El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó la controversia generada tras la filtración de un oficio y la publicación de decretos vinculados a un ajuste presupuestario, en medio de cuestionamientos por eventuales recortes que incluirían a la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Consultado por la diferencia entre los decretos y oficios filtrados, el secretario de Estado explicó que el oficio corresponde a “orientaciones” dirigidas a los ministerios para la elaboración del presupuesto 2027, mientras que los decretos —según precisó— son el resultado de negociaciones para concretar un ajuste inmediato.
“El decreto es el resultado de todas las conversaciones (…) para llevar adelante el ajuste del 3% en todos los presupuestos (…) Los decretos son imperativos y se refieren a cómo se lleva el ajuste ahora, que en promedio alcanza un 2%”, indicó.
Polémica por la PGU
Sin embargo, el foco de la polémica se concentró en la eventual reducción de recursos destinados a la PGU, lo que ha generado críticas por una aparente contradicción con compromisos de campaña del presidente José Antonio Kast.
Al respecto, Quiroz descartó categóricamente que exista un recorte a los beneficios sociales.
“Aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno. En absoluto”, afirmó, agregando que el objetivo del Ejecutivo es “buscar eficiencia” y prevenir situaciones de fraude o mal uso de recursos.
Pese a ello, ante la insistencia de la prensa sobre por qué se recomendaría una reducción en el programa, el ministro sostuvo que todos los programas deben ser revisados técnicamente, especialmente ante eventuales “hallazgos”.
“Podría haber gente que obtuvo eso y que no debería obtenerlo al tenor de la ley”, explicó, enfatizando que quienes reciben la PGU de manera correcta “no se les va a afectar en absoluto”.
Tensiones por señales contradictorias
Las declaraciones del titular de Hacienda se producen en un contexto marcado por cuestionamientos, luego que se conociera que el Ejecutivo evalúa recortes en más de 200 programas estatales, incluyendo la PGU, lo que tensiona el discurso oficial respecto a la protección de beneficios sociales.
En ese escenario, mientras los decretos apuntan a ajustes concretos en el corto plazo, los oficios fijan lineamientos para el diseño presupuestario futuro, dejando abierta la discusión sobre el alcance real de las medidas y su impacto en políticas sensibles como las pensiones.
Enviando corrección, espere un momento...
