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Lo que está en juego no es solo el precio del terreno, sino la capacidad del país para dar una respuesta justa a su propio fracaso estructural.
Por estos días, la llamada megatoma de San Antonio, se ha transformado en uno de los símbolos más evidentes de la crisis habitacional que atraviesa el país. Más de 4.000 familias –unas 10.000 personas– viven desde hace más de dos años en ese extenso terreno, organizadas en cooperativas, con niños, adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadores que no encontraron otra salida que levantar sus viviendas en un suelo que no les pertenece legalmente, pero que han hecho suyo en los hechos.
La situación ha entrado en una fase crítica. Tras vencerse el plazo de gracia otorgado por la Corte Suprema para buscar soluciones, y pese a advertencias reiteradas del alcalde de la ciudad y de los dirigentes sociales, el Gobierno aún no presenta un plan claro para acoger o reubicar a las familias. La amenaza de desalojo se mantiene, sin que se conozca aún un plan B.
Esto no es solo un problema de propiedad o de aplicación de la ley. Es, ante todo, una señal de alerta sobre algo más profundo, delata una sociedad que ha permitido que el derecho a la vivienda se convierta casi en un privilegio, y que no siempre sabe qué hacer cuando ese derecho choca con los límites del mercado o con los márgenes del Estado.
En palabras del propio alcalde Omar Vera: “No hay plan B. El municipio no está en condiciones de acoger o albergar a las familias que se vayan desalojando”. La respuesta oficial es el silencio. La pregunta que flota, entonces, es si el Estado está gobernando o simplemente reaccionando.
El rostro de una crisis
La megatoma de San Antonio no surge en el vacío: es apenas el rostro más visible de una crisis estructural que se arrastra por años y –digámoslo claro– supera las responsabilidades que puedan recaer en el actual gobierno. Según el propio Ministerio de Vivienda, hoy faltan más de 550 mil viviendas para cubrir la demanda básica, lo que equivale a casi un 8% de los hogares chilenos. A esa carencia se suman más de un millón doscientas mil casas en condiciones precarias: filtraciones, hacinamiento, estructuras deterioradas.
El cuadro se agrava con la expansión de los campamentos. En Chile ya funcionan más de 1.400 asentamientos informales, un 56% más que hace apenas cinco años. Cada uno de ellos refleja lo mismo: familias atrapadas entre arriendos impagables y créditos imposibles. Y si las proyecciones se cumplen, hacia 2025 el déficit habitacional podría superar las 750 mil viviendas.
Frente a este escenario, aplicar una solución exclusivamente policial sería un despropósito. Desalojar a 10.000 personas –familias enteras con vínculos comunitarios, redes de ayuda mutua y sentido de pertenencia– no es solo una medida, es una catástrofe. Sería, además, una renuncia del Estado a su rol articulador, mediador y garante de derechos.
Lo ha dicho con claridad Mario Reyes, presidente de las cooperativas de ocupantes: “Si mañana o el lunes los dueños dan el vamos al desalojo, eso demora un tiempo, que hay que aprovechar para seguir negociando. Necesitan dos años para desplazarnos a todos”. No es una amenaza: es una constatación de la magnitud del problema.
Una megatoma de esta envergadura es, en los hechos, una pequeña ciudad. Gobernar, en este caso, no significa optar entre legalidad y compasión. Significa conjugar ambas. Significa evitar que el derecho se vuelva una herramienta ciega de castigo, y no de justicia social.
Las familias no han rehuido el diálogo. Quieren adquirir los terrenos, pero el precio exigido por la inmobiliaria casi duplica la tasación oficial; mientras el Estado ofrece 0,21 UF por metro cuadrado, los propietarios piden 0,4 UF. Un desfase que impide cualquier solución realista, y que desnuda la tensión entre el negocio del suelo y la urgencia social.
A eso se suma la exclusión financiera. La mayoría de estas familias no califica para créditos hipotecarios. ¿Debe entonces intervenir BancoEstado como aval? ¿Es necesario crear una figura legal intermedia que permita regularizar, sin validar la ocupación ni condenarla al olvido? El dilema no es jurídico, es político. Lo que está en juego no es solo el precio del terreno, sino la capacidad del país para dar una respuesta justa a su propio fracaso estructural.
Chile ya ha vivido esto. Poblaciones como Herminda de la Victoria, La Bandera, La Victoria –hoy integradas al tejido urbano– nacieron como ocupaciones. Con apoyo estatal, esas comunidades pasaron del estigma a la consolidación. Se transformaron en barrios, en hogares, en parte del país. Es conveniente echar un vistazo a esas experiencia y soluciones y ver su aplicabilidad con los medios e instrumentos actuales.
Justicia social sin ingenuidad
Defender el derecho a la vivienda no es justificar la ocupación, ni despojar a los propietarios de sus derechos. Es comprender que hay momentos en que la legalidad debe encontrarse con la realidad. Que el Estado no puede actuar como notaría de los más fuertes, ni como gendarme del mercado. Hace falta una justicia social que no sea ciega ni complaciente, que respete la inversión, pero también la vida, que entienda que a veces la legalidad sin humanidad es apenas un residuo de poder sin legitimidad.
Frente a situaciones como la megatoma de San Antonio, Chile se retrata. Algunos piden mano dura (un lector de Emol proclamó “sacarlos a palos” desde el comienzo) y expulsión inmediata, sin pero alguno. Otros exigen legalización total y sin condiciones. Pero hay una tercera vía, más difícil: la política, el diálogo, la negociación responsable.
Lo que falta ya no son diagnósticos, sino decisión. Porque lo que se está jugando no es solo el destino de 4.000 familias. Es el tipo de país que estamos dispuestos a ser.
