Durante los últimos días se volvió a encender la polémica en materia de salud al comenzar las devoluciones de los cobros indebidos por parte de las Isapres a sus usuarios. Los montos irrisorios y el plazo de trece años que las aseguradoras tienen para realizar las devoluciones han generado una comprensible indignación y una serie de declaraciones cruzadas entre el Gobierno, el Congreso y los distintos sectores políticos, que se culpan mutuamente por la situación.
Lo cierto es que la Ley Corta de isapres fue aprobada transversalmente e impulsada en conjunto por el Gobierno y los parlamentarios que hoy reniegan de ella. Todo bajo la amenaza permanente por parte de las mismas isapres, de un colapso en el sistema de salud en caso de no tener estas condiciones favorables para cumplir con las devoluciones ordenadas por la Justicia.
Finalmente, el resultado de todo esto no solo se expresa en la polémica del momento, sino que también en el hecho de que el debate sobre salud se ha visto dominado por la situación de las isapres, en vez de abordar la necesaria reforma profunda del sistema y la solución a las listas de espera a través del fortalecimiento de la red pública.
En definitiva, ha sido todo el espectro político el que ha fallado constantemente al momento de abordar la situación de la salud en Chile.
La crisis de la salud pública en Chile como arma política
Las cifras de listas de espera, los problemas de recursos e infraestructura, y las condiciones del personal de salud pareciera que aparecen en la discusión solo cuando pueden ser usadas como arma política, pero rápidamente son olvidadas cuando hay que encontrar soluciones reales.
La grave crisis de financiamiento de los hospitales públicos que explotó hace unas semanas ha sido parchada con una inyección de recursos que permitirá salvar el año, pero no evitará que el problema vuelva a surgir en 2025.
Asimismo, la falta de personal y las malas condiciones laborales, que están provocando altos niveles de desgaste y, por ende, de ausentismo, no se han enfrentado aumentando los equipos u otorgando mejores condiciones, sino que a través de amenazas y sanciones.
Urge un compromiso político
El afán de las autoridades por ahorrar a toda costa ha llevado a negar la entrega del Bono de Trato al Usuario a más de 6 mil trabajadores/as de la salud que cumplieron funciones cruciales durante la pandemia y que luego, a pesar de la negativa inicial del gobierno, fueron pasados a la dotación permanente.
También se ha reducido el número de trabajadores a honorarios a traspasar a la contrata para el 2025, lo que perpetúa situaciones de precariedad laboral masiva.
Por último, el dictamen de la Contraloría General de la República sobre confianza legítima, ha dejado en la incertidumbre a una buena parte del personal de salud que trabaja a contrata en los servicios públicos. No está de más recordar que todos estos problemas laborales inciden directamente en la calidad de atención y e incapacidad de un sistema que ya está colapsado.
Por lo anterior, urge un compromiso político real por parte del Gobierno, pero también del Congreso y los partidos, para dar curso a cambios mayores en salud. Fortalecer la red pública con más recursos, infraestructura y personal en buenas condiciones es imperativo para avanzar en un mayor bienestar para las y los chilenos.
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