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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Un juez federal de Boston, EE.UU., declaró inconstitucional la política migratoria de Trump que deporta a indocumentados a países donde no son ciudadanos. El juez Murphy revocó un memorando que permitía expulsar a migrantes con solo 6 horas de aviso y a cualquier país. Exigió un aviso significativo y tiempo para impugnar el destino. Demócratas del Senado revelaron que la administración Trump gastó $40 millones en deportaciones a países como El Salvador y Ruanda.

Un juez federal del estado de Boston, en Estados Unidos, decretó que la política migratoria aplicada por el mandatario, en donde expulsa a inmigrantes indocumentados a países donde no son ciudadanos, es inconstitucional.

A su juicio, la administración de Trump debiese entregar más tiempo a las personas para que puedan impugnar sus expulsiones.

Fue el juez Brian Murphy quien dejó sin efecto un memorando que autorizaba al Servicio de Inmuebles y Control de Aduanas (ICE) expulsar a migrantes a cualquier país y sólo con 6 horas de anticipación.

Según informa el Washington Post, Murphy señaló que el gobierno debe dar a los migrantes un “aviso significativo antes de la deportación a cualquier tercer país” y permitirles tiempo para plantear una objeción específica sobre el país de destino.

Altas cifras y nulas garantías

Según un informe entregado por los demócratas del Senado, sólo durante 2025 la administración de Donald Trump gastó cerca de $40 millones de dólares para que terceros países recibieran a sus deportados. Entre ellos, destacan El Salvador, Guinea Ecuatorial, Ruanda, Esuatini y Palaos.

A juicio de Murphy, “esta nueva política no cumple con el debido proceso por una serie de razones, entre ellas que nadie sabe realmente nada sobre estas supuestas ‘garantías’ de que los deportanos no serán perseguidos en los países de destino”.