Rostros del malestar: las crisis de Chile, Nepal, Argentina y Francia

1. LA CORROSIÓN INSTITUCIONAL DE CHILE

a. Decadencia institucional

La confianza en las instituciones constituye uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Sin ella, los sistemas representativos ven debilitada su capacidad de articular consensos, legitimar decisiones y proyectar estabilidad a largo plazo. En el caso chileno, el deterioro de la confianza ciudadana hacia las instituciones políticas ha sido persistente desde mediados de la década de 1990. El Reporte FARO UDD sobre confianza institucional en Chile (1995–2023), elaborado a partir de las series del Latinobarómetro, ofrece una panorámica clara de este declive, evidenciando que se trata de un proceso transversal y sostenido.

El Congreso aparece como uno de los espacios más golpeados por la crisis de legitimidad. En 1995, cerca de la mitad de la población (48%) manifestaba confianza en el parlamento. Para 2020, en el contexto del estallido social y sus secuelas institucionales, esa cifra había caído a un mínimo de 13%. En 2023 se observa una leve recuperación al 17%, aunque aún muy lejos de los niveles de la transición democrática. El informe calcula una caída acumulada de -65% en el período, lo que refleja la persistente percepción de ineficacia y desconexión de esta institución frente a las demandas ciudadanas.

La trayectoria de los partidos políticos es aún más crítica. Desde un 28% de confianza en 1995, descendieron hasta apenas un 8% en 2020, el registro más bajo de la serie. El 2023 muestra un repunte marginal a 11%, insuficiente para alterar la tendencia general. La pérdida acumulada de -68% es la más severa de todas las instituciones analizadas, configurando una crisis estructural de representación que pone en entredicho la capacidad de los partidos para cumplir su función articuladora en democracia.

El Poder Judicial presenta un descenso más moderado, aunque igualmente significativo. Partió con 40% de confianza en 1995 y llegó a 22% en 2023, lo que implica una caída del -45%. A diferencia del Congreso y los partidos, la curva del Poder Judicial es menos volátil, lo que podría sugerir una percepción de mayor estabilidad relativa, aunque no exenta de episodios de desconfianza derivados de casos de corrupción o de percepciones de ineficiencia.

La confianza en el Gobierno exhibe un comportamiento marcadamente volátil, pero con tendencias mediocres. En 1995 se situaba en torno al 43%, alcanzando un máximo de 60% en 2005 y luego descendió hasta llegar a 18% en 2020. En 2023 se recupera moviéndose sistemáticamente en el orden del 30%. La Presidencia de la República, en tanto, ha oscilado entre un 68% en 2000 y un mínimo de 17% en 2020, recuperándose levemente hasta ahora. Estas variaciones sugieren que la figura presidencial, aunque afectada por el descrédito generalizado, aún conserva capacidad simbólica de articulación en ciertos contextos políticos.

El estudio también incluye a instituciones de referencia social como la Iglesia, la Policía y las Fuerzas Armadas. La Iglesia inicia en 78% de confianza en 1995 y desciende hasta 32% en 2020, con una leve mejora a 42% en 2023. La Policía y las Fuerzas Armadas, en tanto, muestran un patrón distinto: aunque también declinan, logran mantener niveles más altos de legitimidad relativa. La Policía pasa de 63% en 1995 a 33% en 2020, para luego remontar a 60% en 2023. Las Fuerzas Armadas, de 56% en 1995, bajan a 33% en 2020 y vuelven a 57% en 2023.

Estos datos sugieren que, pese a la desconfianza política, las instituciones de orden mantienen un rol de anclaje simbólico en el imaginario ciudadano. Sin embargo, su volatilidad demuestra la importancia del clima social y político a la hora de su evaluación, es decir, sus números no provienen de su éxito institucional, sino de la coyuntura.

El balance del informe de Faro UDD global es elocuente: el descenso promedio de confianza en las principales instituciones políticas chilenas entre 1995 y 2023 alcanza aproximadamente un -50 %. Los partidos y el Congreso representan la expresión más dramática de esta erosión, mientras que el Gobierno y la Presidencia exhiben una volatilidad ligada a coyunturas políticas específicas, y el Poder Judicial experimenta un desgaste más pausado. En contraste, las instituciones de orden y seguridad mantienen mejores niveles relativos de confianza, aunque no inmunes al deterioro general.

En perspectiva comparada, el informe recuerda que esta crisis no es exclusiva de Chile, sino que forma parte de una tendencia global de desconfianza hacia las instituciones democráticas. Sin embargo, en el caso chileno, la intensidad de la caída —especialmente en partidos y Congreso— configura un escenario de fragilidad institucional particularmente agudo, con implicancias directas en la gobernabilidad y en la viabilidad de cualquier proyecto político de largo plazo.

b. Decadencia de líderes políticos en Chile

El gráfico siguiente, elaborado a partir de los datos de la encuesta CEP, muestra un fenómeno inquietante: la caída sostenida de la legitimidad de los líderes políticos en Chile durante los últimos 25 años.

El ejercicio es simple pero revelador. En cada medición de la CEP se registran decenas de nombres, pero aquí no importan las individualidades. Se toma a los diez líderes con mejor desempeño en cada muestra y se calcula un delta: la aprobación menos el rechazo. Luego se promedian las dos o tres mediciones anuales. Así, se obtiene un índice que refleja la temperatura del sistema político a través de sus figuras mejor posicionadas.

El resultado es impactante. Si a comienzos de la serie, hacia el año 2000, el delta anual de los diez mejores líderes superaba con holgura los 40 puntos, hoy el indicador se arrastra en torno al cero o incluso bajo él. Esto significa que los políticos más destacados de Chile —la elite del liderazgo— acumulan más rechazo que apoyo. En otras palabras: los mejores del juego parten su carrera de cien metros planos corriendo hacia atrás.

El fenómeno no es anecdótico. Revela una licuefacción estructural del sistema político, un debilitamiento profundo de la capacidad de organización social a través de liderazgos reconocidos. Los líderes ya no lideran: apenas sobreviven al descrédito.

El riesgo es evidente. Los datos actuales son equivalentes a los niveles observados en la antesala del estallido social de 2019. Cuando los líderes más visibles pierden legitimidad, la sociedad se reconfigura por otros canales: el incumplimiento masivo de obligaciones financieras, el aumento de morosidades, la erosión del respeto a las instituciones, el surgimiento de poderes de facto en barrios donde la policía deja de ser referencia. Estas no siempre son protestas masivas en las calles, pero sí son formas de desobediencia silenciosa que desangran el tejido institucional.

El delta de la CEP nos recuerda algo que solemos olvidar: un sistema político no solo necesita votos para funcionar, también requiere de liderazgos legítimos. Y cuando ni siquiera los mejores logran sostener la confianza ciudadana, lo que se avecina no es gobernabilidad, sino incertidumbre.

La situación chilena no es exclusiva. En distintos países las crisis institucionales y de elites políticas han sido intensas.

2. FRANCIA: EL MOMENTO DEGENERATIVO DE LA QUINTA REPÚBLICA

Francia ha sido, desde 1958, el paradigma de estabilidad institucional en Europa continental. La Quinta República, diseñada por Charles de Gaulle, buscaba superar el caos parlamentario de la Cuarta República y consolidar un presidencialismo fuerte capaz de dar gobernabilidad. Durante décadas, cumplió esa función: permitió alternancias políticas ordenadas, una narrativa republicana de progreso social y un Estado que se mostraba sólido incluso frente a crisis económicas y sociales.

Hoy, sin embargo, esa estabilidad se ha erosionado. Francia atraviesa un ciclo de malestar social profundo, manifestado en protestas masivas, fragmentación parlamentaria, sucesión de primeros ministros y una creciente incapacidad de sostener el pliegue simbólico republicano. La potencia europea aparece atrapada en un interregno degenerativo, donde lo viejo ha muerto y lo nuevo no termina de nacer, pero además las instituciones han comenzado a replicar sus propias deformaciones, entrando en la lógica de la patología priónica.

El detonante inmediato de la crisis reciente ha sido el presupuesto 2026 impulsado por François Bayrou, con recortes de gasto por unos €44.000 millones. Pero ese hecho no explica por sí solo la magnitud del malestar. El trasfondo incluye:

• Desigualdades persistentes, tanto territoriales como sociales, que se arrastran desde antes de la crisis de 2008.
• Erosión del Estado social: los recortes golpean la narrativa republicana que siempre prometió protección y servicios públicos robustos.
• Percepción de élites desconectadas: la figura de Macron y de sus gobiernos aparece asociada a tecnocracia distante, más preocupada de los mercados y la deuda que de la vida cotidiana de la población.

Este malestar ha cristalizado en protestas como los chalecos amarillos en 2018–2019, la resistencia masiva contra la reforma de pensiones en 2023, y más recientemente la huelga general Bloquons tout en 2025. Francia vive, desde hace más de una década, una secuencia de levantamientos sociales que expresan un malestar estructural.

El momento de crisis ha estado caracterizado por la fragmentación y el vacío de poder. La Quinta República nació para resolver la inestabilidad de gobiernos breves y parlamentos fragmentados. Sin embargo, ese problema ha vuelto:

• Macron gobierna sin mayoría parlamentaria tras la disolución de 2024.
• Los primeros ministros se suceden rápidamente: Bayrou fue el quinto en menos de dos años.
• Cada cambio de gabinete no es solución, sino repetición de la fragilidad.

El sistema ha entrado en un interregno parcial: lo viejo (bipartidismo, mayorías sólidas, relato del Estado social) ya no tiene vigencia, pero lo nuevo (multipolaridad política, demandas ciudadanas diversas) no logra articularse en una hegemonía estable. Francia parece condenada a un presente que se repite en bucles de crisis gubernamentales.

El pliegue simbólico que daba sentido a la Quinta República era doble:

1. Institucional: un presidente fuerte capaz de garantizar gobernabilidad frente a los vaivenes parlamentarios.
2. Social: un Estado que protegía a la ciudadanía mediante un pacto de bienestar, educación y servicios públicos.

Hoy, ambos pliegues están debilitados: El presidente mantiene poder formal, pero sin mayoría parlamentaria ese poder se convierte en caricatura: nombra primeros ministros que caen en pocos meses. Luego, es clave contemplar que el Estado social se ha erosionado bajo la presión de la deuda pública y los recortes, traicionando la promesa de equidad. Y es así como el relato republicano ya no logra integrar ni movilizar a la población. En su lugar emerge la impugnación y la protesta masiva.

Los pliegues se han convertido en un pliegue frágil, incapaz de sostener la cohesión simbólica de la nación. Francia ilustra con claridad una crisis estructural:

• Cada nuevo gobierno hereda la debilidad del anterior y la replica.
• El parlamento reproduce la parálisis en cada votación.
• El poder presidencial, diseñado para ser fuerte, se convierte en un muerto vivo: sobrevive, pero no gobierna.
• La protesta social, aunque vigorosa, también corre riesgo de convertirse en una licuadora eterna: reiterar bloqueos y huelgas sin construir alternativas estables.

La patología francesa consiste en la reproducción de la disfunción como norma. La política se convierte en un organismo que imita su propio mal funcionamiento.

Francia no está sola. Su crisis ha coincidido con otros países en momentos clave. Entre 2010 y 2011, cincuenta y cinco países tuvieron grandes protestas. Entre 2018 y 2019 sesenta y ocho países tuvieron grandes protestas. Chile fue siempre sucesor de estos ciclos, marcando al año siguiente grandes eventos de protestas.

Esta sincronía muestra que Francia es parte de un ciclo global de crisis, donde distintos países, con trayectorias muy diversas, atraviesan el mismo proceso: debilitamiento del pliegue, interregno prolongado y riesgo de la patología de una institucionalidad caída por licuefacción.

El futuro de Francia dependerá de si logra regenerar su pliegue simbólico o si se hunde en la repetición de su disfunción. Existen dos rutas posibles:

1. Pliegue creativo: un nuevo pacto social que combine protección, participación y gobernabilidad en un marco institucional renovado.

2. Pliegue regresivo: la tentación de resolver la inestabilidad con un giro autoritario o nacionalista, que reinstale un orden rígido sacrificando pluralismo.

Francia, símbolo de republicanismo y estabilidad durante décadas, se ha convertido en un laboratorio de la degeneración priónica de los sistemas sólidos. Su desafío no es solo económico o político, sino simbólico: recuperar la capacidad de dar sentido a la vida común. Solo así podrá salir de este interregno degenerativo.

3. NEPAL: SÍMBOLO DE PAZ Y LABORATORIO DEL MALESTAR SOCIAL

Nepal ocupa un lugar singular en el imaginario global. Como cuna de Siddhartha Gautama, Buda, el país se proyecta al mundo como tierra de paz y espiritualidad. Además, desde mediados del siglo XX, ha ganado un lugar de prestigio en el sistema internacional como uno de los mayores aportadores de tropas a las misiones de paz de Naciones Unidas.

Sin embargo, detrás de esa imagen externa de serenidad y reconciliación, Nepal vive desde hace décadas una crisis constante política y social marcada por la guerra civil maoísta, la abolición de la monarquía y una transición republicana que no ha logrado consolidarse.

Este contraste entre la paz exportada y la inestabilidad interna convierte a Nepal en un caso paradigmático para analizar con la matriz de malestar social y crisis política. El país muestra cómo los símbolos colectivos pueden funcionar hacia afuera mientras, hacia adentro, el pliegue que da sentido a la vida común se desgarra.

La crisis nepalí muestra un interregno entre la monarquía muerta y la república que no nace. La historia reciente de Nepal puede describirse con la imagen de Herzen: una viuda embarazada. El viejo orden, la monarquía, murió en 2008, tras años de erosión y el trauma de la guerra civil (1996–2006). Lo nuevo, la república federal, debía nacer de la Asamblea Constituyente y del pacto democrático. Sin embargo, ese parto se ha vuelto interminable.

La Constitución de 2015 prometió integrar diversidad étnica y regional, pero dejó conflictos abiertos con los madhesi y los janajati. Desde entonces los gobiernos se suceden sin estabilidad. Y es así como las máximas autoridades caen en cuestión de meses, incapaces de ofrecer un horizonte duradero. Por otro lado, las instituciones parlamentarias no funcionan como pliegues simbólicos de unidad, sino como espacios de fragmentación y desconfianza.

El interregno nepalí es, por tanto, un estado prolongado de incertidumbre constituyente, donde lo viejo ya no tiene vigencia y lo nuevo no logra instalarse. La sociedad vive atrapada en una transición que no termina, lo que alimenta el malestar y la frustración.

El pliegue simbólico es la operación cultural que permite dar sentido a la vida social, articular el sufrimiento y proyectar futuro. En Nepal, ese pliegue está debilitado. La guerra civil dejó una herida profunda sin relato de reconciliación. Ni la narrativa maoísta de redención revolucionaria ni la promesa liberal de democracia parlamentaria lograron integrar las expectativas sociales. El símbolo de Buda, tan potente hacia afuera, no tiene traducción política hacia adentro: no organiza el presente, no responde a la desigualdad ni a la exclusión.

Así, Nepal carece de un relato nacional compartido. Su base cultural más que integrar, divide. Las instituciones replican sus deformaciones en lugar de sanarlas. Cada nuevo parlamento o gobierno reproduce los mismos vicios de corrupción, clientelismo y fragmentación.

Por otro lado, el poder ejecutivo aparece como un “muerto vivo”: sobrevive, se mueve, pero no tiene vitalidad y no genera legitimidad. Incluso la protesta social corre el riesgo de entrar en inercia destructiva: los jóvenes de la Generación Z irrumpen como fuerza fresca, pero si sus demandas no encuentran cauce institucional, podrían convertirse en nuevas formas deformadas de disfuncionalidad. De hecho, es probable, pues el presunto liderazgo de esta generación probablemente esconderá las verdaderas soluciones necesarias, centrándose (en un error clásico) en convertir el síntoma (los jóvenes) en la solución, confusión que normalmente termina mal (como ocurrió en Chile).

El malestar social en Nepal se alimenta de expectativas incumplidas. El fin de la guerra civil y la instauración de la república prometieron desarrollo, integración y democracia. Lo que la población vive, en cambio, es pobreza persistente con migración masiva en busca de empleo; corrupción endémica, donde las elites se enriquecen mientras el resto sobrevive; exclusión étnica y regional, que impide que todos los ciudadanos se sientan parte del Estado; y fragilidad institucional, que convierte a cada crisis en posibilidad de colapso.

Este malestar es corrosivo en el tiempo, pero a veces se torna muy violento y altisonante, como ha sido en las últimas semanas con los gravísimos casos de ataques a elites nacionales. Lo concreto es que la juventud que protesta en 2025 nos ilustra con claridad que el país de Buda no ofrece paz a sus propios hijos.

4. LA CRISIS DE MILEI EN ARGENTINA

Argentina arrastra un malestar prolongado desde hace más de dos décadas. El trauma del corralito de 2001–2002 marcó el inicio de una crisis de confianza estructural: la sociedad aprendió que sus ahorros, su moneda y sus instituciones podían desplomarse de un día para otro. Ese recuerdo se fue renovando con cada ciclo de inflación, devaluación y promesa incumplida.

El peronismo, que durante décadas había sido capaz de articular un pliegue simbólico de inclusión social y movilidad, entró en crisis de credibilidad, desgastado por la corrupción y la incapacidad de ofrecer soluciones duraderas.

Así, cuando la economía volvió a estancarse y la inflación se desbordó en los años previos a 2023, el terreno estaba preparado para una respuesta radical: la irrupción de Javier Milei, que emergió como expresión disruptiva contra “la casta”, prometiendo una terapia de shock libertaria, el ajuste más drástico de la historia y la posibilidad de refundar el orden político argentino.

El gobierno de Milei se construyó sobre la idea de excepcionalidad. La “motosierra” no era solo un programa económico, sino una narrativa: Argentina podía salir de su loop histórico si asumía la disciplina fiscal extrema, desmontaba al Estado y dejaba que los mercados recrearan prosperidad.

La aprobación de la Ley Bases en junio de 2024 fue el primer gran triunfo institucional de esa agenda, señalando que, al menos en el plano legislativo, la nueva fuerza política podía abrir camino. A esto se sumaron logros económicos visibles: la inflación mensual, que parecía indomable, cayó a mínimos históricos en mayo de 2025, y el Fondo Monetario Internacional validó el giro con su primera revisión del acuerdo, proyectando una desinflación hacia niveles de 20–25% anual. El oficialismo presentó esos hitos como prueba de que “esta vez” la historia sería distinta. El nuevo pliegue libertario parecía en formación: la promesa de orden monetario y crecimiento disciplinado, sostenida en un relato de pureza y sacrificio.

Pero el pliegue comenzó a fracturarse pronto. En el segundo semestre de 2025, los escándalos de corrupción golpearon el círculo íntimo de Milei, incluyendo denuncias que rozaron a su hermana Karina, eje político de la administración. Esa revelación destruyó la pretensión de pureza que diferenciaba al gobierno de la “casta” que decía combatir.

Al mismo tiempo, la memoria histórica del dólar volvió a irrumpir: la presión cambiaria llevó la divisa a récords, el Banco Central tuvo que vender reservas a niveles críticos y los mercados internacionales marcaron la alarma con un aumento del riesgo país. El dólar se transformó otra vez en símbolo del malestar argentino, recordando a todos que ni el experimento libertario podía escapar a la lógica de crisis recurrentes. La excepcionalidad que sostenía el proyecto se desvaneció: la Argentina volvía a repetir su propio trauma, como un sistema priónico que replica la deformación que lo enferma.

El resultado es un presente cargado de paradojas. Milei consiguió éxitos parciales —bajar la inflación, equilibrar las cuentas fiscales, instalar una retórica de orden—, pero no logró consolidar el nuevo pliegue simbólico que debía articular a la sociedad. La corrupción, la persistencia del dólar como marcador de crisis y la erosión del apoyo social convirtieron la promesa de refundación en un interregno inestable. El viejo orden peronista perdió hegemonía, pero el nuevo orden libertario no logró estabilizarse: Argentina habita un tiempo suspendido, entre la caída de lo anterior y la incapacidad de lo actual.

El riesgo es que el país se hunda en la repetición de su propio malestar, replicando ciclos de ajuste, crisis cambiaria y desencanto político. La gran pregunta es si el proyecto libertario podrá mutar hacia un pliegue creativo —capaz de regenerar confianza y estabilidad— o si quedará como una anomalía más en la larga cadena de promesas incumplidas que definen la historia reciente de la Argentina.

Si se busca estimar la probabilidad de una salida exitosa de la crisis argentina en 2025–2026, es necesario definir que sería el “éxito” verificable en indicadores. Al respecto podemos bosquejar los siguientes factores:

1. Mantener la desinflación hacia fin de 2025 y 2026 (baja de dos dígitos, con IPC mensual estable en 1–2% y sin “rebotar”)
2. Estabilizar el tipo de cambio sin agotar reservas netas ni multiplicar controles
3. Cumplir las metas del FMI (ancla fiscal, acumulación de reservas, marco monetario) y conservar financiamiento
4. Contener los escándalos de corrupción y reconstituir credibilidad política para sostener reformas.

A favor Milei ha contado este año con una inflación razonablement controlada y el FMI completó la 1ª revisión con elogios al giro fiscal-monetario (julio/agosto 2025). Sin embargo, el problema es la fragilidad endémica que ha retornado con la ruptura alcista del precio del dólar y los problemas (también endémicos) de gobernabilidad.

En septiembre, el Banco Central volvió a intervenir con fuerza con ventas por >US$1.000 millones en tres días y una jornada récord de US$678 millones, mientras el peso y los bonos caían y el riesgo país subía. Esto indica tensión en el régimen cambiario y reservas netas acotadas, justo cuando la política sufre derrotas y escándalos que rozan al círculo íntimo (medidas judiciales por audios atribuidos a Karina Milei; pesquisas por coimas a exfuncionarios). La combinación de cambio débil y ruido político erosiona la expectativa de “excepcionalidad” que sostenía el programa y eleva la probabilidad de correcciones desordenadas.