Campos de Hielo, una herida abierta

Días atrás, llegó a mis manos “El límite internacional en Campo de Hielo”, de los autores Cedomir Marangunic, Juan Ignacio Ipinza y Helios Murialdo, con una función que trasciende lo académico: expone una verdad incómoda y largamente silenciada. Lo ocurrido en el Campo de Hielo Sur durante la década de 1990 no fue un hecho aislado ni un mero ajuste técnico de hitos. Fue, más bien, una manifestación de desidia e improvisación destinados a materializar el “Acuerdo de 1998 sobre el Campo de Hielo Patagónico Sur”.

Como bien lo describe el libro, se cometieron en dicho proceso errores graves que aún no han sido explicados al país. Con el retorno a la democracia en 1990, Chile y Argentina avanzaron en dos acuerdos relevantes: la Declaración Presidencial Conjunta de agosto de 1990 y el Acta N.º 132 de la Comisión Mixta de Límites Chileno-Argentina de septiembre del mismo año. Ambos instrumentos buscaban concluir la demarcación del límite en zonas que, si bien estaban delimitadas por el Tratado de 1881, carecían de hitos físicos en el terreno. Estas zonas no superaban las 24.

Sin embargo, apenas un año después, en agosto de 1991, el gobierno de Patricio Aylwin adoptó una decisión trascendental e insólita: reabrir la delimitación de la zona de los hielos, ya definida un siglo antes.

Así, se acordó con Argentina un nuevo trazado que quedó consignado en el Acuerdo referido (aún no vigente). Este nuevo límite establece una línea poligonal entre el monte Fitz Roy y el cerro Daudet, desplazada hacia el oeste respecto de la línea histórica fijada en 1881.

Las consecuencias de esta decisión son significativas: Chile pierde cerca de 1.800 km² y Argentina se aproxima a menos de 8 kilómetros del océano Pacífico en el seno Andrews, lo que configura un grave error político y jurídico. Pero no fue lo único. El acuerdo también implicó la cesión de importantes masas de agua que, pese a encontrarse en territorio chileno, este acuerdo las considera argentinas, bajo la fórmula de “recursos hídricos propios”. Este constituyó un segundo y duro golpe para la soberanía.

El libro nos encamina a una hipótesis cada vez más central: el problema de Campo de Hielo no es un hecho aislado, sino parte de una secuencia de decisiones que responden a causas remotas e inconexas. La cesión territorial en Campo de Hielo ocurrió en paralelo a la negociación del Tratado Minero con Argentina de 1997, que abrió la frontera a la explotación de importantes yacimientos, pareciendo más un canje que un acuerdo que respetase el interés de Chile. Se repitió en estas latitudes la historia del Rey Midas y su ambición desmedida.

Más que errores puntuales, estamos frente a una doctrina que luego se esparció por el Estado chileno. La reacción tardía frente a la pretensión argentina sobre la plataforma continental magallánica, planteada en 2009 y objetada con claridad recién en 2020, es un ejemplo claro. Lo mismo puede decirse del incidente de los paneles solares instalados por Argentina junto al hito 1 en el Cabo Espíritu Santo, en Tierra del Fuego, incidente que pudo haberse evitado de estar ambas armadas en conocimiento del límite en la zona.

Una lógica que también se reflejó en decisiones como la creación del Parque Marino Diego Ramírez–Paso Drake, durante el segundo gobierno de Bachelet, que dejó fuera la plataforma continental al oriente del meridiano del Cabo de Hornos, cuestión que merece un análisis más profundo sobre el papel que jugaron en la delimitación del Parque Marino nuestra Cancillería y Armada.

Lo mismo con la aprobación exprés a la que fuimos empujados en el Congreso para aprobar un Tratado de Alta Mar sobre el que no se aclaró suficientemente sus efectos jurídicos sobre la soberanía chilena sobre nuestro mar antártico, duda que el anterior gobierno se negó a disipar y que revela la precariedad y desprolijidad con que se manejan importantes asuntos de Estado.

En definitiva, la política austral de Chile revela un patrón consistente: la ausencia del Estado en las relaciones internacionales de Magallanes y la Antártica Chilena, y es en este punto donde vale la pena detenerse un instante y remarcar que la soberanía no es un concepto abstracto, sino una práctica cotidiana. No se sustenta en declaraciones, visitas ocasionales o despliegues simbólicos, sino en presencia efectiva y conocimiento del territorio.

Cuando esa comprensión se pierde, la política se vuelve meramente administrativa: se gestiona lo inmediato y se negocia lo urgente, pero se descuida lo esencial. En ese proceso, los países comienzan a ceder, no necesariamente por presión externa, sino por desgaste interno.

El libro nos deja una enseñanza clara. Magallanes ha sido tratada como un borde cuando, en realidad, es un centro estratégico: de rutas marítimas, de acceso a la Antártica, de proyección bioceánica y de recursos clave para el futuro. Comprender esto exige abandonar la lógica centralista, actualizar conocimientos, mirar el mapa con nuevos ojos y, sobre todo, escuchar a quienes habitan el territorio.

Después de todo, como bien se ha dicho, el ser humano tiene la cabeza redonda para permitir que el pensamiento cambie de dirección.