Nosotros creemos que es tiempo de terminar con esta práctica que afecta no sólo el erario nacional, sino que también a los miles de adultos mayores cuya pensión se vería aumentada si es que como país nos atreviéramos a poner fin a esta farsa.

El 6 de agosto de 2024, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Resolución Nº 1180, de mi autoría, en la que junto a un grupo de colegas diputados solicitamos al presidente Gabriel Boric retirar beneficios a los “falsos exonerados políticos” y destinar estos recursos a los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

En efecto, desde nuestra perspectiva, la situación de los “falsos exonerados políticos”, no solo representa una injusticia hacia las personas verdaderamente afectadas, sino que también constituye un abuso del sistema de seguridad social y un mal uso de los recursos públicos.

A nuestro entender, algunas personas han obtenido fraudulentamente el estatus de “exonerados políticos” con el fin de acceder a estos beneficios pecuniarios, ya sea falsificando documentación o falseando testimonios.

Pero no sólo eso, sino que han podido acceder con el apoyo constante de parlamentarios de izquierda y extrema izquierda, quienes han otorgado sus firmas, sabiendo que la solicitud se trata de un fraude.

Durante la discusión en el Hemiciclo, se conoció que el Estado destina unos 400 millones de dólares en estos “falsos exonerados políticos” y que de la mano de la mano de la fiscal de la zona Metropolitana Centro-Norte, Ximena Chong, el caso quedó sepultado, luego de que ésta revisara sólo 77 de tres mil casos denunciados y luego decidiera no perseverar en la indagatoria.

Nosotros creemos que es tiempo de terminar con esta práctica que afecta no sólo el erario nacional, sino que también a los miles de adultos mayores cuya pensión se vería aumentada si es que como país nos atreviéramos a poner fin a esta farsa. Con todo, esto representa además una clara muestra de ineficiencia del Estado, así como también el mal uso de dineros públicos -que deberían ir destinados a los chilenos más necesitados-, en vez de favores políticos.

Es por esto que nuevamente hacemos el llamado al Gobierno y en especial al presidente Gabriel Boric, a enviar al Congreso un proyecto de ley que termine con este beneficio adquirido de manera fraudulenta por miles de personas que engañan al Estado con la anuencia de parlamentarios de la izquierda y la extrema izquierda.

Juan Irarrázaval
Diputado de la República (Partido Republicano)