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Viene un período de incertidumbre respecto de cuál será el camino que adoptará Trump y cuáles serán los aranceles resultantes a fines de 2026. Donde no quedan dudas es en que Trump buscará otros medios para reemplazar la serie de aranceles globales hoy cuestionados por la Suprema.
La Corte Suprema decreta la ilegalidad de los “aranceles recíprocos” de Trump
En un fallo contundente (6 contra 3), la Corte Suprema de EE.UU. anuló los “aranceles recíprocos” aplicados por la administración Trump al amparo de la IIEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) desde el 2 de abril de 2025.
El 28 de mayo 2025, el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU. ya había declarado que esos aranceles eran ilegales. El gobierno apeló y se sucedieron varios procesos en diversos tribunales hasta que este 20 de febrero 2026 la Corte Suprema le dio el golpe final a este uso de la IIEPA. El fallo contó con 3 votos de jueces conservadores, nominados por Trump.
En una muestra más de su desprecio por el Estado de Derecho, Trump trató el fallo como “vergonzoso” y a los jueces que lo votaron a favor como “tontos, perros falderos e influidos por intereses extranjeros”. Agregando más leña a la hoguera, anunció que “nuevos aranceles serán más fuertes” y que al respecto no tiene pensado consultar al Congreso.
La inmediata reacción de Trump, junto con denostar a los jueces de la Suprema, fue anunciar el viernes 20 de enero una orden ejecutiva que impondrá un arancel de 10% global bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, reemplazando parcialmente los aranceles del 10% al 50% bajo la IIEPA de 1977 que el tribunal superior declaró ilegal, poniendo fin a la recaudación vía esos aranceles.
Al día siguiente, Trump elevó ese arancel global al 15%. Se mantuvieron exenciones para productos aeroespaciales; automóviles de pasajeros y algunos camiones ligeros; bienes de México y Canadá que cumplen con el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá; productos farmacéuticos y ciertos minerales y productos agrícolas críticos.
La Sección 122 otorga al presidente una facultad extraordinaria y temporal para imponer aranceles o cuotas de importación cuando existan “grandes y serios déficits en la balanza de pagos” del país y puede hacerlo sin necesidad de investigaciones previas. Permite imponer aranceles de hasta 15% y por un período máximo de 150 días. Su prórroga más allá de ese plazo requiere la aprobación del Congreso.
Los argumentos de la Suprema
La Corte Suprema avaló argumentos previos de las cortes inferiores, argumentando que el Ejecutivo se excedió en sus atribuciones. La IIEPA permite regular importaciones para responder a emergencias nacionales que representen una amenaza externa inusual y extraordinaria, amenaza que puede ser de seguridad nacional, de política exterior o económica. Permite congelar activos, bloquear o impedir transacciones, restringir comercio e inversiones, prohibir transferencia de divisas e imponer sanciones económicas a países o entidades. Nada dice sobre aranceles.
La Suprema argumenta que los aranceles son impuestos y que crearlos o modificarlos es una atribución exclusiva del Congreso y, por ende, la administración se atribuyó potestades que no le correspondían.
Sentencias previas cuestionaron el “carácter inusual y extraordinario” de la crisis de balanza de pagos, toda vez que se trata de una circunstancia que acompaña a la economía estadounidense desde hace varias décadas. Algo que ha permanecido por décadas, mal puede considerarse “inusual o extraordinario”.
Consecuencias jurídicas
El gobierno no podrá seguir aplicando los “aranceles recíprocos”. Los aranceles sectoriales (al acero, automóviles, al cobre, aluminio y otros) siguen en pie pues responden al uso de otro instrumento legal. Por cierto, Trump buscará otras vías para persistir en su arremetida de presiones y chantajes comerciales.
Para el proteccionismo de Trump siguen abiertas otras vías legales: la mencionada Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962; las Secciones 122, 201 y 301 de la Ley de Comercio de 1974 y la Sección 238 de la Ley Arancelaria de 1930.
Lo que el fallo deja pendiente son dos temas: i) si la administración deberá devolver los aranceles pagados en virtud de la IIEPA y qué forma podría adoptar esa devolución y ii) en qué queda la serie de acuerdos comerciales bilaterales firmados por Trump, los que justamente se apoyaron en la presión que ejercía EE.UU. a sus socios con estos aranceles hoy cuestionados.
El caso volverá a la Corte de Apelaciones del Consejo Federal de EE.UU.(CAFC) y luego al Tribunal de Comercio Internacional (CIT) para que estas instancias definan la solución precisa, incluyendo si se deben procesar o no los reembolsos por los pagos realizados en virtud de estos aranceles y cómo habría que proceder en ese caso.
En caso afirmativo, la corte especializada deberá definir si ese reembolso será automático o contra litigios específicos, los que también podrían ser individuales o colectivos. Este proceso podría tomar varios meses y hasta un par de años.
Los estudios de abogados ya alertan a importadores para que presenten sus alegaciones, de modo de asegurar eventuales reembolsos. Los importadores han presentado más de 1.000 demandas ante el tribunal de comercio solicitando reembolsos y es probable que se produzca una avalancha de casos nuevos.
En diciembre, el tribunal dictaminó que tenía la facultad de reabrir las determinaciones arancelarias finales y ordenar al gobierno el pago de los reembolsos con intereses, una facultad que la administración Trump declaró ante el tribunal que no impugnaría.
Cada importador podría tener que demandar ante el Tribunal de Comercio Internacional para obtener un reembolso. Los importadores tienen dos años para demandar y reclamar un reembolso, según la legislación comercial estadounidense. Los reembolsos de US$175 mil millones superarían el gasto fiscal combinado de 2025 del Departamento de Transporte y el Departamento de Justicia.
El proceso podría perjudicar desproporcionadamente a las pequeñas empresas, muchas de las cuales ya sufrieron más por los aranceles que empresas bien financiadas, de mayor tamaño o con buenos contactos con Trump, producto de lo cual obtuvieron exenciones arancelarias.
Si no se permiten demandas colectivas, es probable que el grueso de las pequeñas empresas renuncie a un posible reembolso, evitando pagar miles de dólares en honorarios legales y judiciales para presentar una demanda que, además, podría demorar un par de años.
Los acuerdos comerciales bilaterales de Estados Unidos quedan en compás de espera
En el caso de las dos docenas de países que firmaron acuerdos bilaterales con Estados Unidos para fijar aranceles y en algunos casos invertir en ese país reina la confusión y seguramente deben estar evaluando el costo-beneficio de ese acuerdo.
Sometidos a la presión de los “aranceles recíprocos”, debieron realizar importantes concesiones arancelarias y de regulaciones para obtener un mejor trato de parte de EE.UU. y ahora quedan igualados en trato con aquellos países que no establecieron tales acuerdos.
Gracias a esa negociación bilateral, el grueso de los productos del Reino Unido ingresaba a EE.UU. con arancel del 10%, en tanto los de la UE enfrentaban un 15% y los de India, un 18%. El sábado 21 de enero de 2026, ese arancel global saltó al 15%, haciendo aún más asimétricos los acuerdos que varios países firmaron con EE.UU.
En India ya han surgido voces desde el Congreso que piden suspender el acuerdo con EE.UU. y renegociarlo. El marco de este acuerdo está ratificado por ambas partes, pero el texto legal aún está en negociación y se espera que entre en vigor en marzo o abril de este año.
En el Reino Unido, las organizaciones empresariales alegan caos e incertidumbre. Las empresas británicas que están recibiendo pedidos de E.UU. declaran que ante la incertidumbre reinante no saben qué precio cargar a sus productos. El R. Unido envía el 16% de sus exportaciones a EE.UU. y crece en el empresariado británico la idea de ir reduciendo esa cuota, de modo de otorgar mayor predictibilidad a sus ventas externas.
En el Parlamento Europeo se acaba de postergar la aprobación del acuerdo con EE.UU., firmado en julio 2025 hasta no contar con mayores seguridades de cumplimiento de lo acordado, por parte de EE.UU. La UE aceptó un arancel de 15% para sus productos, además de un 50% para acero y aluminio, obteniendo EE.UU. arancel cero para sus productos industriales e inéditas aperturas para sus exportaciones agrícolas.
Este desbalanceado acuerdo fue presentado por la Comisión Europea como “un buen acuerdo” que lograba evitar la amenaza del arancel general de 30% y de 27,5% para los automóviles. Con la medida de la Suprema, el desbalance se hace insostenible pues los productos de la UE enfrentarían un arancel de 15%, al igual que el resto del mundo. Las generosas concesiones comprometidas por la UE habrían sido entonces graciosas concesiones, gratuitas, sin contraparte.
Global Trade Alert señala que la decisión de la Suprema redujo el arancel efectivo promedio de EE.UU. del 15,4% al 8,3% (12% ahora que el arancel subió a 15%). La gran paradoja del desorden comercial de Trump es que ahora los países más beneficiados con las rebajas de aranceles son Brasil (19 puntos porcentuales menos, desde 30% a 10,9%)), China (7 pp menos) e India (6 pp menos). Los más afectados son los principales socios de otrora de EE.UU.: R.Unido (2,4 pp más), la UE (1 pp más) y Japón (0,7 pp más).
Imposible mayor desastre diplomático con sus principales aliados de otrora. Por cierto, esta situación será transitoria, ya que pronto Trump encontrará cómo seguir ahogando las exportaciones de quienes concibe como principales adversarios.
Las preguntas que surgen son cruciales: ¿Qué pasará con los nuevos aranceles del 15%, después de los 150 días? Si el Congreso vetase su renovación, ¿volverían esos aranceles a cero? Si no fuese así, ¿Serán mayores o menores al 15%? ¿A través de qué mecanismos? ¿Qué pasa con los acuerdos comerciales firmados?
¿Medio siglo de emergencia económica?
Los déficits comerciales no constituyen la emergencia que alega Trump para justificar el uso de la IEEPA. De hecho, el déficit en manufacturas, que es lo que más preocupa a Trump, acumula ya 50 años. Durante 2025, pese a la andanada arancelaria, el déficit comercial en bienes alcanzó un nuevo récord de US$ 1,2 billones de dólares, subiendo 2% respecto del récord anterior de 2024.
La verdadera emergencia es la bajísima tasa de ahorro en Estados Unidos. La tasa neta de ahorro interno -la suma del ahorro de los hogares, el sector público y la depreciación de las empresas— se redujo a 0,2 % del ingreso nacional en 2025. Este casi inexistente ahorro interno obviamente no basta para financiar la inversión.
Por ende, EE.UU. está obligado a importar excedentes de ahorro externo y acumular enormes déficits en la balanza comercial y en la cuenta corriente de balanza de pagos para atraer capital extranjero. Esa es la verdadera causa macroeconómica del déficit comercial norteamericano. Considerando la política fiscal de Trump, que reduce impuestos a los grandes ingresos, sólo se pueden esperar mayores déficits presupuestarios en los próximos diez años.
Ha quedado nuevamente demostrado, lo que es obvio en economía del comercio internacional: los aranceles no los pagan los países extranjeros sino básicamente los importadores, quienes transfieren la totalidad o parte del mayor costo a los consumidores, dependiendo de la elasticidad en la demanda del producto respectivo.
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York indicó que el 90% del costo de los aranceles ha sido asumido por importadores y consumidores estadounidenses. En rangos similares, esta conclusión ha sido respaldada por la Oficina de Presupuesto del Congreso.
A su vez, NBER (National Bureau of Economic Research) confirma que la mayor parte del costo recae en EE. UU., aunque con matices, dado que el elevado traspaso a precios -entre 80 y 100% del mayor costo del arancel- varía por sector. Algunos exportadores extranjeros ajustan marginalmente sus precios, pero el grueso del costo se asimila internamente.
Estos resultados no agradaron a K. Hasset, director del National Economic Council, (entidad asesora del Presidente que funciona en la Casa Blanca). Hasset atacó a la Reserva Federal por este estudio; lo calificó de “vergonzoso” y pidió que las personas que realizaron ese estudio “deberían ser disciplinadas” (¿?) Por cierto, en la jerga trumpiana, este “disciplinamiento” constituye una peligrosa amenaza más a la autonomía de la autoridad monetaria y a la seguridad de los profesionales que realizaron el estudio.
Impactos probables sobre el comercio mundial
La principal conclusión es que se agrega una turbulencia adicional sobre la dinámica del comercio mundial y la economía global, una vez que ésta se había conseguido acomodar a la embestida arancelaria de Trump durante 2025.
Viene un período de incertidumbre respecto de cuál será el camino que adoptará Trump y cuáles serán los aranceles resultantes a fines de 2026. Donde no quedan dudas es en que Trump buscará otros medios para reemplazar la serie de aranceles globales hoy cuestionados por la Suprema.
Primará la incertidumbre comercial. Trump no abandonará su política proteccionista. Usará todo el poder de la Casa Blanca para imponer elevados aranceles, cualquiera sea el nuevo accionar de la Suprema. Se aprovecha además de la demora con que reacciona el aparato judicial.
De hecho, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, definió el uso de la Sección 122 como un puente de 5 meses, período durante el cual se realizarán los estudios sobre tarifas de las Secciones 232 y 301. Esto es una nueva provocación pues ambas secciones requieren investigaciones técnicas, consultas y protocolos precisos, pero Bessent ya está anticipando el resultado de estas “investigaciones”: se vienen nuevos castigos arancelarios.
Nos despedimos de un orden mundial basado en normas; se rompe la confianza transatlántica. Se va conformando un nuevo orden económico internacional, con la principal potencia económica haciendo gala de proteccionismo y de marcada incertidumbre en su política comercial, pasando a llevar el derecho internacional.
Bien lo dijo el PM de Canadá, Mark Carney, en Davos: “era un orden imperfecto y aplicado de modo desigual, pero aportó beneficios genuinos a toda la humanidad, particularmente a los países en desarrollo”.
Por cierto, en un mundo sin reglas, se impone la ley del más fuerte y sin cortapisas. Ahora que el EE.UU. de Trump exige propiedad sobre territorios (Groenlandia, Canal de Panamá), se apropia de recursos de otros países (Venezuela), bombardea posiciones (Irán, Pacífico), exige US$500 mil millones en minerales críticos como pago por la ayuda militar (Ucrania), impone un cerco energético inhumano (Cuba), no respeta sus acuerdos de libre comercio, se retira de un amplio conjunto de instituciones multilaterales e intenta reemplazar a la ONU con 26 “países amigos” (Junta por la Paz), en un club donde más de la mitad de esos países amigos tienen acceso restringido a EE.UU. con la política de visados y donde, de acuerdo al Democracy Index 2024, The Economist Intelligence Unit, la mitad de ellos son regímenes autoritarios y buena parte del resto, democracias altamente imperfectas o regímenes derechamente no democráticos. En ese club, Trump dicta las normas, elige quien puede ingresar y exige un pago inicial de US$ 1.000 millones para la foto-oportunidad con el gran jefe.
Recogiendo la sugerencia del PM de Canadá, Mark Carney, el primer paso es llamar a las cosas por su nombre, atreviéndonos a “quitar el cartel”. La tendencia a apaciguar, a evitar problemas, a esperar que esto cambie… todo esto no funciona cuando existe una voluntad de subyugación.
El desafío para países de desarrollo intermedio es buscar espacios de cooperación que refuercen la autonomía estratégica, con mecanismos de geometría variable que permitan favorecer reglas compartidas de comercio e inversión.
Hoy existen diálogos avanzados entre la UE y el CPTPP; a ellos debiera sumarse el RCEP. Canadá se acerca a la UE. Los acuerdos de la UE con Mercosur y con India apuntan en la misma dirección. El desafío es que el comercio mundial que no incluye a EE.UU. sí se rija por reglas.
El plazo de 150 días con que cuenta el nuevo arancel de 15% vence en julio, a poco más de 3 meses de la elección de medio término en EE.UU. La drástica caída de Trump en las encuestas, las sucesivas derrotas republicanas en una serie de elecciones locales, el mal desempeño del empleo manufacturero, amén del escándalo Epstein, todas estas serán las variables claves que incidirán en el comportamiento de los republicanos y, por ende, en el margen político con que contará Trump para continuar o no con su agenda de “potencia económica depredadora”, como se menciona en el último número de Foreign Affairs.
