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El crimen organizado transnacional constituye una de las amenazas más serias para la estabilidad política, económica y social de nuestro país, pues pone a prueba las capacidades nacionales de poder garantizar bienes públicos esenciales como la seguridad y la justicia.
En tal sentido, la violencia dejó de ser un campo de trabajo únicamente doméstico, pues en creciente proporción se nutre de redes internacionales que han puesto el foco en las vulnerabilidades de nuestra institucionalidad y han sacado provecho de una sociedad sin consensos respecto del uso de la fuerza estatal, lo que ha terminado permeando (y esterilizando) la discusión política al respecto.
La geografía también ha colaborado, pues estudios especializados identifican tres zonas conflictivas en nuestro país. Una en las regiones fronterizas con Bolivia, otra en la zona central y la tercera en la macrozona sur, lo cual confirmaría la tesis que Chile no solo recibe, sino que también exporta violencia.
De ahí entonces la importancia de tematizarla como una variable emergente (y relevante) de nuestra política exterior, priorizándola como un eje de primera importancia en las agendas con países vecinos y aquellos que forman parte de las rutas de la violencia que ingresan y egresan de nuestro país.
Para eso es clave que Cancillería no se sustraiga y colabore con una visión más integral de un flagelo que compromete la robustez de nuestra democracia, y que requiere de un trabajo multidisciplinario del Estado chileno.
La designación de Brandon Judd: una señal del cambio en las relaciones bilaterales
En este sentido, la designación de Brandon Judd, un experto en seguridad y cuestiones fronterizas e inmigratorias, como futuro embajador en Chile, implica una clara señal de la dirección que EE.UU. espera adoptar en su relación con nuestro país.
Habrá temas que ascenderán en importancia en la relación bilateral -por ejemplo la violencia transnacional, el crimen organizado, la seguridad, etc.-, y otros, como la agenda turquesa o de género, que perderán relevancia, dando pie a un giro profundo a las prioridades de EE.UU. hacia nuestro país.
Todo indica que la agenda bilateral podría volcarse a una relación con menos glamour, pero más dedicada a los llamados temas “duros”.
Por otro lado, la nominación de Judd importa un guiño a las agendas de seguridad de países vecinos, los que, atravesando por el mismo flagelo de la violencia que Chile, esperan más cooperación del nuestro en el combate de los ecosistemas de violencia transfronterizos.
Sea como sea, nuestra política exterior debe estar atenta a este giro, ya que la región parece avanzar hacia una nueva centralidad en la política exterior de EE.UU., especialmente con la designación de Marco Rubio, y recientemente de Christopher Landau -cuya juventud transcurrió en Chile-, como cabezas de la política exterior de la administración entrante.
La violencia en la nueva agenda internacional de Chile
Uno de los principales instrumentos internacionales para combatir el crimen organizado es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), la que insta a los Estados a colaborar mediante la armonización legislativa, el intercambio de información y la implementación de medidas coordinadas para prevenir, investigar y sancionar el crimen organizado.
Sin embargo, esto no basta, ya que las redes criminales transnacionales evolucionaron, diversificaron sus actividades y adoptaron tecnologías avanzadas, abarcando desde el narcotráfico y la trata de personas hasta el lavado de dinero y el ciberdelito.
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los ingresos generados por estas actividades representan un porcentaje considerable del PIB mundial, recursos que son utilizados para corromper funcionarios, financiar conflictos y perpetuar su influencia.
El narcotráfico sigue siendo la actividad predominante en América Latina, afectando tanto a países productores como consumidores. Sin embargo, nuevas modalidades, como el tráfico de migrantes y los delitos ambientales, están cobrando relevancia.
En el caso de Chile, el aumento del narcotráfico, la trata de personas y delitos como el sicariato, han intensificado la percepción de inseguridad entre la población, generado una profunda preocupación de nuestra sociedad y una negativa percepción sobre la seguridad y el trabajo de las instituciones. Un fenómeno que también impacta sobre el desempeño de los políticos desde las bases: concejales, alcaldes, gobernadores, etc.
El crimen organizado transnacional explota las debilidades institucionales, corrompe a funcionarios públicos, coopta sistemas judiciales y genera desconfianza ciudadana. En contextos donde la impunidad es alta, estas redes encuentran un terreno fértil para expandir sus actividades.
Estrategias clave para enfrentar el flagelo del crimen transnacional
El control del crimen organizado transnacional no puede abordarse de manera aislada. La naturaleza global de estas redes exige una respuesta integral que combine acciones nacionales con cooperación internacional. En este contexto, Chile podría adoptar un enfoque basado en los siguientes principios:
• Políticas de Estado a largo plazo: Los esfuerzos para combatir el crimen organizado deben trascender los ciclos políticos, enfocándose en estrategias sostenibles que integren la prevención, la represión y la rehabilitación.
• Inversión en Prevención: Abordar las causas estructurales del crimen, como la pobreza y la exclusión social, mediante programas de desarrollo comunitario y oportunidades económicas.
• Fortalecimiento Institucional: Dotar a las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado de los recursos, capacidades y marcos legales necesarios para responder eficazmente a esta amenaza.
• Cooperación Internacional: Establecer alianzas estratégicas con otros Estados y organismos multilaterales para coordinar esfuerzos y maximizar recursos.
Nuestro país encara desafíos de proporciones en materia de combate a la violencia y crimen organizado. Como resultado de nuevas agendas y prioridades internacionales de nuestros socios estratégicos, será necesario encarar como desafío futuro la tarea de disponer parte de nuestros recursos diplomáticos en la gestión de un flagelo que compromete un sentir profundo de la sociedad chilena.
