Desarmar la violencia para proteger la vida

La violencia intrafamiliar y de género sigue siendo una de las expresiones más persistentes y dolorosas de la desigualdad y la violación de derechos en nuestro país. Ocurre puertas adentro y lejos de la mirada pública; sin embargo, sus consecuencias son devastadoras.

Las mujeres, por el solo hecho de serlo, se exponen a diversas formas de discriminación y violencia que, en demasiados casos, terminan en lesiones graves o incluso en la muerte. El riesgo de muerte aumenta exponencialmente con la presencia de armas de fuego cuya circulación y uso, mayoritariamente por hombres, ha venido aumentando en los últimos años. De hecho, casi el 50% de los delitos de homicidio se cometen con este tipo de armas.

Las cifras son alarmantes, por decir lo menos. Según datos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, durante el primer trimestre del año 2026 se han registrado 237.476 víctimas por violencia intrafamiliar. El 78,6% corresponde a mujeres. Lo que, en la práctica, significa que de las 10.295.673 mujeres que hay en Chile, 186.675 fueron víctimas de violencia de género en lo que va del presente año.

Y la cifra se vuelve aún más alarmante cuando se constata que, de acuerdo con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, durante el 2026 ya se han constatado 16 femicidios consumados y 139 femicidios frustrados.

En el año 2003, un estudio publicado en el American Journal of Public Health concluyó que la presencia de un arma de fuego en una relación marcada por la violencia aumenta en un 500% el riesgo de femicidio, es decir, una mujer tiene hasta cinco veces más probabilidades de ser asesinada por su agresor cuando este tiene acceso a un arma de fuego. Y, a falta de nuevas indagaciones, los números en nuestro país hablan por sí mismos; lamentablemente, en Chile, de los 46 femicidios consumados del año 2025, en el 17,4% se utilizó un arma de fuego (Fuente: Fiscalía Nacional).

Por eso, con el patrocinio de las ministras de la Mujer y Equidad de Género del gobierno anterior y actual, impulsamos un proyecto de ley que hoy se ha convertido en ley de la República. Su objetivo es simple, pero profundamente relevante: prohibir que quienes han sido denunciados por violencia de género, o han sido condenados por estos hechos, puedan tener armas de fuego. Sean estas armas inscritas o no, el juez tendrá la obligación, de requisar el arma, salvo excepciones muy fundadas.

Así, esta legislación representa un cambio de paradigma fundamental y es que, hasta ahora, muchas de las medidas relativas a la prohibición de armas dependían de decisiones discrecionales y de información incompleta. De este modo, con esta nueva normativa se fortalece la capacidad de los tribunales para acceder a los registros de armas, se establecen medidas obligatorias de restricción cuando existan antecedentes de violencia y se garantiza que las condenas por estos delitos tengan consecuencias efectivas respecto de la tenencia y el porte de dichas armas.

Asimismo, esta ley transmite una señal política y cultural importante. Durante mucho tiempo la violencia contra las mujeres fue considerada un asunto privado que le pasa a algunas, y del que es mejor no hablar. Pero la violencia intrafamiliar es mucho más que eso, y es necesario que comencemos a hablar en serio de su flagelo, porque es un problema de seguridad, de salud pública y de derechos humanos. Y, en ese marco, cuando el Estado adopta medidas concretas para reducir los riesgos, está diciendo con claridad que la protección de las víctimas no puede esperar, que es lo que finalmente hace esta nueva ley de la República.

La seguridad no se construye únicamente con más policías o con penas más altas; también se construye previniendo la violencia antes de que ocurra, identificando factores de riesgo y tomando decisiones que permitan salvar vidas. Un arma de fuego en manos de un agresor constituye un peligro real para las mujeres pero su existencia dentro del hogar también produce efectos. Atemoriza e inhibe, en muchos casos, la posibilidad de denunciar.

Con esta ley no vamos a erradicar la violencia de género, pero podemos contribuir a evitar que dicha violencia escale rápidamente y se convierta en un femicidio. Las mujeres podrán sentirse un poco más seguras y denunciar la situación que viven sin la amenaza latente de que las maten por hacerlo. Esta nueva ley es un paso concreto para proteger esas vidas. Y, en materia de derechos humanos, proteger la vida es siempre la primera prioridad.