la ciudadanía enfrenta un alza brutal en el costo de la vida. Según encuestas recientes, casi la mitad de las personas ya ha tenido que modificar sus hábitos de transporte por el alza de los combustibles. La presión sobre los hogares es concreta, diaria y acumulativa.

En ese escenario, el mensaje que emana desde La Moneda es claro: cuando la ciudadanía necesita alivio, se invoca la estrechez fiscal. Cuando se trata de reducir la carga tributaria de los grandes grupos económicos —y garantizarla por décadas— los recursos y las certezas aparecen.

No estamos frente a una discusión técnica. Estamos frente a una definición política sobre quién paga los costos de una crisis y quién captura los beneficios del modelo. En síntesis, el proyecto del gobierno de Kast instala un doble estándar estructural: bencinazo para la gente, perdonazo tributario para los superricos

Y no solo eso. Busca, además, que esa desigualdad quede escrita hacia adelante, limitando la capacidad de la democracia para corregirla. Eso no es crecimiento. Eso es asegurar privilegios.