El cable Chile-China: un caso que requiere una investigación a fondo

El proyecto de un cable de comunicaciones entre Chile y China es antiguo. En años anteriores se hablaba muchas veces de tal posibilidad. Pero fue en el segundo gobierno de Sebastián Piñera donde se comenzaron a hacer avances concretos, trabajando en ello la ministra de Transportes y Telecomunicaciones de entonces, Gloria Hutt.

El problema en esa época, como ahora, era que el tráfico sólo entre Chile y China no daba el ancho en cuanto a demanda, por lo que se requería la participación de otros países, ojalá de la región latinoamericana como un todo, razón por la cual el Ministerio promovió al menos convenios con otros países de la región, como Brasil, Paraguay, Argentina.

Más aun, el Gobierno consiguió que la Corporación Andina de Fomento, CAF, aportara tres millones de dólares no reembolsables para hacer estudios que permitieran diseñar el modelo de negocios y evaluar la factibilidad técnica del proyecto. Hubo incluso algunos bancos que manifestaron interés en participar eventualmente en tan gran proyecto.

Apareció en esos momentos la empresa china Mobile Telecom, ofreciendo construir dicho cable, oferta que el Gobierno no podía aceptar porque la elección de la empresa que lo construyera tenía que hacerse por licitación, en la que obviamente podían participar los chinos y quienes quisieran.

Esto es muy típico de las empresas chinas, ya que viví una situación parecida cuando era presidente del directorio de Ferrocarriles; los chinos llegan y ofrecen construirlo todo y financiarlo todo, y les cuesta entender que en Chile las cosas tienen que ser licitadas y que, en ese marco, puede ganar cualquiera que cumpla mejor con lo que la licitación solicita.

Se sabe que ya en esos momentos instituciones ligadas a Estados Unidos hicieron llegar su opinión al gobierno de Piñera en el sentido de la inconveniencia de dejar entrar al proyecto a los chinos, recibiendo la misma respuesta del gobierno, a quienes además se les aclaró que ganar la construcción del cable no conllevaba otorgar también su operación, que el gobierno chileno se reservaba para sí, como corresponde, por lo delicado de las comunicaciones.

En algún momento las autoridades de la época estudiaron incluso el trazado que podría tener el cable y una de las opciones que fue ganando adeptos fue hacer llegar el cable a Australia, donde llegan varios cables desde Asia, para que desde allí se vincularan otras varias empresas, entre ellas algunas chinas, lo que ampliaba el abanico de posibilidades para los usuarios, que podrían elegir el porteador de sus comunicaciones, tal como establecimos en Chile en los años noventa la competencia en la larga distancia con los multiportadores, lo que contribuyó a rebajar sustancialmente el costo de las llamadas.

Esta alternativa tenía además la ventaja de acortar el cable y la inversión. Al terminar el gobierno de Piñera el proyecto pasó a Desarrollo País y ahí siguió su curso, al menos por un tiempo. Pero reapareció en el actual gobierno en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, pero ya no como el mismo proyecto.

En efecto, lo que ha hecho el MTT no ha sido retomar el proyecto que se venía trabajando desde el gobierno anterior, sino que al parecer han montado un nuevo proyecto, con un cable que no llega a Australia sino a China y esta vez ejecutado directamente por la empresa china Mobile Telecom, la misma a la que el gobierno anterior le había señalado que tendrían que participar en una licitación abierta para ganarse la construcción del proyecto.

Ahora los chinos ya no estarían compitiendo, y ese es un cambio fundamental en el modelo. No sólo eso, tampoco habría competencia entre varias empresas para llevar la señal originada en Chile hasta China y otros países del Asia, lo que era muy ventajoso en el antiguo proyecto en cuanto a inversión y costos de las comunicaciones, y también desde el punto de vista de la seguridad nacional. Porque lo clave no es tanto quien construye sino quien opera, porque ahí es donde se tiene acceso eventualmente a los datos, que es lo más crítico de esto.

Todo esto requiere una investigación a fondo. Hay demasiadas partes opacas e incluso oscuras en las versiones que han dado las actuales autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Esto de ninguna manera justifica las medidas absolutamente ilegitimas y que atentan contra la soberanía nacional que han tomado las actuales autoridades de los Estados Unidos, quienes gobiernan hoy con el garrote y atropellando la soberanía de los países más que con el respeto a las normas internacionales que hasta ahora nos regían.

Esta decisión arbitraria debiera ser rotundamente rechazada por absolutamente todas las fuerzas políticas del país, con una contundente declaración del Congreso Nacional. Si no lo hacemos, lo lamentaremos en el futuro, porque el país aún tiene decisiones estratégicas por delante respecto a sus riquezas, como por ejemplo el litio, también ambicionado por China y Estados Unidos. Esto, independiente de la torpeza y opacidad con las que las actuales autoridades del MTT han manejado este tan delicado proyecto del cable.

Al respecto, hay algunas cuestiones básicas a tener en cuenta. Uno, se trata de un proyecto con indudables repercusiones geopolíticas, especialmente en estos momentos en que se confrontan los dos grandes gigantes, USA y China, por la hegemonía mundial y en que un tema como el de las comunicaciones, en la era de la IA, y todos sus derivados, es absolutamente crítico. Nada que afecte los intereses de una u otra potencia puede manejarse como se manejaban antes las decisiones en proyectos como este.

Dos, por lo mismo, proyectos como este deben ser proyectos de Estado, es decir, proyectos en cuyas decisiones debe participar no sólo el gobierno de turno sino también todas las fuerzas políticas que tienen presencia parlamentaria, a través de alguna comisión o instancia donde el proyecto sea discutido en todas sus facetas y donde se tomen de manera vinculante las decisiones.

Esto no significa que el gobierno de turno renuncie a sus potestades constitucionales, sino que asumir el interés nacional de manera nacionalmente responsable y participativa, porque a todos los habitantes del país nos empecen las decisiones que se tomen, que tendrán repercusiones por décadas y generaciones.

Tres, un proyecto de esta envergadura y características -acceso a datos críticos- y por el propio modelo de financiamiento y de sostenibilidad financiera que requiere, debiera ser asumido al menos por un conjunto de países de la región, sea los miembros de Mercosur -que acaban de firmar un tratado comercial con la Unión Europea-, sea por ALBA, se por el esquema asociativo latinoamericano que sea, incluyendo uno exclusivamente armado para este solo propósito.

Esto, no sólo para lograr niveles de demanda adecuados sino, también, por razones de seguridad colectiva, cuando en el mundo de hoy las grandes decisiones que perfilan nuestro futuro se están tomando por las grandes potencias, por las grandes corporaciones y por grandes bloques de países, como BRICS y otros. El juego mundial ha cambiado y tenemos que saberlo jugar si no queremos ser aplastados o subordinados.