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La dignidad humana debe prevalecer sobre las lógicas del mercado.
En tiempos donde incluso la muerte ha sido convertida en un lucrativo negocio, resulta alarmante que en Chile se cuestione la existencia de un proyecto como la Funeraria Popular de Recoleta. Más que una controversia administrativa, tengo la convicción de que estamos ante una disputa de fondo: ¿Puede el Estado garantizar una muerte digna a quienes no pueden pagar los precios abusivos del mercado funerario?
Un dictamen que ignora el rol social del proyecto
El reciente dictamen (E67826N25) de la Contraloría General de la República, que instruye el cierre del proyecto, argumenta que los municipios no podemos desarrollar actividades comerciales como la que —según se señala— realiza esta unidad. Pero tal interpretación no consideró que la Funeraria Popular es una unidad de servicios funerarios adscrita al Cementerio General, que opera bajo el marco legal de las ordenanzas municipales y en plena coherencia con la Ley de Rentas Municipales.
El proyecto no vende ataúdes ni promueve paquetes “premium” para el dolor. Presta servicios regulados, con tarifas fijadas por ordenanzas, en el contexto de un espacio público como lo es el Cementerio General, el cual, dicho sea de paso, no compite con el mercado funerario privado, sino que lo desafía. Y quizás por eso incomoda.
La Funeraria Popular cumple un rol social, profundamente humano, que es proteger a las familias vulnerables de un sistema que ha mercantilizado el luto. En vez de endeudarse, muchas personas -con este proyecto- pueden hoy acceder a un servicio digno, con estándares sanitarios probados y de profundo respeto hacia las familias en un momento de tanto dolor.
Una decisión política disfrazada de legalismo
El Reglamento General de Cementerios y el Código Sanitario reconocen la posibilidad de que existan casas funerarias públicas. Si la ley contempla esa posibilidad, ¿por qué se pretende clausurar una iniciativa que precisamente opera sin fines de lucro? ¿Cuál es el temor frente a esta política pública?
Detrás del dictamen de Contraloría no solo hay una visión estricta del derecho administrativo. Hay también una decisión política de excluir al Estado de un espacio donde su presencia inquieta a los intereses privados. Nosotros optamos por otro camino, creemos que si hay un momento en que las personas necesitan del Estado, las Municipalidades, tienen que hacerse presente resolviendo sus principales necesidades, dolores y angustias.
Hoy, lo que está en juego no es solo la continuidad de una unidad municipal. Está en juego la idea misma de que la dignidad humana debe prevalecer sobre las lógicas del mercado. Y que la muerte no puede ser, otra vez, un privilegio para quienes pueden pagarla.
