Chile no puede seguir financiando ciencia sin retorno

En 2002, The Economist calificó la Bayh-Dole Act como “posiblemente la legislación más inspirada de la segunda mitad del siglo XX”. Esta ley permitió que universidades y centros de investigación se apropiaran de invenciones desarrolladas con fondos federales, transformándolas en patentes transferibles. El impacto fue inmediato: más innovación, empresas y tecnologías en el mercado.

Antes, miles de desarrollos financiados por el Estado quedaban sin uso porque el Gobierno retenía los derechos. Sin una política uniforme, esas invenciones caían en el “Valle de la Muerte”: el Estado no podía llevarlas al mercado y las empresas no invertían sin exclusividad. Menos del 5% se licenciaba.

Bayh-Dole corrigió esto al crear una política unificada para todos los fondos públicos y permitir que las instituciones se adueñaran de sus resultados, activando inversión privada y transferencia.

El sistema de patentes corrige fallas de mercado: otorga exclusividad para incentivar inversión, exige divulgación para ordenar el conocimiento y convierte el saber en un activo transable, habilitando transferencia tecnológica y competencia entre innovadores.

Las lecciones que dejó 2025 ofrecen un paralelo evidente. El Nobel de Economía que fue otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt reactivó en Chile el interés por la relación entre conocimiento, productividad e innovación.

Para ellos, especialmente Mokyr, lo decisivo es el “conocimiento útil”: inventos protegibles, transferibles y escalables. Los Nobel de Física, Química y Medicina anunciados una semana antes confirmaron la tendencia, pues los nueve premiados tienen patentes y sus instituciones —Yale, Google, University of Melbourne, UCB Pharma, Celltech— combinan investigación básica y aplicada bajo modelos donde la apropiación de resultados es parte del proceso científico. Esto refuta la objeción de que “los científicos no patentan”. Los científicos más destacados del mundo lo hacen y convierten su conocimiento en innovación real. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no?

Chile enfrenta un problema previo y más grave al que Bayh-Dole buscó corregir. En EE.UU. había invenciones languideciendo en cajones; en Chile ni siquiera se patentan. No hay transferencia porque no hay activos. El efecto es el mismo: el conocimiento financiado por los contribuyentes no genera retorno.

Esto ocurre por falta de incentivos, desconocimiento y prejuicios, como la idea de que patentar “privatiza” la ciencia pública. Es al revés: las patentes divulgan el conocimiento de manera estandarizada, lo ordenan y permiten que compita, se transfiera y llegue al mercado con soluciones que nos mejoran la vida.

En EE.UU. no se invertía porque, sin exclusividad, las empresas no tenían incentivos para desarrollar tecnologías; en Chile no se invierte porque ni siquiera existe esa exclusividad inicial: al no haber patentes, no hay activos que permitan atraer capital, licenciar tecnologías o crear empresas. ¿Cómo puede pretender una universidad que el sector privado invierta en su investigación si no le asegura exclusividad?

El diagnóstico es claro. Además de financiar investigación, durante 15 años Chile ha financiado estructuras de transferencia tecnológica en universidades, pero no logran capturar resultados ni generar empresas.

Entre todas nuestras universidades no se presentan más de 120 solicitudes de patentes al año, una cada tres días, mientras que solo la Universidad de California presenta alrededor de 500 y empresas como Huawei 6.600; Samsung 4.600; Qualcomm 3.800; LG Electronics 2.000.

La evaluación del Programa de Apoyo a la Transferencia Tecnológica fue negativa: no cumplía sus metas, carecía de una estrategia clara y no contaba con indicadores que permitieran medir su desempeño. A la vez, los fondos públicos de I+D+i siguen dispersos en más de cien programas sin reglas comunes de propiedad intelectual.

Chile tiene hoy una oportunidad excepcional: aprobar y ajustar la Ley de Transferencia Tecnológica que se discute en el Senado, para que cubra todos los fondos públicos de I+D+i —no solo los de ANID— y permita que investigadores e inventores se apropien de los resultados mediante patentes cuando su institución no lo haga, y así puedan crear empresas de base científica y tecnológica.

Solo así la investigación financiada por todos se traducirá en startups, nuevas tecnologías y soluciones que lleguen al mercado.

Los Nobel dejaron un mensaje simple: el conocimiento útil es el que genera impacto. Chile no puede seguir financiando ciencia sin retorno. Es momento de corregirlo.