En una de mis columnas anteriores, me referí a la profunda crisis ética por la que atraviesa nuestra cada vez más degradada sociedad. En esa oportunidad, escribí sobre el abandono de las obligaciones profesionales y laborales por parte de algunos, inmerecidamente llamados, «servidores públicos», quienes más que servir, se sirven del siempre endiosado Estado, el cual —dicho sea de paso— ha devenido apresuradamente en un voraz agujero negro succionador de recursos económicos.
Entre la desvergüenza y la normalización del abuso
Como usted ya se habrá podido enterar, el enésimo escándalo sacado a la luz gracias a la acuciosa labor de la actual Contralor General, señora Dorothy Pérez Gutiérrez, nos sorprendió esta vez con el mal uso y abuso de las licencias médicas, especialmente por parte de esos cuestionables servidores públicos, a quienes, en buena medida, debemos el estado de putrefacción ética y moral de las instituciones públicas, así como la calidad del servicio que entregan a usted, señor contribuyente.
La triste realidad es que hemos ido perdiendo la capacidad de asombro. La vergüenza pasa por fuera de las puertas de las reparticiones sin siquiera llamar a ellas.
¡Pero que hagan algo los políticos! Habrá dicho usted —y escuchado yo— en innumerables oportunidades. Y con justa razón. Los parlamentarios, a quienes entendemos por políticos, son los servidores del pueblo; los empleados a quienes los contribuyentes pagan el sueldo. ¿Para qué? Para que trabajen en ordenar ese Estado despilfarrador, habitado hoy por irresponsables y corruptos. Tal vez se lea con cierto tono de arrogancia, pero quisiera recordar, por este intermedio, que ya lo había advertido en varias oportunidades. Más aún, con mi equipo parlamentario hemos venido tratando de hacer mucho al respecto.
El día 2 de agosto del año 2022 comenzamos ingresando un proyecto que modifica el artículo 260 del Código Penal para establecer una recompensa por denuncias de delitos funcionarios. Este fue presentado en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados para su discusión. Podrá usted imaginarse cuál ha sido el destino de nuestra iniciativa. Sí, adivinó: aún duerme, cual princesa encantada, ya no en un cajón de escritorio, sino en un sistema de archivo, del que hasta ahora no ha podido ser despertada.
Permítame comentarle que, en esa oportunidad, fui mirado con extrañeza y burla por la naturaleza de nuestra iniciativa. Hoy, a la luz de los acontecimientos —donde esos mismos que ignoraron este proyecto rasgan vestiduras y se horrorizan por el escándalo de las falsas licencias médicas—, vaya hipócritas, si es que nunca les ha interesado verdaderamente poner el orden que Chile pide a gritos.
¿Defender la probidad es una falta de respeto?
Un antecedente adicional, como guinda de la torta: conforme a lo publicado por el diario El Mostrador el día 31 de mayo del presente año, un jefe que denunció a una empleada por salir del país estando con licencia médica fue sumariado y despedido. Y cito: “El informe de destitución invocó tratados internacionales sobre género y concluyó que el jefe atentó contra la dignidad humana”. ¡Oh, vaya sorpresa! También abordé este problema en otra de mis columnas anteriores. Váyase haciendo una idea —si es que aún no la tiene— de cuán de cabeza se encuentra nuestro país.
El Partido Nacional Libertario busca, precisamente por intermedio de sus parlamentarios, reponer estas iniciativas para recuperar lo bueno que queda de las instituciones públicas. Pero para ello se requiere que todos los chilenos, y en especial quienes gobiernan, legislan e imparten justicia, entiendan claramente que el ejercicio ético de su función es un bien superior y que debe ser resguardado a toda costa. Como expusiera Descartes en su Discurso del Método: “Perceptio clara et distincta”, que indica que, para que una idea o representación sea aprendida, es necesario que sea intuida en su peculiar individualidad y diferenciada de las demás. Para quienes no lo quieran entender, por el bien común, deben ser separados de su función pública.
Usted, señor lector y contribuyente, seguro se cuestionará si esta probidad en el servicio público —que se encuentra en franco proceso de naufragio— aún puede ser salvada. Pregúntese si quienes hoy le ofrecen soluciones mágicas, promesas de buena gestión y un cuánto hay de ofertones de campaña —cuyos rostros políticos en esta carrera son tan antiguos como conocidos— se preocuparán verdaderamente de cumplir su palabra tanto como se preocupan hoy de las tan célebres encuestas semanales, cuando usted ya les haya entregado su voto.
Nosotros no prometemos cuentos de hadas, no prometemos transformar el país ni solucionarle la vida; solo nos comprometemos —y en ello yo a la cabeza— a reponer el orden que Chile tanto necesita, y eso al costo político que sea.
Como siempre, en una democracia, es usted quien decide.