Después de 18 meses de debate en el Congreso, la Ley 21.674 entró en vigor con la promesa de estabilizar el sistema de ISAPREs y de introducir la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de FONASA. A casi un año de su implementación, el panorama revela una aparente estabilidad económica para las aseguradoras privadas, pero con un costo significativo para los afiliados y sin una reforma estructural que asegure su viabilidad en el largo plazo.

El verdadero desafío ahora recae en la MCC, cuya ejecución plantea incertidumbres en el mercado asegurador y en el sistema de salud pública. La definición de su prima es uno de los puntos críticos: mientras que FONASA estimó inicialmente un precio de $29.388 por persona, cálculos de nuestros sugieren montos cercanos a los $47.691. Esta diferencia impactará directamente en su demanda y competitividad frente a los seguros complementarios que han proliferado en los últimos años.

Ley Corta de ISAPRES y la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria: ¿Soluciones o nuevos problemas?

Además, la MCC podría tensionar aún más el presupuesto del sistema público de salud a fines de este 2025. Al mejorar los aranceles en prestadores privados y eliminar preexistencias, podría incentivar la migración de usuarios a FONASA, aumentando el gasto fiscal justo en un período donde los aportes extraordinarios podrían ser claves para paliar déficits históricos de los hospitales públicos.

Otro riesgo relevante es el desenlace de la licitación de la MCC, con la posibilidad de que ninguna compañía de seguros decida participar debido a incertidumbres regulatorias, costos operacionales elevados y alto riesgo de selección adversa. Si esto ocurre, el modelo enfrentará una crisis antes de consolidarse.

Paralelamente, la crisis de las ISAPREs sigue su curso con una reducción progresiva de afiliados, que no tiene visos de detenerse, una concentración de beneficiarios de mayor edad, riesgo y costo, con un incremento en la siniestralidad que llegó a 96,6% el 2024. El resultado es un alza en los precios base de los planes, que ya acumulan más del 40% desde 2021, afectando la viabilidad del sistema privado de salud.

Mientras el sector público absorbe más afiliados, aumentando las listas y tiempos de espera y el privado se reduce en cobertura y sostenibilidad, la pregunta sigue siendo si la Ley Corta y la MCC fueron realmente soluciones o solo paliativos aparentes para una crisis que aún no encuentra su desenlace.