El debate sobre la Nueva Educación Pública suele concentrarse en los problemas de instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Sin embargo, existe una pregunta igualmente relevante que ha recibido mucha menos atención ¿qué está ocurriendo en aquellos municipios que todavía administran educación y que están obteniendo buenos resultados?
Un reciente análisis de 173 comunas que aún no han sido traspasadas al nuevo sistema entrega antecedentes que merecen ser observados. Utilizando resultados Simce 2025 y ajustándolos por las condiciones de vulnerabilidad de los estudiantes, el estudio identificó 58 municipios que generan resultados educativos superiores a los que cabría esperar según su contexto social (Facultad de Educación, UDD).
Lo interesante es que casi la mitad de estos casos exitosos corresponde a comunas altamente vulnerables. En total, 27 municipios logran agregar valor educativo pese a enfrentar condiciones que normalmente se asocian a mayores dificultades de aprendizaje.
Los ejemplos son ilustrativos, en Cholchol, el 93,9% de los estudiantes se encuentra en condición prioritaria; en Cañete, el 87,3%; y en Curepto, el 85,3%. Aun así, los estudiantes de estas comunas obtienen resultados mejores de los que predice su realidad socioeconómica. No se trata de municipios favorecidos por el contexto, sino de territorios donde parece existir una capacidad de gestión que permite compensar parcialmente las desventajas de origen.
También existen casos destacados en contextos menos vulnerables. Talagante, Ñuñoa y San Nicolás muestran desempeños superiores a los esperados para sus estudiantes, evidenciando que una buena gestión puede marcar diferencias incluso cuando las condiciones iniciales son algo más favorables.
Estos datos son relevantes porque la discusión pública suele asumir que todos los municipios enfrentan problemas similares y que el cambio de sostenedor constituye necesariamente una mejora. Sin embargo, la evidencia muestra una realidad bastante más heterogénea porque existen municipios que claramente requieren apoyo, pero también existen otros que están logrando resultados positivos y de los cuales el sistema podría aprender.
De hecho, el propio Estado ha ido reconociendo esta diversidad porque desde 2022 se han realizado modificaciones legales, postergaciones y evaluaciones previas a nuevos traspasos, alejándose gradualmente de la lógica original de calendario. La pregunta que surge es evidente, si ya aceptamos que no todos los municipios son iguales ¿por qué no incorporar explícitamente esa evidencia en la toma de decisiones?
La política pública suele concentrarse en identificar los problemas, pero con frecuencia dedica menos esfuerzo a comprender los casos exitosos. Sin embargo, las experiencias que funcionan son una fuente invaluable de aprendizaje porque saber qué prácticas de liderazgo, de gestión pedagógica, de trabajo con las familias o desarrollo docente están presentes en estos municipios podría aportar tanto o más que seguir acumulando diagnósticos sobre aquello que no funciona.
Por ello, la discusión sobre los SLEP no debería centrarse únicamente en evaluar el desempeño de los servicios ya instalados. También resulta necesario estudiar sistemáticamente a aquellos municipios que están agregando valor educativo, especialmente en contextos vulnerables. Antes de reemplazar capacidades institucionales que hoy muestran resultados positivos, parece razonable comprender cómo operan y qué lecciones pueden ofrecer al conjunto del sistema.
Mauricio Bravo Rojas
Vicedecano
Facultad de Educación
Universidad del Desarrollo
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