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Más grave aún, este cambio se intenta implementar por vía administrativa, sin una modificación legal ni un debate legislativo de fondo.
Chile enfrenta hoy una paradoja preocupante. Mientras el discurso público insiste en la necesidad de reactivar la inversión, recuperar la confianza y acelerar el desarrollo digital, desde el propio Estado se empujan decisiones regulatorias que van exactamente en la dirección contraria.
Las concesiones móviles no son un trámite administrativo menor ni un simple permiso revocable a discreción. Son la base sobre la cual se ha construido, durante décadas, la infraestructura digital del país, que beneficia no solo a Chile, sino a millones de usuarios.
Gracias a ellas se han desplegado miles de antenas, redes de fibra, plataformas tecnológicas y servicios digitales que hoy permiten que nuestro país sea líder indiscutido en la región.
Detrás de cada concesión hay inversiones de largo plazo, intensivas en capital y con alto riesgo tecnológico, financiadas por privados bajo reglas claras y conocidas. La Ley General de Telecomunicaciones es explícita en esta materia, en sus artículos 8 y 9 bis establecen que las concesiones de servicios públicos e intermedios tienen una duración de 30 años y que son renovables por períodos iguales, a solicitud del titular, en este caso los operadores.
Este diseño no es casual ya que responde a la necesidad de otorgar certeza jurídica en un sector donde las decisiones de inversión se toman a largo plazo.
Sin embargo, la propuesta sometida a consulta pública introduce un giro inapropiado al someter la renovación de concesiones vigentes a concursos públicos, aun cuando existan operadores que han cumplido la ley y materializado las inversiones comprometidas.
Más grave aún, este cambio se intenta implementar por vía administrativa, sin una modificación legal ni un debate legislativo de fondo.
Aquí aparece el primer problema estructural al pretender alterar el régimen concesional mediante una norma infralegal.
En un Estado de Derecho, una decisión de esta magnitud no puede resolverse por instructivos técnicos ni decretos. Hacerlo debilita la seguridad jurídica y transmite una señal riesgosa a todos los sectores intensivos en inversión.
El segundo problema es económico. Introducir incertidumbre regulatoria eleva el riesgo, encarece el financiamiento y posterga decisiones de inversión.
En un país que atraviesa bajo crecimiento, caída de la inversión y estancamiento del empleo, esta señal es especialmente contradictoria. No se puede pedir confianza al sector privado mientras se cambian las reglas del juego a mitad del camino.
El tercer elemento, frecuentemente ausente del debate, son los usuarios. Millones de personas utilizan hoy servicios asociados a concesiones próximas a renovarse.
¿Qué ocurre con sus contratos si una concesión no se renueva al operador actual? ¿Cómo se resguarda la continuidad del servicio, la calidad de la red o como se asegura la libertad de elegir sin cambiar de proveedor? Estas preguntas no han sido abordadas con la seriedad que ameritan.
