El líder que antaño ofrecía diagnósticos definitivos parece haber sido devorado por una parálisis que prefiere el silencio antes que reconocer que su retórica ha sido desbordada por los hechos.

En una reciente entrevista, Héctor Llaitul —líder de la Coordinadora Arauco-Malleco— formuló un diagnóstico que no solo reivindica la violencia, sino que clausura la posibilidad de cualquier política institucional.

Llaitul definió a la administración de Gabriel Boric como un «aparato represivo modernizado» y dejó entrever que la democracia no es más que una farsa supeditada a intereses extractivistas, al sentenciar que progresismo y derecha son «las dos caras de la misma moneda». Su conclusión fue un llamado explícito a la «lucha» ante el nuevo ciclo político.

Frente a la gravedad de este aserto, la respuesta inmediata del Gobierno fue el mutismo.

Este fenómeno no debe entenderse como un vacío inocuo, sino como lo que —desde el marco teórico de Saville-Troike sobre el lugar del silencio en la comunicación— podemos denominar un silencio significante: aquel que se transforma en mensaje cuando el contexto exige respuesta.

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En una democracia, cuando el Jefe de Estado es desafiado por un discurso de esta naturaleza y calibre, su silencio no es neutral: es un acto comunicativo que debe leerse como una confesión de incapacidad.

Este silencio significante revela tres dimensiones críticas:

Primero, una contradicción ideológica: el Gobierno calla porque el ataque de Llaitul golpea una cuestión que el oficialismo, en su tránsito desde la impugnación al poder, no ha resuelto.

Segundo, un cálculo político: la autoridad prefiere la crítica por omisión antes que fijar una postura que fracture su propia base.

Y tercero, una deserción del espacio público: al renunciar a la palabra, el Presidente permite que el relato de la fuerza sea el único que defina la realidad.

Resulta inevitable confrontar esta omisión con la trayectoria del presidente Boric. Es imposible olvidar cuando, poco después de asumir el mando, recorría la zona afirmando con solemnidad que en La Araucanía «hay terrorismo».

Pero hoy, cuando Llaitul desprecia esa misma institucionalidad, ese mismo mandatario opta por una impavidez desconcertante.

El líder que antaño ofrecía diagnósticos definitivos parece haber sido devorado por una parálisis que prefiere el silencio antes que reconocer que su retórica ha sido desbordada por los hechos.

Este tránsito de la compunción al mutismo no es prudencia, sino claudicación ética. La política es el ejercicio de la palabra frente a la fuerza; cuando un líder insurgente desafía los pilares de la convivencia y la respuesta del Jefe de Estado es la desidia, se produce una derrota discursiva e intelectual. Se envía el mensaje de que la defensa del Estado de Derecho es un asunto estacional, sujeto al cálculo del momento.

Al final, la autoridad se sostiene sobre la coherencia de su discurso. Un gobierno que observa en silencio el desafío a la ley es una administración que ha empezado a olvidar su tarea principal: defender la dignidad de la democracia frente a la tiranía de la fuerza. Esto debe ser así hasta el último día de mandato.

Gustavo Díaz
Director regional de IdeaPaís La Araucanía

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